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FGR acusa a Peña de traición a la Patria

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El expresidente Enrique Peña Nieto habría sido el jefe de una banda criminal que participó en actos de cohecho y de traición a la Patria, y jugó un papel central en la comisión de delitos en el caso Odebrecht, consideró la Fiscalía General de la República (FGR) en la solicitud de orden de aprehensión en contra del que fuera el hombre más poderoso del sexenio, Luis Videgaray Caso. Así lo da a conocer el diario mexicano Reforma en forma exclusiva.

El periodista Abel Barajas, quien tuvo acceso a la solicitud de orden de aprehensión contra el exsecretario de Hacienda –formulada por la Fiscalía ante un Juez y que fue devuelta–, dice que en ese documento se considera que el expresidente “fue autor mediato de los delitos mencionados y los de carácter electoral”. Es decir, agrega, “que cometió los ilícitos utilizando como instrumento a Videgaray y a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex”.

“Peña, dice en su consideración la FGR, se apartó del Estado de Derecho y utilizó el cargo para el que fue electo con el fin de delinquir. Con su actuar ilícito no sólo obtuvo beneficio personal sino procuró ‘también el beneficio de la empresa Odebrecht quien los había ya hecho objeto de cohecho, traicionando a la Patria con su mal desempeño’”.

Barajas cita a la solicitud de la Fiscalía ante el Juez: “Los hechos delictivos de cohecho y traición a la Patria surgieron por disposición de él mismo”. El documento dice que Videgaray actuó bajo instrucciones de Peña, entonces su jefe. “A instancias del Mandatario, dice el documento de la FGR, Videgaray distribuyó ‘de manera espontánea y por interpósita personas’ 121 millones 500 mil pesos a los legisladores panistas Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle; al dirigente partidista Ricardo Anaya y al legislador priista David Penchyna Grub’”.

De acuerdo con el periodista, el delito de cohecho se configuró con las entregas en efectivo a los políticos panistas y priistas para obtener su voto a favor de la Reforma Energética. Y la traición a la Patria “habría ocurrido al impulsar las reformas estructurales para otorgar beneficios a empresas extranjeras como Odebrecht y que podrían beneficiarse del aprovechamiento y explotación de los recursos naturales que por mandato constitucional son propiedad de la Nación”.

En el documento, Videgaray aparece como “autor material”. Pero, según el texto del diario, Peña fue “el orquestador y promovente de las acciones delictivas”.

Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Fiscalía “ya se tardó” con el caso de corrupción que vincula a la élite de Peña Nieto y Videgaray. Sin embargo, el Presidente también expresó su confianza en Alejandro Gertz Manero, el Fiscal General, quien ha sido criticado en distintas esferas porque a casi dos años de asumir su mandato no ha presentado casos importantes de investigaciones de corrupción, un encargo personalísimo hecho por el mismo mandatario mexicano.

“Tenemos que actuar con responsabilidad y tener confianza en el trabajo que está haciendo la Fiscalía. Yo aquí aprovecho para decir que le tengo confianza al Fiscal. Quisiera yo, pero entiendo que no es posible a veces, que se avanzara más rápido. Ahora sí que justicia pronta y expedita porque se están tardando, pero le tengo confianza al Fiscal”, dijo el Jefe del Estado mexicano. Llamó a Gertz Manero “un hombre íntegro y recto”, pero subrayó que “están tardando en la elaboración de toda la averiguación, toda la indagatoria, la presentación de los recursos ante los jueces”.

“Ya ha pasado tiempo, sin embargo, hay esa confianza que es muy importante. La justicia tarda, pero llega. En eso confío. También que no haya venganzas, que no haya juicios sumarios, que no se inventen delitos, que todo sea de acuerdo a la ley, que se presenten pruebas, que no sea un espectáculo, lo que hacían antes”, afirmó el Presidente mexicano.

Fuente: SinEmbargo

México

Sheinbaum responde a Trump y rechaza señalamientos sobre control del narcotráfico

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió no reaccionar a cada declaración del mandatario estadounidense Donald Trump, luego de que este reiterara durante la Cumbre del G7 en Francia que México está controlado por los cárteles del narcotráfico.

Durante su conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que Trump tiene una forma particular de comunicar sus mensajes y consideró que lo importante es el trabajo que realiza su administración en materia de seguridad.

Sheinbaum sostuvo además que el presidente estadounidense no cuenta con información precisa cuando realiza este tipo de acusaciones. Recordó que ya le ha expresado personalmente que las instituciones mexicanas funcionan y que el Estado mexicano mantiene su presencia y operación en todo el país.

La titular del Ejecutivo señaló que, durante una reunión celebrada en mayo con el senador estadounidense Markwayne Mullin en Palacio Nacional, se abordó el tema de los grupos criminales y se destacó el papel de las instituciones de seguridad mexicanas.

Como ejemplo, mencionó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien sobrevivió a un atentado perpetrado por un grupo criminal en 2020 y continuó en el servicio público. También destacó la labor del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

La presidenta subrayó además los resultados de la estrategia de seguridad de su gobierno. Entre ellos, mencionó una reducción de 46 por ciento en los homicidios dolosos y una disminución de 70 por ciento en el ingreso de fentanilo a Estados Unidos por vía terrestre.

Asimismo, hizo referencia al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante un operativo realizado por el Ejército mexicano en febrero pasado.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen en medio de un escenario de tensiones entre México y Estados Unidos en temas de seguridad y comercio, mientras Trump ha insistido en diversas ocasiones en que los cárteles ejercen control sobre territorio mexicano.

El contexto también incluye las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas.

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