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México

Feminicidios en México aumentaron 7. 1% en lo que va del 2021

La secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, informó este lunes durante la conferencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que durante los primeros meses de 2021, los feminicidios aumentaron 7.1% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

 

Rodríguez indicó que el mayor número de dichos delitos se concentran en ocho estados: Morelos, Sonora, San Luis Potosí, Jalisco, Quintana Roo, Colima, Sinaloa y Chiapas; que representan el 57. 4 % de los feminicidios.

 

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De enero a mayo de este año se han cometido 423 feminicidios en México, de acuerdo a los datos presentados por la secretaria.

 

La secretaria explicó que a partir de esta administración es que los homicidios de mujeres se investigan desde el inicio como feminicidio, cosa que antes no ocurría y se “minimizó” dicho delito.

 

 

“Durante décadas, el feminicidio en México se minimizó”, aseguró.

 

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim); Nadine Gasman Zylbermann, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres); así como Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, presentaron el informe de acciones para combatir las violencias hacia las mujeres.

 

De acuerdo al informe, mayo representó el tercer mes con más feminicidios con un total de 98 víctimas de feminicidio, por debajo de los 100 registrados en diciembre de 2018 y los 99 ocurridos en marzo pasado.

 

 

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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