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México

FGR busca penas de hasta 40 años de cárcel para académicos denunciados por Conacyt

La Fiscalía General de la República (FGR) busca penas de hasta 40 años de cárcel para los 31 académicos denunciados por el Conacyt por supuestos malos manejos de recursos público. Pero además, pide que sean recluidos en un penal de máxima seguridad y que se les detenga de inmediato para evitar que destruyan evidencia o se den a la fuga.

El juicio, por tanto, lo seguirían desde prisión.

Así lo consigna el resumen de la acusación de 92 páginas que la FGR envió en agosto pasado a un juez federal para solicitar las órdenes de aprehensión en contra de los científicos y académicos. Aunque el juez ha negado en dos ocasiones concederlas, la Fiscalía anunció ayer que las solicitará por tercera ocasión consecutiva.

Animal Político tuvo acceso a este documento en el que los fiscales aclaran que, si bien aun no se puede “prejuzgar” a los académicos, estos son probables responsables de ilícitos que conllevan penas que van de una a varias décadas de cárcel, y sin derecho a fianza.

Y aunque en un comunicado emitido ayer la FGR dijo que se trata de un caso de delitos patrimoniales (como sería, por ejemplo, el robo), en el escrito enviado al juez lo que les imputa a los académicos son, en realidad, cuatro delitos considerados coloquialmente como graves: delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades.

Los investigadores arman la acusación basada en una premisa: los imputados participaron en un esquema para aprobar recursos que se destinaron al denominado Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC (FCCyT), que era una asociación privada financiada ilegalmente por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) con dinero que debió destinarse exclusivamente para desarrollar proyectos de investigación.

México

PAN propone blindar a periodistas contra censura y acusaciones de calumnia electoral

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para proteger el trabajo periodístico y garantizar la libertad de expresión, ante recientes acciones del Instituto Nacional Electoral (INE) que han generado polémica por requerir a periodistas revelar sus fuentes y por sancionar publicaciones críticas sobre el proceso electoral judicial.

El diputado panista Federico Döring propuso reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objetivo de que las investigaciones o publicaciones de periodistas no puedan ser consideradas como calumnia electoral, salvo que se demuestre que actuaron en complicidad con actores políticos.

Esta iniciativa surge luego de que el INE solicitó a periodistas y ciudadanos —como Laisha Wilkins— que explicaran el origen de publicaciones sobre presuntas irregularidades en la elección de jueces, incluyendo el uso de “acordeones” para promover a candidatos vinculados a Morena. También se han iniciado procedimientos contra ciudadanos como Karla Estrella por presunta violencia política de género, a raíz de un tuit que cuestionaba la candidatura de una mujer supuestamente impulsada por su esposo diputado.

“Se debe garantizar el derecho a la información de todas las personas y evitar la censura previa”, advirtió Döring, quien también propuso que, cuando se trate de periodistas, las autoridades deban ponderar el derecho constitucional a la libertad de prensa antes de imponer sanciones.

La iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados y se discutirá en el próximo periodo ordinario de sesiones, que comienza en septiembre. Organizaciones como Artículo 19 han alertado que la censura indirecta es una amenaza creciente para el periodismo en México.

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