La Nota La justicia en México, lejana e incomprensible aparece en Segundo a Segundo - Noticias de Chihuahua, México y el mundo.

Rafael Caro Quintero, nació el 3 de octubre de 1952 en La Noria Badiraguato Sinaloa.

Fundó el Cártel de Guadalajara, junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo » Don Neto». Durante los 80 fue conocido como el “Narco de Narcos”.

Fue detenido en Costa Rica el 4 de abril de 1985 a petición de las autoridades mexicanas, al ser relacionado con el asesinato del Agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar y de su piloto Alfredo Avelar.

Junto con Caro Quintero, fueron asegurados Eduardo Aldana García, José Albino Bazán, Juan Carlos Campero Villanueva, Luis Beltrán, Iván Soto Arellano, Raúl Noyola Romero, Miguel Lugo y Violeta Estrada Yaver.

Además, tras el allanamiento, la policía halló a Sara Cristina Cosío Vidaurri Martínez -hija del ex secretario de educación del estado de Jalisco y sobrina de un ex gobernador de Jalisco-, por quien la policía de Costa Rica ingresó a esa vivienda, a solicitud de las autoridades mexicanas.

Rafael Caro Quintero, nació el 3 de octubre de 1952 en La Noria Badiraguato Sinaloa.

Fundó el Cártel de Guadalajara, junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo » Don Neto». Durante los 80 fue conocido como el “Narco de Narcos”.

Fue detenido en Costa Rica el 4 de abril de 1985 a petición de las autoridades mexicanas, al ser relacionado con el asesinato del Agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar y de su piloto Alfredo Avelar.

Junto con Caro Quintero, fueron asegurados Eduardo Aldana García, José Albino Bazán, Juan Carlos Campero Villanueva, Luis Beltrán, Iván Soto Arellano, Raúl Noyola Romero, Miguel Lugo y Violeta Estrada Yaver.

Además, tras el allanamiento, la policía halló a Sara Cristina Cosío Vidaurri Martínez -hija del ex secretario de educación del estado de Jalisco y sobrina de un ex gobernador de Jalisco-, por quien la policía de Costa Rica ingresó a esa vivienda, a solicitud de las autoridades mexicanas.

Doce horas después del allanamiento, y tras ser enviadas a México las huellas dactilares de todos los detenidos, la policía judicial recibió una respuesta inesperada: «Ustedes detuvieron a Caro Quintero, lo buscamos por tráfico de drogas y la DEA lo solicita por matar a uno de sus agentes».

El capo estaba en la lista de los más buscados de la DEA. Para esa hora, por lo decomisado en la casa, todo encajaba para la policía: un arma chapada en oro con incrustaciones de diamantes, 300 mil dólares en efectivo, joyas por un valor de 1 millón de dólares y dos carros de lujo (un Mercedes Benz, placa de Misión Internacional MI 12-31, y un Toyota deportivo MR2, ambos adquiridos en circunstancias irregulares). Además, cuatro propiedades valoradas en 1.9 millones de dólares: una en San José de la Montaña, otra en Bello Horizonte de Escazú, una más en Vázquez de Coronado y la quinta de San Rafael de Ojo de Agua, donde fue detenido. Solo una de estas propiedades pudo ser aprovechada por el Estado costarricense. Una casa de Vázquez de Coronado fue traspasada por el gobierno mexicano al Comité Olímpico Nacional. Las otras dos están tomadas por precaristas. Las inversiones de Caro Quintero en el país sobrepasaron los 2.5 millones de dólares, según José Martín Trejos, ex procurador penal en ese entonces.

En la madrugada del 31 de mayo del 2010 logró a través de una resolución de un tribunal federal colegiado ser traslado del Centro Federal de Readaptación Social de Jalisco al reclusorio preventivo de Guadalajara, consideró que las autoridades federales y estatales «no pudieron» demostrar el perfil de alta peligrosidad de Caro Quintero.

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Las demandas de garantías se presentaron el martes pasado en el Palacio de Justicia Federal, en San Lázaro, y todas quedaron radicadas en el juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal.

El líder máximo de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, «El Z40», promovió cuatro amparos en los que reclamó su ilegal detención por parte de la Secretaría de Marina y exigió no permanecer incomunicado, ser torturado o sometido a cualquier tipo de maltratos.

De acuerdos a listas judiciales, las demandas de garantías se presentaron el martes pasado en el Palacio de Justicia Federal, en San Lázaro, y todas quedaron radicadas en el juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal.

