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Fátima Monterrosa y el costo de la defensa contra un ataque mediático Por Aquiles Córdova Morán

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Hace algunas semanas, en el programa televisivo “Punto de partida” de la conocida conductora Denisse Maerker, la reportera Fátima Monterrosa publicó un reportaje contra las más de mil 200 familias carentes de vivienda que pretenden ser despojadas por el perredismo texcocano, encabezado por Horacio Duarte Olivares, conocido vividor de la política “de izquierda”, del predio “El Pimiango” de su legítima propiedad. Lleno de groseras distorsiones de los hechos, de falsa información sobre la situación legal del predio, de abierta manipulación de imágenes y documentos que no eran lo que la reportera aseguró, yo y varios afectados más, en ejercicio de nuestro derecho a la legítima defensa, hicimos aclaraciones puntuales al ataque mediático sin esperar, naturalmente, ninguna rectificación de parte de la autora, pues sabemos bien que tal gesto de honradez intelectual es punto menos que pedir peras al olmo en el periodismo mexicano. Pero la respuesta fue más allá del tozudo silencio que esperábamos: Fátima Monterrosa, fingiendo que se hacía eco de un reclamo de los antorchistas de Chimalhuacán, volvió a la cargada con un segundo reportaje, esta vez “enriquecido” con las tronantes declaraciones de una “víctima del antorchismo” y de un “estudiante” sin rostro, quienes salieron a despotricar a su sabor lo que les vino al caletre, más los gritos solitarios de un fanático perredista que exigía: ¡Fuera Antorcha de Texcoco! Es decir, íbamos por lana y salimos trasquilados.

Ingenuamente creímos que allí quedaba la cosa. Pero no. Resulta que en el número 4 de una revista de reciente aparición, llamada Nueva Era, y en su página web, la misma periodista publica un nuevo y más extenso ataque en contra del Movimiento Antorchista Nacional y de algunos de sus dirigentes. El eje del ataque, esta vez, es la acusación directa de enriquecimiento escandaloso (a costillas de sus agremiados) de Aquiles Córdova Morán. El artículo comienza con eso, es decir, principia por el final, por lo que debería ser la conclusión de los datos que exhibe; y después de este sabio recurso de colocar la carreta delante de los bueyes, lanza sin transición otra acusación: que aunque se diga otra cosa, Antorcha es monopolio de Aquiles y sus hermanos, sobrinos, cuñados, compadres y amigos más cercanos. Y para probar tal aserto, la reportera procede a enlistar, sin ton ni son, todos los nombres que pudo pescar en la web de Antorcha, sin detenerse a precisar ni el cargo ni la relación de parentesco de los mencionados. En síntesis, un auténtico batiburrillo de nombres tomados al azar, sólo para aparentar información seria y detallada. Viene luego lo que sería la nuez del asunto, el inventario “completo y documentado” de los numerosos y variados negocios de la mafia antorchista. Se entra al tema hablando de más de 30 gasolineras, además de hoteles, restaurantes, etcétera, pero todo termina en agua de borrajas, pues de todas esas “inmensas riquezas”, no suman más de tres las estaciones de servicio realmente documentadas y nada más. Para llenar el hueco (y sus ansias de sensacionalismo), Fátima da otro salto en el vacío, ahora con la sobada cantaleta de terrenos “regalados” a los “antorchos” como premio a sus servicios políticos, aunque ahora, a la acusación sobre “El Pimiango” obsequiado por “Peña Nieto”, se agrega una imputación similar al gobernador de Veracruz.

Todo esto de los terrenos es basura, obvia distorsión de la verdad que consiste en que los predios que se mencionan, y muchos más que la reportera calla o desconoce, ni son “regalo” de nadie ni son para beneficio de los “líderes” sino soluciones, apegadas a derecho, del grave problema de la vivienda popular, de la que carecen millones de familias mexicanas pobres. Denunciar esto como un ilícito y como una prueba de corrupción de dirigentes y gobernantes, sólo puede ocurrírsele a un enfermo mental, desquiciado por la vanidad y el odio “aristocrático” contra los necesitados. Pero también en el asunto de las gasolineras “documentadas” hay calumnias e inventos descarados; por ejemplo, lo de San Sebastián Teitipac, Oaxaca, donde el antorchismo no posee ninguna estación de servicio ni ha recibido jamás ningún dinero; y tampoco es cierto que se obligue a nadie a surtirse de combustible en las gasolineras antorchistas. Fátima debe demostrar fehacientemente su dicho y yo pongo por testigo y juez a la opinión pública.

