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México

FGR acusa a Peña de traición a la Patria

El expresidente Enrique Peña Nieto habría sido el jefe de una banda criminal que participó en actos de cohecho y de traición a la Patria, y jugó un papel central en la comisión de delitos en el caso Odebrecht, consideró la Fiscalía General de la República (FGR) en la solicitud de orden de aprehensión en contra del que fuera el hombre más poderoso del sexenio, Luis Videgaray Caso. Así lo da a conocer el diario mexicano Reforma en forma exclusiva.

El periodista Abel Barajas, quien tuvo acceso a la solicitud de orden de aprehensión contra el exsecretario de Hacienda –formulada por la Fiscalía ante un Juez y que fue devuelta–, dice que en ese documento se considera que el expresidente “fue autor mediato de los delitos mencionados y los de carácter electoral”. Es decir, agrega, “que cometió los ilícitos utilizando como instrumento a Videgaray y a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex”.

“Peña, dice en su consideración la FGR, se apartó del Estado de Derecho y utilizó el cargo para el que fue electo con el fin de delinquir. Con su actuar ilícito no sólo obtuvo beneficio personal sino procuró ‘también el beneficio de la empresa Odebrecht quien los había ya hecho objeto de cohecho, traicionando a la Patria con su mal desempeño’”.

Barajas cita a la solicitud de la Fiscalía ante el Juez: “Los hechos delictivos de cohecho y traición a la Patria surgieron por disposición de él mismo”. El documento dice que Videgaray actuó bajo instrucciones de Peña, entonces su jefe. “A instancias del Mandatario, dice el documento de la FGR, Videgaray distribuyó ‘de manera espontánea y por interpósita personas’ 121 millones 500 mil pesos a los legisladores panistas Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle; al dirigente partidista Ricardo Anaya y al legislador priista David Penchyna Grub’”.

De acuerdo con el periodista, el delito de cohecho se configuró con las entregas en efectivo a los políticos panistas y priistas para obtener su voto a favor de la Reforma Energética. Y la traición a la Patria “habría ocurrido al impulsar las reformas estructurales para otorgar beneficios a empresas extranjeras como Odebrecht y que podrían beneficiarse del aprovechamiento y explotación de los recursos naturales que por mandato constitucional son propiedad de la Nación”.

En el documento, Videgaray aparece como “autor material”. Pero, según el texto del diario, Peña fue “el orquestador y promovente de las acciones delictivas”.

Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Fiscalía “ya se tardó” con el caso de corrupción que vincula a la élite de Peña Nieto y Videgaray. Sin embargo, el Presidente también expresó su confianza en Alejandro Gertz Manero, el Fiscal General, quien ha sido criticado en distintas esferas porque a casi dos años de asumir su mandato no ha presentado casos importantes de investigaciones de corrupción, un encargo personalísimo hecho por el mismo mandatario mexicano.

“Tenemos que actuar con responsabilidad y tener confianza en el trabajo que está haciendo la Fiscalía. Yo aquí aprovecho para decir que le tengo confianza al Fiscal. Quisiera yo, pero entiendo que no es posible a veces, que se avanzara más rápido. Ahora sí que justicia pronta y expedita porque se están tardando, pero le tengo confianza al Fiscal”, dijo el Jefe del Estado mexicano. Llamó a Gertz Manero “un hombre íntegro y recto”, pero subrayó que “están tardando en la elaboración de toda la averiguación, toda la indagatoria, la presentación de los recursos ante los jueces”.

“Ya ha pasado tiempo, sin embargo, hay esa confianza que es muy importante. La justicia tarda, pero llega. En eso confío. También que no haya venganzas, que no haya juicios sumarios, que no se inventen delitos, que todo sea de acuerdo a la ley, que se presenten pruebas, que no sea un espectáculo, lo que hacían antes”, afirmó el Presidente mexicano.

Fuente: SinEmbargo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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