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Política

FEPADE debía atraer caso Chihuahua y lo hace en tiempo y forma: Díaz

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La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) atrajo este lunes la investigación sobre presuntos desvíos de recursos a campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado de Chihuahua.

El titular de la Fiscalía, Héctor Díaz Santana, informó en conferencia de prensa que la Fepade atrajo la investigación luego de recibir dos denuncias, interpuestas por Morena y el Partido Acción Nacional (PAN), por el presunto desvío de recursos estatales en favor del PRI.

“A partir de ahora, la Fepade está en espera de que la Fiscalía de Chihuahua, en el marco de la ley, remita las investigaciones en curso para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades en materia penal electoral”, dijo.

Díaz Santana señaló que la Fepade atrajo el caso debido a su competencia para actuar cuando se destinen apoyos ilegales hacia un partido político nacional, aun cuando los recursos sean estatales, porque la facultad de fiscalización de partidos es exclusivamente federal, y porque no reportar los ingresos constituye una conducta que obstaculiza la función electoral.

Además, mencionó, “el Poder Judicial de la Federación resolvió en dos procesos penales que están en curso, que los actos de apoyo y destino de bienes públicos por parte de integrantes del gobierno de Chihuahua a favor de un partido político, son de competencia federal”.

En su cuenta de Twitter, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acusó que “la pretensión de la Fepade de atraer los procesos judiciales vs corrupción de César Duarte sólo se podría lograr pisoteando la ley y en el cinismo total”.

“Lo que debería hacer la @FEPADE_Mex es abrir una carpeta de investigación sobre el delito electoral, y llegar ahí hasta las últimas consecuencias. ¿Con que fundamento quieren atraer un proceso ya judicializado por el delito de peculado agravado?. #JusticiaParaChihuahua”, agregó.

El pasado 20 de diciembre,  Corral informó sobre la detención de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, acusado por el presunto desvío de recursos públicos hacia campañas del PRI.

De acuerdo con el exsecretario de Hacienda de Chihuahua, Jaime Herrera Corral, el exgobernador de la entidad, César Duarte, presuntamente creó cursos educativos fantasma para desviar 250 millones de pesos hacia el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI.

El 22 de diciembre, durante la audiencia de vinculación a proceso de Gutiérrez Gutiérrez, al presentar elementos para sustentar el caso, una agente del Ministerio Público leyó ante el juez de control el testimonio de Ricardo Yáñez Herrera, exsecretario de Educación durante la gestión de César Duarte, actualmente detenido y sentenciado a 4 años de cárcel por el delito de peculado, quien señaló acordar un desvío millonario para campañas del PRI con Manlio Fabio Beltrones.

Yáñez Herrera señaló que, cuando Beltrones era dirigente nacional del PRI, acordó con el gobernador César Duarte que se triangularan recursos federales con cursos educativos fantasma.

Por su parte, Beltrones ha negado la versión de que como dirigente nacional del PRI fraguó desvíos de recursos públicos para favorecer campañas del PRI, señalando que es una acusación inverosímil.

El exdirigente nacional del PRI obtuvo una suspensión por cualquier orden de aprehensión, comparecencia y citatorio girado en su contra por el caso de los presuntos desvíos a las campañas del PRI en Chihuahua, el pasado 9 de enero.

La Juez Cuarta de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, María Dolores Nuñez, concedió al priista la suspensión provisional para no ser privado de la libertad, hasta en tanto se defina si le otorgan la suspensión definitiva.

Además, ordenó a la Fiscalía de Chihuahua que, en caso de tener una investigación en curso contra Beltrones, se abstenga de pedir la captura o judicializar el caso, sin impedir la continuación de la indagatoria.

Beltrones explicó que solicitó ampararse para acceder al expediente por el que aparentemente se le investiga, y ante la “falta de certeza jurídica” por parte de las autoridades de Chihuahua.

Acontecer

Impulsa diputada Argüelles padrón público de comedores contra el hambre

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1 de cada 10 chihuahuenses viven en carencia alimentaria

Chihuahua. – Con el objetivo de reforzar las estrategias transparentes en el combate contra el hambre, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una proposición con carácter de Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, como titular de la Junta de Gobierno del DIF Estatal, así como a la Dirección General del organismo, a crear un padrón público, actualizado y consultable de los comedores infantiles en Chihuahua.

Durante su exposición, la legisladora subrayó que el combate al hambre es una responsabilidad compartida y un compromiso alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, que establece como prioridad erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria.

Señaló que, de acuerdo con datos del INEGI, actualmente más de 370 mil personas en Chihuahua viven en carencia alimentaria, es decir, 1 de cada 10 chihuahuenses, problemática que se agrava en la región serrana, donde el 60 por ciento de niñas y niños presenta algún grado de desnutrición.

La legisladora, reconoció también los avances logrados por el Gobierno de México en materia de combate a la pobreza, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, que han permitido que millones de personas mejoren sus condiciones de vida; sin embargo, advirtió que la seguridad alimentaria sigue siendo uno de los principales retos sociales.

Argüelles Díaz recordó que el artículo 4° de la Constitución garantiza el derecho de todas las personas a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, derecho que en Chihuahua también está respaldado por la Ley de Desarrollo Social y Humano y la Ley de Asistencia Social, donde se establece como población prioritaria a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas indígenas y personas adultas mayores en situación de pobreza alimentaria.

Destacó que los comedores infantiles son una de las principales políticas públicas para combatir la desnutrición en la infancia, por lo que contar con un padrón público permitirá a la ciudadanía conocer su ubicación, funcionamiento, cobertura y servicios, además de fortalecer la supervisión, la coordinación institucional y la rendición de cuentas.

“La transparencia también es una herramienta para salvar vidas. Hacer visible dónde están los comedores infantiles es garantizar que más niñas y niños accedan a su derecho a la alimentación”, concluyó la congresista.

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