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FBI detuvo a expareja de Jeffrey Epstein, por abuso sexual y tráfico de menores

Ghislaine Maxwell, ex pareja de Jeffrey Epstein, fue detenida la mañana de este jueves en Bedford, New Hampshire, en el noreste de los Estados Unidos. La información fue confirmada por el FBI a la cadena de noticias Fox News. Hace apenas diez días, la mujer de 58 años nacida en Francia pero de nacionalidad británica, había sido localizada en París por medios ingleses. Sin embargo, las autoridades federales norteamericanas confirmaron su detención en su territorio, aunque todavía no dieron información respecto de los cargos que pesan sobre su figura.

De acuerdo con fuentes federales, Maxwell será presentada hoy ante la corte del estado para conocer los cargos que pesan sobre ella, aunque están vinculados con la actividad de explotación sexual por la que fue detenido en agosto pasado el financista.

Según documentos judiciales que todavía no son públicos y a los que accedió la cadena televisiva, los fiscales penales acusaron a Mawell de un cargo de conspiración para contratar menores para viajar y participar en actos sexuales ilegales, un cargo de encierro de un menor para participar en actos sexuales ilegales, un cargo de conspiración para transportar menores con intención de participar en actividades sexuales criminales y dos cargos de perjurio.

Maxwell -hija del malogrado ex magnate Robert Maxwell, antiguo dueño de Mirror Group Newspapers- quedó en el ojo de la tormenta por estar acusada de haber sido parte de la red de prostitución, tráfico de menores y abuso sexual por la que estaba acusada su antigua pareja, el millonario financista Epstein, quien se suicidó en su celda en una penitenciaría de la ciudad de Nueva York el 10 de agosto pasado.

De acuerdo con el relato hecho por las víctimas ante los investigadores, las situaciones de abuso se daban indistintamente en Nueva York, Palm Beach, las Islas Vírgenes o una casa campestre de Les Wexner, los lugares donde las pesadillas cobraban vida. Quien las instaba a satisfacer los deseos sexuales de Epstein era Ghislaine. Ella las elegía, las reclutaba, les indicaba qué hacer y muchas veces participaba del abuso. También era Maxwell la que las entregaba a los poderosos e influyentes por orden del financista.

Aquellas jovencitas que se quejaban o querían alejarse del mundo Epstein o, peor aún, se animaban a denunciar los abusos y violaciones, debían soportar la furia y amenazas de Ghislaine. Las perseguía, las acosaba telefónicamente, les recordaba que ella se iba a encargar de que su vida se convirtiera en un infierno. Esos dramáticos momentos fueron descritos de forma cruda por cada una de ellas en el documental -Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico-, que puso al aire Netflix en las últimas semanas.

Durante años -más precisamente desde la primera condena que catalogó a Epstein como un abusador, en 2008- Maxwell trató de esquivar las acusaciones en su contra y las preguntas incómodas de la prensa. A sus 58 años, Maxwell, cuando se buscaba conocer su opinión sobre los hechos, su versión de la historia, solo se limita a negar las acusaciones y a repetir que ella es inocente, que nunca participó de abusos ni los facilitó.

En un interrogatorio con la policía en 2016, con su ex pareja todavía vivo y en libertad, declaró que ella cumplía muchas funciones en la casa de Epstein, que había contratado muchos empleados para que desarrollaran diversas tareas en sus diferentes propiedades. Le preguntaron más específicamente si había contratado masajistas: “Esa era una parte muy escasa de mi trabajo. Contraté, ocasionalmente, masajistas profesionales para Epstein. Nunca contraté a alguien que yo supiera que era menor de edad”, respondió Ghislaine.

A lo largo de la relación que la unió con Epstein, la residencia oficial de Maxwell quedaba en Nueva York. Era una casona de cinco plantas que compró una sociedad desconocida pero que tenía su domicilio en las oficinas de su ex. La casa quedaba a diez cuadras de la mansión de Epstein. Costó 5 millones de dólares. Y nadie tuvo la menor duda de que fue el financista quien facilitó el dinero.

Después de la condena de Epstein en 2008, la socialité siguió apareciendo en eventos exclusivos. Bajó el perfil, la frecuencia de sus apariciones no era similar, pero su reclusión no fue inmediata. Lanzó una fundación para el cuidado de los océanos, fue oradora en charlas TED, asistió a entregas de premios del brazo de Elon Musk, concurrió al casamiento de Chelsea Clinton, la hija de Bill y Hillary. Recién se esfumó cuando la suerte de Epstein cambió.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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