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México

Familia de Vázquez Mota acusada de lavado millonario

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El padre y seis hermanos de Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) porque recibieron 17 millones de pesos de empresas que en 2013 fueron denunciadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el trasiego de más de 400 millones de pesos de presunto origen ilícito.
El 14 de diciembre de 2015, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP presentó una denuncia ante la Unidad Especializada de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR en contra de María José Tábata Roldán Urdapilleta y de las empresas Smart Bussines Consulting Sima SA de CV, Bolshoye, y de quien resulte responsable.
Al respecto, la PGR informó que, por ser una averiguación en curso, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada tiene la información reservada por ley.
Según la denuncia, —cuya copia está en poder de El Universal— estas dos empresas son dirigidas por Roldán Urdapilleta y por Isabel Teresa Arroyo Hernández, pero por los indicios detectados por la UIF son testaferros para empresas fantasma que esconden a los verdaderos dueños de los más de 400 millones de pesos que fluyeron en sus arcas.
Las dos compañías son consideradas de reciente creación, —en los años 2012 y 2013— y con un manejo de recursos que no corresponde con la realidad, a juicio de la UIF, porque no probaron contar con personal. En un año, una de ellas, incluso, pagó salarios correspondientes a prácticamente la totalidad de los ingresos obtenidos, lo que la UIF calificó como incongruente.
Del cúmulo de transferencias de las dos empresas destacan siete personajes: Luis Antonio Vázquez Mota, director de Comex, donde la ex candidata presidencial, y ahora aspirante al gobierno del Estado de México, es accionista. También figuran María del Carmen Vázquez Mota, Gerardo Arnulfo Vázquez Mota, Guadalupe Vázquez Mota, Margarita Silvia Vázquez Mota y María Angélica Vázquez Mota, hermanos de la candidata al gobierno mexiquense, así como su padre, Arnulfo Vázquez Cano.
En suma, todos ellos recibieron en 2013 la cantidad de 17 millones 27 mil pesos, la mayoría procedentes de Smart y sólo uno por 1.8 millones de pesos de Bolshoye a María del Carmen.
Aunque detalla los montos individuales que presuntamente recibieron los familiares de Vázquez Mota, en el caso de Luis Antonio, la UIF remarca: “Es importante mencionar que se tiene conocimiento que Luis Antonio Vázquez Mota presentó un cambio en su comportamiento de actividad promedio previa, además de que las operaciones que realiza se llevan a cabo con recursos de origen desconocido”.
El documento cita todos los casos de las transferencias y lo extraño de que quienes recibían los recursos de Smart Bussines Consulting Sima SA de CV, ya que no tenían vinculación. Por ejemplo, menciona a Mauricio “N”, directivo de una compañía denominada Unimedios “pero no presentan actividades económicas similares”.
En otro caso, ejemplifica cómo una persona quien es dueña de una tintorería recibió un depósito por 9 millones de pesos, por lo que “no presentan una actividad acorde”.
En la denuncia, la UIF advirtió a la PGR que como medida precautoria para Roldán Urdapilleta y las dos empresas, éstas fueran incorporadas a la lista de personas bloqueadas y los recursos contenidos en las cuentas bancarias fueran inmovilizados.

ElDebate

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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