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México

Felipe Calderón y García Luna cómplices del narco: «La Barbie»

Uno de los capos más buscados de México, Édgar Valdez Villarreal, apodado ‘La Barbie’, y que fue detenido en agosto de 2010, afirmó haber pagado a funcionarios del primer círculo de la policía federal mexicana

Uno de los capos más buscados de México, Édgar Valdez Villarreal, apodado ‘La Barbie’, y que fue detenido en agosto de 2010, afirmó haber pagado a funcionarios del primer círculo de la policía federal mexicana (SSP). Así lo afirma el capo, en una carta recibida por el diario mexicano Reforma, donde también incluye a algunos funcionarios del gobierno como parte de la estructura criminal.

En la misiva entregada por su abogada Eréndira Joselyn Guerra Gutiérrez a Reforma, Valdez denuncia que los funcionarios toman como botín los decomisos que hacen y que Genaro García Luna, titular de la SSP, recibe desde 2002 dinero del narcotráfico al igual que sus principales colaboradores.

«…me consta que ha recibido dinero de mi, del narcotráfico y la delincuencia organizada, al igual que a un grupo selecto integrado por Armando Espinosa de Benito quien trabajaba con la DEA y me pasaba información, Luis Cárdenas Palomino, Edgar Eusebio Millán Gómez, Francisco Javier Garza Palacios (PF Colombia), Igor Labastida Calderón, Facundo Rosas Rosas, Ramón Eduardo Pequeño García y Gerardo Garay Cadena quienes también forman parte y reciben dinero de la delincuencia organizada y de mi».

Edgar Valdez fue detenido el 30 de agosto de 2010 y señalado como responsable de decenas de homicidios en el marco de una cruenta lucha por el control del cártel de los hermanos Beltrán Leyva desatada después de la muerte del líder, Arturo Beltrán Leyva, en un operativo militar en diciembre de 2009.

«Mi detención fue el resultado de una persecución política por parte del C. Felipe Calderón Hinojosa quien instauró un acosamiento en contra de mi persona por la razón de que el suscrito se negó a formar parte del acuerdo que el señor Calderón Hinojosa deseaba tener con todos los grupos de delincuencia organizada para lo cual él personalmente realizó varias juntas para tener pláticas con grupos de delincuencia organizada».

También apodado como ‘El Güero’, este capo estaba incluido en las lista de los narcotraficantes más buscados por el gobierno mexicano, que ofrecía $2.2 millones por su captura. También era buscado en Estados Unidos que ofrecía una recompensa de $2 millones.

El detenido, mantenía según autoridades mexicanas una cruenta lucha en los estados de Morelos (centro) y Guerrero (sur) de México por el control del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, cuyo máximo líder -Arturo Beltrán- murió en diciembre en un operativo militar en Cuernavaca, a 150 km de Ciudad de México.

De acuerdo con el rotativo, su abogada afirma que éste puede ser extraditado en cualquier momento a EU y que su cliente quiere que «se esclarezcan los hechos y se haga justicia». Guerra Gutiérrez afirmó que cuando «La Barbie» sea extraditado a Estados Unidos detallará la presunta red de corrupción y vínculos con el narcotráfico de todos los funcionarios que menciona en su carta.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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