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Familia de Karime Macías cuenta con emporio empresarial

Familiares de Karime Macías Tubilla, esposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, han construido un emporio de cuando menos 80 empresas legalmente constituidas que operan en los estados de Veracruz, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Al menos 40% de estas empresas fueron constituidas consecutivamente a partir de 2004, año en que la carrera política de Duarte despuntó, pues primero se desempeñó como subsecretario y secretario de Finanzas del gobierno de Veracruz, en la administración de Fidel Herrera, después como diputado federal y luego como gobernador.
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Del total de empresas, los parientes directos de Karime Macías como abuelos, padres, hermana y cuñado —algunos señalados de participar en una red de empresas fantasma para desviar recursos durante su administración como gobernador y mientras ella fuera presidenta del DIF estatal— cuentan con 27 negocios dedicados a diversos giros.

Según las actas constitutivas, las empresas de los abuelos y padres de Karime Macías se iniciaron en el mundo de los negocios con la distribución de material fotográfico, después incursionaron en la urbanización de terrenos y, de forma exponencial, mientras Duarte iba en ascenso en su carrera política, abrieron sociedades mercantiles en todo tipo de ramos comerciales.

En los últimos 17 años, la familia expandió su actividad empresarial a rubros que van desde el inmobiliario, agrícola, organización de eventos, publicitario, contratación de modelos, exportación e importación de todo tipo de productos, perforación de pozos petroleros hasta el control y saneamiento de desastres ecológicos.

Cabe señalar que entre los registros sólo aparece una sociedad mercantil a nombre de Karime Macías Tubilla. Se trata de Cooperativa Magisterial del Sureste, inscrita en 1997 en Coatzacoalcos, que de inicio tenía el propósito de prestar servicios y asesoría académica a instituciones educativas públicas y privadas, mismo que en 2015 —siendo gobernador Duarte— fue ampliado para dar asesoría patrimonial integral en materia mercantil, fiscal, laboral, bancaria, contable y en sistemas computacionales, además de participar como comisionista.

IRÁ AL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS

La esposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, quien es reclamada por la justicia veracruzana para que rinda cuentas por su presunta participación en una extensa red de desfalco al erario, aparecerá el próximo martes por primera vez en el banquillo de los acusados.

“Está previsto que comparezca ante el tribunal el 5 de noviembre”, informó una fuente de la Policía Metropolitana de Londres.

La autoridad británica precisó que su aparición en los juzgados será en cumplimiento a la activación de la orden de extradición emitida por México por el delito de fraude al estado de Veracruz.

La fiscalía veracruzana responsabiliza a la exprimera dama de ese estado del desvío a través de empresas fantasma de 112 millones de pesos, entre 2011 y 2012, desde el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Estatal (DIF).

Fuente: Vanguardia

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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