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Familia de Vázquez Mota acusada de lavado millonario

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El padre y seis hermanos de Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) porque recibieron 17 millones de pesos de empresas que en 2013 fueron denunciadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el trasiego de más de 400 millones de pesos de presunto origen ilícito.
El 14 de diciembre de 2015, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP presentó una denuncia ante la Unidad Especializada de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR en contra de María José Tábata Roldán Urdapilleta y de las empresas Smart Bussines Consulting Sima SA de CV, Bolshoye, y de quien resulte responsable.
Al respecto, la PGR informó que, por ser una averiguación en curso, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada tiene la información reservada por ley.
Según la denuncia, —cuya copia está en poder de El Universal— estas dos empresas son dirigidas por Roldán Urdapilleta y por Isabel Teresa Arroyo Hernández, pero por los indicios detectados por la UIF son testaferros para empresas fantasma que esconden a los verdaderos dueños de los más de 400 millones de pesos que fluyeron en sus arcas.
Las dos compañías son consideradas de reciente creación, —en los años 2012 y 2013— y con un manejo de recursos que no corresponde con la realidad, a juicio de la UIF, porque no probaron contar con personal. En un año, una de ellas, incluso, pagó salarios correspondientes a prácticamente la totalidad de los ingresos obtenidos, lo que la UIF calificó como incongruente.
Del cúmulo de transferencias de las dos empresas destacan siete personajes: Luis Antonio Vázquez Mota, director de Comex, donde la ex candidata presidencial, y ahora aspirante al gobierno del Estado de México, es accionista. También figuran María del Carmen Vázquez Mota, Gerardo Arnulfo Vázquez Mota, Guadalupe Vázquez Mota, Margarita Silvia Vázquez Mota y María Angélica Vázquez Mota, hermanos de la candidata al gobierno mexiquense, así como su padre, Arnulfo Vázquez Cano.
En suma, todos ellos recibieron en 2013 la cantidad de 17 millones 27 mil pesos, la mayoría procedentes de Smart y sólo uno por 1.8 millones de pesos de Bolshoye a María del Carmen.
Aunque detalla los montos individuales que presuntamente recibieron los familiares de Vázquez Mota, en el caso de Luis Antonio, la UIF remarca: “Es importante mencionar que se tiene conocimiento que Luis Antonio Vázquez Mota presentó un cambio en su comportamiento de actividad promedio previa, además de que las operaciones que realiza se llevan a cabo con recursos de origen desconocido”.
El documento cita todos los casos de las transferencias y lo extraño de que quienes recibían los recursos de Smart Bussines Consulting Sima SA de CV, ya que no tenían vinculación. Por ejemplo, menciona a Mauricio “N”, directivo de una compañía denominada Unimedios “pero no presentan actividades económicas similares”.
En otro caso, ejemplifica cómo una persona quien es dueña de una tintorería recibió un depósito por 9 millones de pesos, por lo que “no presentan una actividad acorde”.
En la denuncia, la UIF advirtió a la PGR que como medida precautoria para Roldán Urdapilleta y las dos empresas, éstas fueran incorporadas a la lista de personas bloqueadas y los recursos contenidos en las cuentas bancarias fueran inmovilizados.

ElDebate

México

Hacienda asegura que ajuste al IEPS no elevará el precio de las gasolinas

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de Energía, aseguró que la actualización al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios no provocará incrementos en el precio final de los combustibles a partir del 1 de enero. Las dependencias federales señalaron que el ajuste anual por inflación, previsto en la ley, será absorbido sin afectar a los consumidores, por lo que se mantendrá la estabilidad en las estaciones de servicio del país.

De acuerdo con la información oficial, esta decisión se sustenta en la estrategia nacional para estabilizar el precio de la gasolina, vigente desde marzo de este año. El esquema contempla un acuerdo voluntario con empresarios del sector para establecer un tope máximo de 24 pesos por litro en la gasolina regular, conocida como magna o de menor a 91 octanos. El objetivo es evitar que las variaciones en los mercados internacionales de hidrocarburos impacten en la economía de las familias.

Las autoridades indicaron que el compromiso se mantendrá pese a la actualización del IEPS, por lo que el precio en bomba no deberá registrar cambios significativos al inicio de 2026. La administración federal subrayó que este mecanismo forma parte de una política para preservar la estabilidad económica y contener presiones inflacionarias en los energéticos.

En las cuotas publicadas en el Diario Oficial de la Federación se establece que el impuesto para la gasolina magna será de 6.70 pesos por litro, mientras que para la gasolina premium se fijó en 5.65 pesos y para el diésel en 7.36 pesos por litro. Hacienda precisó que estos montos responden únicamente a un ajuste técnico por inflación y no modifican los términos del acuerdo con los distribuidores de combustibles.

El gobierno federal informó que dará seguimiento puntual a los precios finales para verificar que se respete el tope acordado en las estaciones de servicio. Con ello, se busca despejar dudas sobre posibles aumentos al cierre de año y garantizar que el ajuste fiscal no se traduzca en un alza para los consumidores. Asimismo, se reiteró que cualquier cobro que supere los límites establecidos puede ser reportado ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

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