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Feminicidio: el delito que ha dejado en evidencia la incapacidad de reacción del gobierno

El número de feminicidios en México se incrementa de la misma manera en que lo hacen las críticas hacia el Estado bajo el argumento de que no llevan a cabo acciones para proteger efectivamente a las mujeres a lo largo del país. Esta semana, se dio a conocer el caso de la joven Ingrid Escamilla Vargas, quien fue asesinada por su pareja y después, las fotografías del hecho fueron reproducidas por diversos medios.

Si bien el caso de Ingrid Escamilla cobró mucha relevancia hasta el punto de conmocionar el país, México lleva lustros padeciendo una crisis de derechos humanos y seguridad que ha desbordado a las autoridades, atizada por la impunidad en más del 98% de los crímenes.

“Me da miedo salir a la calle sola. En México se ha normalizado la violencia hacia la mujer”, denunció a la agencia de noticias Efe Jocelyn, una joven estudiante de Pedagogía de 21 años, quien decidió participar en la marcha del 14 de febrero en la Ciudad de México.

Si bien el caso de Ingrid Escamilla fue el detonante de las protestas masivas, en las cuales la ira de las participantes era evidente, las consignas, además de estar orientadas hacia la denuncia por la brutalidad del hecho, también se dirigían a una propuesta que el fiscal general había realizado hace algunos días, a las palabras que el presidente dijo en su conferencia matutina y a la reacción de la jefa de gobierno capitalina.

La tipificación del delito de feminicidio -homicidio de una mujer por razones de género- se alcanzó en México hasta el 2012, tras de años de lucha y una sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso “Campo Algodonero”, el cual fue un descampado de la norteña Ciudad Juárez, donde a inicios de siglo hallaron los cadáveres de ocho mujeres.

No obstante, a inicios de mes, en una reunión privada con diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, propuso suprimir el delito de feminicidio y sustituirlo por homicidio con agravante, con una pena de 40 a 70 años.

“En este delito, actualmente, se imponen siete condiciones, requisitos y circunstancias que complican inútilmente su judicialización”, señaló la Fiscalía, institución que también alegó que el esquema actual no funcionaba, pues mientras los homicidios crecieron un 35% del 2012 a la fecha, los feminicidios lo hicieron en un 137.5 por ciento.

La propuesta de modificar el Código Penal Federal fue criticada casi en pleno por el Congreso de la Unión. Incluso por los funcionarios de Morena y por el propio presidente, quien días después de que se diera a conocer esta propuesta declaró: «En el caso de quitar causales para feminicidios, dijimos no. No se mueve”.

La propuesta de Gertz Manero no fue bien recibida por gran parte de la población. (Foto: Cortesía Presidencia)
La propuesta de Gertz Manero no fue bien recibida por gran parte de la población. (Foto: Cortesía Presidencia)
Sin embargo, Gertz Manero defendió de nuevo su tesis en la conferencia matutina desde Palacio Nacional: “El delito (de feminicidio) no está, de acuerdo con nuestro punto de vista, lo suficientemente claro como para poder hacer esa defensa. ¿Por qué? Porque en los homicidios no tenemos ese aumento y en los feminicidios sí. Todo es de lógica elemental”.

A pesar de esas declaraciones, parece muy poco probable que esa reforma prospere, pues la simple proposición ya supuso un desaire para miles de mujeres. En entrevista con Efe, la abogada feminista, Edith López, explicó que el feminicidio, además de tener un contexto jurídico y legislativo, también tiene una implicación simbólica, pues el Estado reconoce a la mujer, «que en casos particulares se asesinan por el simple hecho de ser mujer”.

Ante esta propuesta, uno de los organismos que también se posicionaron al respecto fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual no se guardó sus comentarios y con dureza afirmó: “Significa un retroceso”.

El decálogo del presidente y el desdén de la jefa de gobierno

Al inicio de la polémica por la propuesta de Gertz Manero, el presidente López Obrador aseveró que no habría cambios penales, días después hizo comentarios considerados poco afortunados para una mayoría, que pensaba no le estaba dando la debida atención: “No quiero que el tema sea nada más lo del feminicidio, ya está muy claro”.

El viernes por la mañana, un grupo de manifestantes realizó pintas en la puerta de Palacio Nacional. (Foto: Andrea Murcía/Cuartoscuro)
El viernes por la mañana, un grupo de manifestantes realizó pintas en la puerta de Palacio Nacional. (Foto: Andrea Murcía/Cuartoscuro)
La tensión para el mandatario se agudizó este viernes, cuando decenas de mujeres encapuchadas protestaron fuera de Palacio Nacional y tacharon de “feminicida” al presidente. Además, pintaron la fachada del lugar e incluso intentaron quemar una de las puertas.

Algo presionado por la prensa, en particular por la periodista Frida Guerrero, López Obrador improvisó de viva voz -o esto pareció- un decálogo para proteger a las mujeres que señala, por ejemplo, como “cobardía” y “anacronismo” agredir a una mujer, e insta a castigar a los responsables y “garantizar la seguridad de las mujeres”.

A partir de que esto se dio a conocer, las reacciones críticas de las usuarias en redes sociales no se hicieron esperar, pues, desde su perspectiva, este decálogo no atiende las problemáticas paras las mujeres en México y, además, no establece acciones concretas para aminorarlos.

“Esto no es una cuestión de temas morales. Están matando a las mujeres y tú, ¿qué estás haciendo?”, denunció a Efe Verónica Garzón, coordinadora del área internacional de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal), quien criticó además la falta de “agenda clara” en la lucha contra la violencia hacia la mujer.

Durante la tarde del viernes, cuando las protestas de mujeres en contra de la violencia de género se encontraban en un punto álgido se publicó un video en el que la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, prefirió no hablar del tema, pero fue su actitud lo que provocó enojo.

-Jefa, un mensaje a las mujeres que marchan el día de hoy en la Ciudad de México- solicitó un periodista.

-Ahorita no, ahorita no-, contestó la mandataria local y aunque el reportero le interpeló, ella no cedió: -Soy muy respetuosa de mi fuente de información… Gracias, gracias, gracias.

Otro elemento que provocó el enojo de las participantes en las marchas fue el uso de la fuerza policial durante las mismas, pues los elementos de seguridad, para intentar dispersar la protesta, usaron gas lacrimógeno, y varias mujeres presentaron problemas de respiración, por lo cual comenzaron las consignas en contra de las uniformadas. Además usaron otras estrategias como encapsular a las mujeres con el fin de limitar las manifestaciones.

Twitter fue uno de los principales medios donde se vertieron los mensajes de molestia hacia la administración de la jefa de gobierno. En esa red social, una usuaria escribió: “Me enferma haber pensado que esta mujer cambiaría algo. Claudia Sheinbaum , eres de las mayores decepciones que tiene este país. Nos fallaste a todas”.

Fuente: Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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