Conecta con nosotros

México

Familiares exigen justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Familias y activistas peregrinaron hacia la Basílica de Guadalupe como parte de «La 111 acción global por Ayotzinapa».

Ciudad de México.- Familias mexicanas de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y activistas peregrinaron este martes a la Basílica de la Virgen de Guadalupe para pedir justicia y denunciar la impunidad del caso pese a las promesas del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Los miles de manifestantes marcharon durante “La 111 acción global por Ayotzinapa” por algunas de las principales calles de Ciudad de México, donde portaban una gran manta roja con la palabra «Impunidad» mientras gritaban «vivos se los llevaron, vivos los queremos».

«A la fecha, se tiene la esperanza de que vuelvan, de que regresen los 43 compañeros con su familia», dijo uno de los portavoces de la marcha a través de un altavoz mientras los participantes portaban fotografías de los desaparecidos.

La marcha ocurre tras cumplirse, el 26 de septiembre pasado, 9 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en el Estado de Guerrero en 2014, un caso que sigue sin resolverse.

El aniversario se dio en medio de tensión con el gobierno, pues las familias piden que el Ejército entregue información que todavía no ha remitido a la Fiscalía General de la República (FGR), pero el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido a las Fuerzas Armadas, lo que ha creado roces con los activistas.

Familiares y amigos de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa realizaron una peregrinación a la Basílica de Guadalupe. Créditos: Isaac Esquivel / EFE

Al llegar a la Basílica, el obispo Raúl Vera, conocido por ser defensor de los derechos humanos, ofició una misa en la que les pidió «ser valientes» y «no cansarse de luchar».

“Son personas que están buscando un México distinto, de paz, no de desigualdad”, manifestó.

La resolución del caso de Ayotzinapa es uno de los grandes pendientes del presidente López Obrador, quien ha reconocido que es una de sus promesas incumplidas pese a defender los avances en la investigación.

La Comisión de la Verdad del Gobierno reconoció el año pasado que el hecho fue un «crimen de Estado» en el que participaron autoridades de todos los niveles de Gobierno, incluyendo al Ejército, en complicidad con el crimen organizado.

La polémica creció este año tras la salida del país del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por denunciar obstrucciones de las Fuerzas Armadas en la investigación por el rol que tuvieron los militares. EFE

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto