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Opinión

Fátima Monterrosa y el costo de la defensa contra un ataque mediático Por Aquiles Córdova Morán

Hace algunas semanas, en el programa televisivo “Punto de partida” de la conocida conductora Denisse Maerker, la reportera Fátima Monterrosa publicó un reportaje contra las más de mil 200 familias carentes de vivienda que pretenden ser despojadas por el perredismo texcocano, encabezado por Horacio Duarte Olivares, conocido vividor de la política “de izquierda”, del predio “El Pimiango” de su legítima propiedad. Lleno de groseras distorsiones de los hechos, de falsa información sobre la situación legal del predio, de abierta manipulación de imágenes y documentos que no eran lo que la reportera aseguró, yo y varios afectados más, en ejercicio de nuestro derecho a la legítima defensa, hicimos aclaraciones puntuales al ataque mediático sin esperar, naturalmente, ninguna rectificación de parte de la autora, pues sabemos bien que tal gesto de honradez intelectual es punto menos que pedir peras al olmo en el periodismo mexicano. Pero la respuesta fue más allá del tozudo silencio que esperábamos: Fátima Monterrosa, fingiendo que se hacía eco de un reclamo de los antorchistas de Chimalhuacán, volvió a la cargada con un segundo reportaje, esta vez “enriquecido” con las tronantes declaraciones de una “víctima del antorchismo” y de un “estudiante” sin rostro, quienes salieron a despotricar a su sabor lo que les vino al caletre, más los gritos solitarios de un fanático perredista que exigía: ¡Fuera Antorcha de Texcoco! Es decir, íbamos por lana y salimos trasquilados.

Ingenuamente creímos que allí quedaba la cosa. Pero no. Resulta que en el número 4 de una revista de reciente aparición, llamada Nueva Era, y en su página web, la misma periodista publica un nuevo y más extenso ataque en contra del Movimiento Antorchista Nacional y de algunos de sus dirigentes. El eje del ataque, esta vez, es la acusación directa de enriquecimiento escandaloso (a costillas de sus agremiados) de Aquiles Córdova Morán. El artículo comienza con eso, es decir, principia por el final, por lo que debería ser la conclusión de los datos que exhibe; y después de este sabio recurso de colocar la carreta delante de los bueyes, lanza sin transición otra acusación: que aunque se diga otra cosa, Antorcha es monopolio de Aquiles y sus hermanos, sobrinos, cuñados, compadres y amigos más cercanos. Y para probar tal aserto, la reportera procede a enlistar, sin ton ni son, todos los nombres que pudo pescar en la web de Antorcha, sin detenerse a precisar ni el cargo ni la relación de parentesco de los mencionados. En síntesis, un auténtico batiburrillo de nombres tomados al azar, sólo para aparentar información seria y detallada. Viene luego lo que sería la nuez del asunto, el inventario “completo y documentado” de los numerosos y variados negocios de la mafia antorchista. Se entra al tema hablando de más de 30 gasolineras, además de hoteles, restaurantes, etcétera, pero todo termina en agua de borrajas, pues de todas esas “inmensas riquezas”, no suman más de tres las estaciones de servicio realmente documentadas y nada más. Para llenar el hueco (y sus ansias de sensacionalismo), Fátima da otro salto en el vacío, ahora con la sobada cantaleta de terrenos “regalados” a los “antorchos” como premio a sus servicios políticos, aunque ahora, a la acusación sobre “El Pimiango” obsequiado por “Peña Nieto”, se agrega una imputación similar al gobernador de Veracruz.

Todo esto de los terrenos es basura, obvia distorsión de la verdad que consiste en que los predios que se mencionan, y muchos más que la reportera calla o desconoce, ni son “regalo” de nadie ni son para beneficio de los “líderes” sino soluciones, apegadas a derecho, del grave problema de la vivienda popular, de la que carecen millones de familias mexicanas pobres. Denunciar esto como un ilícito y como una prueba de corrupción de dirigentes y gobernantes, sólo puede ocurrírsele a un enfermo mental, desquiciado por la vanidad y el odio “aristocrático” contra los necesitados. Pero también en el asunto de las gasolineras “documentadas” hay calumnias e inventos descarados; por ejemplo, lo de San Sebastián Teitipac, Oaxaca, donde el antorchismo no posee ninguna estación de servicio ni ha recibido jamás ningún dinero; y tampoco es cierto que se obligue a nadie a surtirse de combustible en las gasolineras antorchistas. Fátima debe demostrar fehacientemente su dicho y yo pongo por testigo y juez a la opinión pública.

Pero, con todo, es cierto que Antorcha cuenta con varias pequeñas empresas. Sólo que nosotros nunca hemos hecho un secreto de eso por la sencilla razón de que no hay motivo para ello. Por el contrario, fuimos nosotros, los líderes antorchistas, los primeros en darlas a conocer por dos razones elementales. Primera, porque no se trata de negocios clandestinos, sino de pequeñas empresas totalmente legales y legítimas, que cumplen con todas sus obligaciones jurídicas, incluidas en primer término las fiscales; segunda, porque, tal como ocurre ahora, nos hemos visto precisados a explicar cómo y de dónde se financia la actividad política de Antorcha, ante los reiterados intentos de sembrar dudas sobre la limpieza de sus recursos. Sostengo que somos la única organización que ha sabido construirse, con el sacrificio y la colecta de su gente (como lo prueba sin proponérselo lo dicho por Eloína González) un patrimonio propio que hace de Antorcha la única organización realmente independiente y con capacidad de lucha real en defensa de sus agremiados y de todo el pueblo pobre de México. La existencia misma de los negocios es prueba irrefutable de la honradez absoluta con que se aplica la colecta de la gente y de la administración honesta de las inversiones. Así que la “denuncia” de Fátima sólo tiene de nuevo la maldad de sus insinuaciones y la acusación torpe y gratuita del enriquecimiento ilícito de los dirigentes.

Ella cree que basta con documentar la existencia de los negocios para que quede demostrada, automáticamente, su explotación fraudulenta. Pero se equivoca. Hace falta, además, documentar el manejo y el destino de la utilidades, la concentración del beneficio, la ausencia total de control y de rendición de cuentas de los administradores, cosas todas que a ella le pasan a varios años luz de la cabeza. Da grima ver la estrechez mental y la falta de honradez profesional de ciertos informadores. A Fátima le urge un cursillo de estadística y teoría de la inducción, para que sepa que lo que se afirma del “todo” partiendo del estudio de “una de sus partes”, nunca arroja una certeza absoluta, sino sólo cierto grado de probabilidad; y que aún para eso, hace falta cumplir ciertos requisitos científicos como el tamaño de la muestra y el carácter aleatorio de la misma. Su ataque condena sin apelación a 200 mil antorchistas (la cifra es de Fátima) con base en una muestra de tres elementos que, además, fueron tendenciosamente elegidos entre los enemigos de Antorcha. Su inferencia, por tanto, no vale absolutamente nada; es falsa y calumniosa por los cuatro costados. Y ahora resulta que uno de sus testigos es José Luis Echeverría Preisser, hijo de Margarita Preisser, alias La Hiena, brazo derecho de Guadalupe Buendía, La Loba, que purga condena de cárcel por multihomicidio. “Dime con quién andas y te diré quién eres”.

Quiero terminar refiriéndome al encabezado de este artículo. El ataque de Fátima Monterrosa prueba elocuentemente algo que he venido denunciando insistentemente: la indefensión del ciudadano común frente al poder de los medios y de los periodistas sin escrúpulos que en ellos laboran. Según la legislación vigente, la labor del periodista es prioritaria para el interés colectivo. Por eso es necesario sobreprotegerlo declarándolo implícitamente un ser de otro mundo, exento de los errores, vicios e intereses personales que aquejan al resto de los mortales. Debe quedar exento, por tanto, de cualquier responsabilidad y del sometimiento a las leyes que aplican para los demás, haga lo que haga y diga lo que diga. Fátima demuestra cómo el derecho de réplica del ciudadano común es papel remojado para la mayoría de los medios; y ¡guay de aquel que intente ejercerlo en serio! Además de ser señalado, y sancionado en su caso, como enemigo de la libertad de prensa y de opinión, recibirá como premio adicional un nuevo baño de materia excrementicia, como el que nos propina ella en castigo a la insolencia de querer desmentirla. ¡Un periodista nunca miente y nunca se equivoca. Faltaba más!

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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