El gobernador de dicho estado acusó que el empresario ha sido el único beneficiado de este predio que es mantenido con recursos públicos.
Ciudad de México. – El Gobierno de Andrés Manuel López Obradorcolocó su mira en un campo de golf ubicado en Huatulco, Oaxaca, cuyo concesionario es el empresario Ricardo Salinas Pliego, y es que la intención de la Cuarta Transformación es declarar la zona como Área Natural Protegida en caso de que el millonario no adquiera el predio.
Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, dijo en una conferencia de prensa que el jefe del Ejecutivo pidió a las Secretarías de Gobernación y del Medio Ambiente que intervengan para que el líder de Grupo Salinas compre el terreno, mismo que se mantiene con recursos públicos.
«El Presidente ha pedido a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Medio Ambiente que busquen la posibilidad de que el señor Ricardo Salinas Pliego pueda comprar este campo de golf, que se está manteniendo con recursos públicos, pero del cual se está beneficiando un particular, un privado», indicó.
Jara Cruz aseguró que no quieren tener conflicto con Salinas Pliego, no obstante, señaló que es necesario que se ocupe de todo el mantenimiento y demás recursos que implica este campo.
Salomón Jara, gobernador de Oaxaca | X / @salomonj
Declaró que, hasta el momento, el dueño de Televisión Azteca no ha rendido declaración alguna pese a las insistencias del Gobierno Federal.
“No ha habido respuesta y el Presidente ha dicho que espera la respuesta y si no, lo declarará también Área Natural Protegida», advirtió.
Por su parte, Netzahualcóyotl Salvatierra, titular de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones de Oaxaca (Sinfra), aseguró que, si bien el campo puede ser declarado Área Natural Protegida, podrá seguir funcionando como tal, aunque don ciertas restricciones y reglas.
Ricardo Salinas Pliego (segundo de derecha a izquierda), en campo de golf | Facebook / Ricardo Salinas Pliego
El predio fue construido en el año 1991, en el Boulevard Tangolunda en Santa Cruz Huatulco, Oaxaca, y cuenta con tres lagos y pistas anchas, además abarca 82.5 hectáreas.
Esta advertencia de las autoridades llega a Ricardo Salinas Pliegodespués de que el propio empresario acusara al vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, de liderar una presunta campaña negra en contra de él y sus negocios.
Un Tribunal Colegiado con sede en Chihuahua ordenó que el proceso penal contra el senador y exgobernador Javier Corral sea atraído por el fuero federal, dejando fuera a las autoridades estatales del conocimiento del caso por presunto peculado.
De acuerdo con el despacho de abogados Schütte & Delsol, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 y declaró que corresponde a la justicia federal conocer del expediente relacionado con la contratación del despacho López-Elías Finanzas Públicas para la reestructuración de la deuda pública estatal.
El tribunal determinó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y el Juez de Control local deben desistirse del asunto y remitir la totalidad de los expedientes a las instancias federales, luego de que la Fiscalía General de la República ejerciera la facultad de atracción, decisión que ya había sido respaldada previamente por dos jueces federales.
Con esta resolución, será la Fiscalía General de la República, actualmente encabezada por Ernestina Godoy, la encargada de continuar con la investigación en el ámbito federal.
El equipo legal del exgobernador sostuvo que en el fuero local no se garantizaban los derechos de las víctimas ni de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación del daño, y aseguró que el proceso iniciado en Chihuahua estuvo marcado por irregularidades.
Asimismo, los abogados reiteraron su confianza en que se acreditará la inocencia de Javier Corral, al considerar que las acusaciones en su contra derivan de una supuesta fabricación del delito por parte de autoridades estatales.
La investigación se originó por un contrato de 98.6 millones de pesos firmado durante su administración con el despacho López-Elías Finanzas Públicas, acuerdo que la Fiscalía Anticorrupción estatal señala como un posible caso de peculado.