Pero, con todo, es cierto que Antorcha cuenta con varias pequeñas empresas. Sólo que nosotros nunca hemos hecho un secreto de eso por la sencilla razón de que no hay motivo para ello. Por el contrario, fuimos nosotros, los líderes antorchistas, los primeros en darlas a conocer por dos razones elementales. Primera, porque no se trata de negocios clandestinos, sino de pequeñas empresas totalmente legales y legítimas, que cumplen con todas sus obligaciones jurídicas, incluidas en primer término las fiscales; segunda, porque, tal como ocurre ahora, nos hemos visto precisados a explicar cómo y de dónde se financia la actividad política de Antorcha, ante los reiterados intentos de sembrar dudas sobre la limpieza de sus recursos. Sostengo que somos la única organización que ha sabido construirse, con el sacrificio y la colecta de su gente (como lo prueba sin proponérselo lo dicho por Eloína González) un patrimonio propio que hace de Antorcha la única organización realmente independiente y con capacidad de lucha real en defensa de sus agremiados y de todo el pueblo pobre de México. La existencia misma de los negocios es prueba irrefutable de la honradez absoluta con que se aplica la colecta de la gente y de la administración honesta de las inversiones. Así que la “denuncia” de Fátima sólo tiene de nuevo la maldad de sus insinuaciones y la acusación torpe y gratuita del enriquecimiento ilícito de los dirigentes.

Ella cree que basta con documentar la existencia de los negocios para que quede demostrada, automáticamente, su explotación fraudulenta. Pero se equivoca. Hace falta, además, documentar el manejo y el destino de la utilidades, la concentración del beneficio, la ausencia total de control y de rendición de cuentas de los administradores, cosas todas que a ella le pasan a varios años luz de la cabeza. Da grima ver la estrechez mental y la falta de honradez profesional de ciertos informadores. A Fátima le urge un cursillo de estadística y teoría de la inducción, para que sepa que lo que se afirma del “todo” partiendo del estudio de “una de sus partes”, nunca arroja una certeza absoluta, sino sólo cierto grado de probabilidad; y que aún para eso, hace falta cumplir ciertos requisitos científicos como el tamaño de la muestra y el carácter aleatorio de la misma. Su ataque condena sin apelación a 200 mil antorchistas (la cifra es de Fátima) con base en una muestra de tres elementos que, además, fueron tendenciosamente elegidos entre los enemigos de Antorcha. Su inferencia, por tanto, no vale absolutamente nada; es falsa y calumniosa por los cuatro costados. Y ahora resulta que uno de sus testigos es José Luis Echeverría Preisser, hijo de Margarita Preisser, alias La Hiena, brazo derecho de Guadalupe Buendía, La Loba, que purga condena de cárcel por multihomicidio. “Dime con quién andas y te diré quién eres”.

Quiero terminar refiriéndome al encabezado de este artículo. El ataque de Fátima Monterrosa prueba elocuentemente algo que he venido denunciando insistentemente: la indefensión del ciudadano común frente al poder de los medios y de los periodistas sin escrúpulos que en ellos laboran. Según la legislación vigente, la labor del periodista es prioritaria para el interés colectivo. Por eso es necesario sobreprotegerlo declarándolo implícitamente un ser de otro mundo, exento de los errores, vicios e intereses personales que aquejan al resto de los mortales. Debe quedar exento, por tanto, de cualquier responsabilidad y del sometimiento a las leyes que aplican para los demás, haga lo que haga y diga lo que diga. Fátima demuestra cómo el derecho de réplica del ciudadano común es papel remojado para la mayoría de los medios; y ¡guay de aquel que intente ejercerlo en serio! Además de ser señalado, y sancionado en su caso, como enemigo de la libertad de prensa y de opinión, recibirá como premio adicional un nuevo baño de materia excrementicia, como el que nos propina ella en castigo a la insolencia de querer desmentirla. ¡Un periodista nunca miente y nunca se equivoca. Faltaba más!

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Reforma caída, poder en disputa. Por Caleb Ordóñez T.