Los juicios que entabló están dirigidos contra cualquier tipo de acción que pretenda emprender el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y el encargado de despacho de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Rodrigo Archundia.
De las cuatro demanda, sólo tres fueron ratificadas y una más quedó sin efecto.

Fuente: Milenio

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• Indicaron que hasta el momento han realizado más de 50 diligencias; agregaron que atrajeron el homicidio de Carlos Andrés López como parte de una denuncia.

Como parte de la indagatoria del incendio en la guardería ABC, la Procuraduría General de República (PGR) aseguró que hay una nueva línea de investigación por la cual han realizado más de 50 diligencias ministeriales.

Indicaron que estas acciones derivaron de la denuncia del grupo “Manos Unidas Por Nuestros Niños”, quienes acusaron que el hecho fue provocado.

El subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la dependencia, Renato Sales Heredia, precisó que es interés del Gobierno de la República agotar todas las líneas de investigación, por la cual se abrió una nueva averiguación el pasado 23 de abril por el incidente ocurrido el 5 de junio de 2009, que inició en una bodega y se pasó a la guardería en donde fallecieron 49 niños y más de 70 resultaron heridos.

Asimismo, detallaron que atrajeron el homicidio de Carlos Andrés López Meza chofer del ex secretario técnico de la entidad, Juan Carlos Lam Félix; quien fue ejecutado en 2009, y aseguran que participó en el incendio junto con otras personas con el objetivo de destruir documentación relacionada con la deuda generada en la administración de Eduardo Bours Castelo.

Fuente: Elgolfo.info

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• Los vecinos de Coatlinchán emplean tácticas de contraespionaje para frenar un repunte de raptos y extorsiones

El 16 de abril 1964, bajo un aguacero, se llevaron de Coatlinchán la escultura prehispánica de Tláloc, el dios de la lluvia. La gente de este pueblo de las afueras de la Ciudad de México intentó evitar lo que consideraba un expolio pero la pieza, a día de hoy, se encuentra en la entrada del Museo Nacional de Antropología, en el DF. Ese orgullo innato de sus habitantes les ha llevado esta vez a rebelarse contra los continuos secuestros y amenazas que se están produciendo en el pueblo, el último de ellos el de la hija de un ganadero hace un mes.

Basta que repiquen las campanas de la iglesia para que los vecinos de la localidad, de 13.000 habitantes, se echen a la calle. La última vez que sonaron la gente comenzó a linchar a un ladrón que salvó la vida gracias a la intervención de la policía municipal. “Rateros y extorsionadores. Si los agarramos los linchamos. Sobre aviso no hay engaño”, se lee en un muro de la plaza principal, en cuyo centro se levanta una réplica de Tláloc. El mismo mensaje bárbaro se puede aplicar a los secuestradores, que tienen amenazados a muchos de los empresarios del municipio, cuentan con informantes y casas donde esconder a las víctimas.

Al lado de un negocio de venta de lechones vive el abogado Ignacio Arias. Su hermano Rafael, empresario textil del pueblo, fue secuestrado en 2008. Apareció muerto un par de días después. Le habían aplicado lo que se conoce como la llave china, un tipo de asfixia. En busca de justicia, Arias comenzó a indagar en el expediente de un caso destinado a agarrar polvo en cualquier archivo. El 98,5% de los delitos cometidos quedan impunes, según un estudio del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. “Me dijeron párale. Ya no indagues más. Hay policías implicados. Como sigas, vas a acabar igual”.

Después recibió una llamada. Alguien con acento norteño le pidió 30.000 pesos a cambio de no raptar a algún miembro de su familia, de quienes dio todo tipo de datos y detalles. Horarios, nombres de sus hijos, matrículas de sus coches. Calcula que la extorsión duró unos 12 minutos. Después de eso un disparo desde el exterior atravesó una ventana de su casa y se alojó en el techo, un recorrido que el abogado teatraliza en la puerta. Desde entonces guarda dentro un revólver calibre 380 y un rifle del 22 con un alcance de 50 metros. ¿Piensa que detrás de todo esto puede estar gente del propio pueblo? “Definitivamente”.

