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México

FGR detiene a exfuncionario de Sedesol vinculado a Estafa Maestra

El detenido es Simón Pedro de León Mojarro, excoordinador de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social vinculado a la llamada Estafa Maestra.

Elementos de la Policía Federal Ministerial, de la Fiscalía General de la República (FGR), detuvieron, en cumplimiento a una orden de aprehensión, a Simón Pedro de León Mojarro, excoordinador de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) vinculado a la llamada Estafa Maestra, durante la gestión de Rosario Robles.

Fuentes del órgano autónomo, a cargo del fiscal Alejandro Gertz Manero, informaron que el exfuncionario está vinculado al delito de uso indebido de atribuciones y facultades, de acuerdo con el mandamiento judicial de captura.

Las investigaciones a cargo del Ministerio Público Federal lo relacionan con el desvío de 124 millones de pesos, a través de un contrato asignado a la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM).

La captura de De León Mojarro se realizó el pasado lunes, cuando caminaba por Paseo de la Reforma y la calle Sierra Gamón, en la zona de las Lomas de Chapultepec.

Las fuentes consultadas explicaron que durante la madrugada del martes, el ex funcionario fue presentado ante el Juez de Control Juan José Hernández Leyva, en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Sur.

Imponen prisión preventiva justificada

La autoridad judicial certificó la legalidad de captura e impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, ante la posibilidad de que De León Mojarro pueda evadir la acción de la justicia y darse a la fuga.

El juez de Control, Hernández Leyva, citó para el próximo sábado a la audiencia en la que se determinará si se vincula o no a proceso, al exfuncionario de la Sedesol, y, por lo pronto, permanecerá privado de la libertad en el Reclusorio Sur.

De acuerdo con las investigaciones, en contra de De León Mojarro están pendientes otras tres órdenes de captura, también relacionadas con el desvío de recursos en la Sedesol, en el caso de la Estafa Maestra.

Uno de los mandamientos de captura fue otorgado por un Juez Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México,  relacionado con el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero, por el desvío de 77.8 millones de pesos, en un contrato con la Universidad Autónoma de Morelos.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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