Conecta con nosotros

México

Familia de Vázquez Mota acusada de lavado millonario

El padre y seis hermanos de Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) porque recibieron 17 millones de pesos de empresas que en 2013 fueron denunciadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el trasiego de más de 400 millones de pesos de presunto origen ilícito.
El 14 de diciembre de 2015, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP presentó una denuncia ante la Unidad Especializada de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR en contra de María José Tábata Roldán Urdapilleta y de las empresas Smart Bussines Consulting Sima SA de CV, Bolshoye, y de quien resulte responsable.
Al respecto, la PGR informó que, por ser una averiguación en curso, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada tiene la información reservada por ley.
Según la denuncia, —cuya copia está en poder de El Universal— estas dos empresas son dirigidas por Roldán Urdapilleta y por Isabel Teresa Arroyo Hernández, pero por los indicios detectados por la UIF son testaferros para empresas fantasma que esconden a los verdaderos dueños de los más de 400 millones de pesos que fluyeron en sus arcas.
Las dos compañías son consideradas de reciente creación, —en los años 2012 y 2013— y con un manejo de recursos que no corresponde con la realidad, a juicio de la UIF, porque no probaron contar con personal. En un año, una de ellas, incluso, pagó salarios correspondientes a prácticamente la totalidad de los ingresos obtenidos, lo que la UIF calificó como incongruente.
Del cúmulo de transferencias de las dos empresas destacan siete personajes: Luis Antonio Vázquez Mota, director de Comex, donde la ex candidata presidencial, y ahora aspirante al gobierno del Estado de México, es accionista. También figuran María del Carmen Vázquez Mota, Gerardo Arnulfo Vázquez Mota, Guadalupe Vázquez Mota, Margarita Silvia Vázquez Mota y María Angélica Vázquez Mota, hermanos de la candidata al gobierno mexiquense, así como su padre, Arnulfo Vázquez Cano.
En suma, todos ellos recibieron en 2013 la cantidad de 17 millones 27 mil pesos, la mayoría procedentes de Smart y sólo uno por 1.8 millones de pesos de Bolshoye a María del Carmen.
Aunque detalla los montos individuales que presuntamente recibieron los familiares de Vázquez Mota, en el caso de Luis Antonio, la UIF remarca: “Es importante mencionar que se tiene conocimiento que Luis Antonio Vázquez Mota presentó un cambio en su comportamiento de actividad promedio previa, además de que las operaciones que realiza se llevan a cabo con recursos de origen desconocido”.
El documento cita todos los casos de las transferencias y lo extraño de que quienes recibían los recursos de Smart Bussines Consulting Sima SA de CV, ya que no tenían vinculación. Por ejemplo, menciona a Mauricio “N”, directivo de una compañía denominada Unimedios “pero no presentan actividades económicas similares”.
En otro caso, ejemplifica cómo una persona quien es dueña de una tintorería recibió un depósito por 9 millones de pesos, por lo que “no presentan una actividad acorde”.
En la denuncia, la UIF advirtió a la PGR que como medida precautoria para Roldán Urdapilleta y las dos empresas, éstas fueran incorporadas a la lista de personas bloqueadas y los recursos contenidos en las cuentas bancarias fueran inmovilizados.

ElDebate

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto