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FGR acusa a Peña de traición a la Patria

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El expresidente Enrique Peña Nieto habría sido el jefe de una banda criminal que participó en actos de cohecho y de traición a la Patria, y jugó un papel central en la comisión de delitos en el caso Odebrecht, consideró la Fiscalía General de la República (FGR) en la solicitud de orden de aprehensión en contra del que fuera el hombre más poderoso del sexenio, Luis Videgaray Caso. Así lo da a conocer el diario mexicano Reforma en forma exclusiva.

El periodista Abel Barajas, quien tuvo acceso a la solicitud de orden de aprehensión contra el exsecretario de Hacienda –formulada por la Fiscalía ante un Juez y que fue devuelta–, dice que en ese documento se considera que el expresidente “fue autor mediato de los delitos mencionados y los de carácter electoral”. Es decir, agrega, “que cometió los ilícitos utilizando como instrumento a Videgaray y a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex”.

“Peña, dice en su consideración la FGR, se apartó del Estado de Derecho y utilizó el cargo para el que fue electo con el fin de delinquir. Con su actuar ilícito no sólo obtuvo beneficio personal sino procuró ‘también el beneficio de la empresa Odebrecht quien los había ya hecho objeto de cohecho, traicionando a la Patria con su mal desempeño’”.

Barajas cita a la solicitud de la Fiscalía ante el Juez: “Los hechos delictivos de cohecho y traición a la Patria surgieron por disposición de él mismo”. El documento dice que Videgaray actuó bajo instrucciones de Peña, entonces su jefe. “A instancias del Mandatario, dice el documento de la FGR, Videgaray distribuyó ‘de manera espontánea y por interpósita personas’ 121 millones 500 mil pesos a los legisladores panistas Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle; al dirigente partidista Ricardo Anaya y al legislador priista David Penchyna Grub’”.

De acuerdo con el periodista, el delito de cohecho se configuró con las entregas en efectivo a los políticos panistas y priistas para obtener su voto a favor de la Reforma Energética. Y la traición a la Patria “habría ocurrido al impulsar las reformas estructurales para otorgar beneficios a empresas extranjeras como Odebrecht y que podrían beneficiarse del aprovechamiento y explotación de los recursos naturales que por mandato constitucional son propiedad de la Nación”.

En el documento, Videgaray aparece como “autor material”. Pero, según el texto del diario, Peña fue “el orquestador y promovente de las acciones delictivas”.

Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Fiscalía “ya se tardó” con el caso de corrupción que vincula a la élite de Peña Nieto y Videgaray. Sin embargo, el Presidente también expresó su confianza en Alejandro Gertz Manero, el Fiscal General, quien ha sido criticado en distintas esferas porque a casi dos años de asumir su mandato no ha presentado casos importantes de investigaciones de corrupción, un encargo personalísimo hecho por el mismo mandatario mexicano.

“Tenemos que actuar con responsabilidad y tener confianza en el trabajo que está haciendo la Fiscalía. Yo aquí aprovecho para decir que le tengo confianza al Fiscal. Quisiera yo, pero entiendo que no es posible a veces, que se avanzara más rápido. Ahora sí que justicia pronta y expedita porque se están tardando, pero le tengo confianza al Fiscal”, dijo el Jefe del Estado mexicano. Llamó a Gertz Manero “un hombre íntegro y recto”, pero subrayó que “están tardando en la elaboración de toda la averiguación, toda la indagatoria, la presentación de los recursos ante los jueces”.

“Ya ha pasado tiempo, sin embargo, hay esa confianza que es muy importante. La justicia tarda, pero llega. En eso confío. También que no haya venganzas, que no haya juicios sumarios, que no se inventen delitos, que todo sea de acuerdo a la ley, que se presenten pruebas, que no sea un espectáculo, lo que hacían antes”, afirmó el Presidente mexicano.

Fuente: SinEmbargo

México

Detienen a otro presunto implicado en el homicidio de Carlos Manzo en Uruapan

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Una nueva persona fue detenida en el marco de las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre, informó la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz. De acuerdo con la mandataria municipal, el arresto está relacionado con la gestión de mensajes en una plataforma digital utilizada para coordinar el ataque, específicamente un grupo de WhatsApp vinculado a la logística del crimen.

Quiroz precisó que la identidad del detenido no ha sido revelada, pero confirmó que su presunta participación se centró en la organización y comunicación previa al homicidio. Señaló que esta detención forma parte de los avances reportados por las autoridades tras la sesión de cabildo celebrada el 29 de diciembre, en la que se dio cuenta del estado que guardan las investigaciones.

La presidenta municipal sostuvo que el asesinato de Manzo fue una represalia directa por su labor de denuncia y por señalar presuntas irregularidades en la región. En ese contexto, calificó el año 2025 como un periodo devastador para la administración local, aunque reiteró que el gobierno municipal mantendrá el rumbo del movimiento independiente del sombrero y continuará trabajando bajo los principios que el funcionario defendía.

Quiroz reconoció que hasta el momento no ha sostenido una reunión formal con el fiscal del estado para abordar el caso, pero expresó su intención de concretar un encuentro en los próximos días con el objetivo de conocer a detalle el estatus jurídico de las personas detenidas y el avance de la carpeta de investigación.

Esta captura se suma a las detenciones previas de sujetos presuntamente vinculados con grupos de la delincuencia organizada que operan en Michoacán. Entre los procesados se encuentra Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado por las autoridades como el principal responsable intelectual del atentado. Las indagatorias indican que este individuo habría coordinado la ejecución mediante plataformas de mensajería instantánea, enviando instrucciones específicas y gestionando los pagos a quienes participaron en el ataque.

Por su perfil de peligrosidad, “El Licenciado” fue trasladado del centro penitenciario de Morelia al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. La Fiscalía ha presentado como evidencia diversas comunicaciones digitales en las que se detallan órdenes y promesas de compensación económica relacionadas con el homicidio.

Las autoridades estatales mantienen abierta la investigación con el objetivo de desarticular por completo la red que facilitó el ataque, mientras el gobierno municipal de Uruapan continúa operando bajo un esquema de vigilancia especial.

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