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La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum pretendía convertirse en una de las grandes piezas políticas de su primer tramo de gobierno. No era una iniciativa menor: implicaba tocar las reglas del sistema político mexicano, rediseñar parte de la representación legislativa y volver a colocar sobre la mesa una vieja bandera del obradorismo: abaratar la democracia mexicana. Sin embargo, lo que se anticipaba como una muestra de fuerza legislativa terminó convirtiéndose en el primer gran aviso de que el poder dentro de la coalición oficialista ya no funciona con obediencia automática.

La propuesta partía de una idea políticamente rentable: reducir costos y simplificar estructuras. Entre los puntos centrales estaba disminuir el número de senadores, modificar el esquema de representación proporcional y recortar gastos electorales que, desde la narrativa presidencial, siguen siendo excesivos para un país con enormes desigualdades sociales. También se buscaba actualizar reglas frente al uso de inteligencia artificial, bots y propaganda digital en campañas, bajo el argumento de que la política mexicana ya no puede seguir regulándose con instrumentos pensados para otra época.

Pero detrás del discurso de austeridad había un elemento mucho más sensible: la redistribución real del poder entre partidos.

Ahí apareció el primer muro inesperado. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados históricos de Morena, decidieron no acompañar la iniciativa. No fue una ruptura ideológica, sino una reacción de supervivencia política. Ambos entendieron que una reducción o modificación profunda en el sistema de representación proporcional podía afectar directamente su capacidad de conservar espacios legislativos propios. En otras palabras: Morena proponía una reforma pensada desde la lógica de partido dominante, mientras sus aliados la leyeron desde la lógica de partidos que necesitan reglas protectoras para seguir siendo relevantes.

La votación dejó una fotografía políticamente incómoda: Morena no logró reunir la fuerza suficiente para sacar adelante una reforma constitucional aun teniendo la Presidencia, mayoría simple y control narrativo del debate público.

Y esa derrota tiene consecuencias internas.

Porque más allá del revés legislativo, el episodio deja a la presidenta frente a una realidad que en política pesa mucho: el capital político no es permanente, se administra y también se erosiona. Dentro de Morena, la señal fue clara: si los aliados ya marcan distancia, también empiezan a moverse los grupos internos que observan hasta dónde llega realmente la capacidad presidencial de ordenar decisiones.

Eso obliga ahora a Claudia Sheinbaum a recuperar control interno. Y una de las rutas más previsibles es endurecer su influencia en la construcción de candidaturas. Lo que viene hacia 2027 puede ser un proceso mucho más cerrado, donde perfiles cercanos a Palacio Nacional busquen ocupar candidaturas a gubernaturas y diputaciones federales como mecanismo de blindaje político. Es decir: si el Congreso mostró límites, entonces la siguiente apuesta será construir una mayoría futura más disciplinada desde el origen.

En política mexicana eso suele traducirse en una lógica sencilla: menos concesiones territoriales y más control sobre quién llega.

Por eso no es casual que desde el entorno presidencial ya se hable del llamado “Plan B”.

La presidenta ha dejado claro que el fracaso de una reforma constitucional no significa renunciar al proyecto. El plan alterno consiste en avanzar por rutas secundarias: reformas legales ordinarias, ajustes administrativos y decisiones presupuestales que no necesiten mayoría calificada. Reducir financiamiento público a partidos, endurecer reglas de operación institucional y modificar mecanismos internos del sistema electoral pueden ejecutarse parcialmente sin tocar la Constitución.

Es una estrategia conocida: fragmentar una gran reforma en pequeñas decisiones acumulativas.

El cálculo político es evidente. Si no se puede ganar todo de una vez, se gana por partes.

Sin embargo, el costo político permanece. Porque esta votación también reveló algo más profundo: la coalición gobernante ya entró en una etapa donde cada aliado comienza a defender su propio futuro electoral.

Y cuando eso ocurre, cada iniciativa deja de ser solamente técnica para convertirse en una negociación de poder.

La reforma electoral no murió; simplemente abrió una nueva batalla.

Una donde ya no basta tener mayoría moral, narrativa presidencial o popularidad pública. Ahora también habrá que reconstruir disciplina política.

Y esa es quizá la prueba más delicada que enfrenta hoy la presidenta: demostrar que todavía puede ordenar a su propia mayoría sin fracturar el proyecto que la llevó al poder.

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