Hartos de todo esto, 22 vecinos se han reunido en varias ocasiones en secreto y se han organizado para aplicar tareas de contraespionaje a sus propios secuestradores. En las fiestas apuntaron matrículas de vehículos sospechosos, siguieron el rastro de llamadas y pusieron especial atención a los forasteros. Mantienen el contacto entre sí para apuntalar detalles y protegerse de la mejor manera. Los encuentros han sido tan sigilosos que la mayoría del pueblo los desconoce. Falta por ver su utilidad. En los últimos ocho meses han sido raptados tres vecinos (los tres volvieron a casa), una cifra alta en relación a la población. El resto vive bajo la amenaza de que pueda ocurrirle lo mismo.

Coatlinchán, que pertenece a Texcoco, es una ciudad del Estado de México, donde los secuestros aumentaron durante los cinco primeros meses de 2013 cerca de un 50% (50 en 2012 frente a 73), según la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La particularidad de Coatlinchán es que es pequeño, hay cuatro o cinco apellidos para la mayoría de sus habitantes, se parecen entre sí y se distinguen de otras aldeas hasta por su tono de color de piel. “El tema de los secuestros y las amenazas por teléfono es el pan de cada día”, resume Iván Romero, de 33 años, cuyo tío, un agricultor llamado Don Julio, estuvo en manos de unos captores durante un mes. Más reciente, en octubre del año pasado, otro vecino fue plagiado –una forma mexicana de decir secuestrado- y a la vez la policía federal detuvo en el pueblo a cuatro secuestradores que trabajaban en la zona.
“Estamos registrando índices de secuestros en pequeñas localidades realmente preocupantes. Atemorizan a toda una población”, dice Isabel Miranda de Wallace, de la asociación de ayuda a víctimas Alto al Secuestro. ¿Cómo pudo convertirse un municipio tradicional como Coatlinchán, familiar, dedicado a la maquila de ropa y el engorde de ganado en un sitio donde te llaman a cualquier hora del día para decirte que se han llevado a tu hijo, sea verdad o mentira?

Eduardo Buendía, Lalo El de las Flores, lo achaca a la mancha urbana del DF. Cree que el cemento, el gentío, la pobreza urbana, ha ido avanzando y devorando pueblos tranquilos como el suyo. Buendía, de 58 años, lamenta que se hayan perdido tradiciones como la del guajolote enterrado, cuya cabeza sobresalía de la tierra y tenía que ser atrapado por un jinete. Cree que comenzó a ser objeto de extorsiones el día en el que se compró una camioneta. Lo llamaron y le dijeron que tenían raptada a una de sus vendedoras del puesto de flores que tiene frente al templo. “¡Chinga tu madre!”, les contestó. La descripción que le habían dado era la de una trabajadora que ese día estaba librando.

El rumor de que el crimen organizado campea por estos lares es bastante insistente, agravado desde que en mayo la policía preventiva de Texcoco detuvo en Coatlinchán –en colaboración con la estatal- a ocho supuestos Caballeros Templarios, un grupo criminal de Michoacán. “Han intentado establecerse pero el propio rechazo de la comunidad y las labores policiales los ahuyentaron”, cuenta el agente Gabriel, de 26 años, una versión que corrobora su superior Sergio González.

Un miembro de ese grupo de vecinos organizados, esa especie de CIA rural, sostiene muy convencido que contactó por celular a un pez gordo de La Familia Michoacana, al que había conocido durante una fiesta de 15 años. Le preguntó si su banda estaba detrás de algunos actos criminales. No, le contestó, pero si me mandas fotos y datos de los tipos yo me ocupo. Nunca lo hizo. Rompió el papel donde tenía apuntado el número, o al menos eso cuenta. La gente de Coatlinchán, donde estuvo enterrado durante siglos un dios tan poderoso como Tlaloc, se cuida solita.

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Fiscales de Distrito, Coordinadores de las diferentes Unidades de Investigación, y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Zona Centro, recibieron capacitación en la materia “Estándares Internacionales y Procuración de Justicia” a través de un taller impartido por la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID México).

La cátedra fue impartida por Raúl Guillen López, Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de México, reconocido maestro, investigador y articulista en la materia.

La capacitación tiene como finalidad que el Ministerio Público atienda las disposiciones contempladas en los tratados internacionales en materia de Procuración de Justicia, a través de las Reformas Constitucionales de los años 2008 y 2011, así como a la Nueva Ley de Amparo recientemente aprobada.

El Doctor Raúl Guillen López, consideró que los agentes del Ministerio Público, deben de conocer los tratados internacionales, ya que forman parte del Derecho Positivo Mexicano reconocido a nivel Constitucional y es materia necesaria para lograr la eficiencia en la persecución criminal durante todo el proceso penal.

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