Conecta con nosotros

México

FGR interpone nuevo recurso para poder detener al gobernador de Tamaulipas

La Fiscalía General de la República interpuso un nuevo recurso de queja en contra de la suspensión otorgada al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca que impide ejecutar la orden de aprehensión en su contra por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

El Juzgado Octavo de Distrito informó que la FGR envió los oficios DAAR/08/06035/2021 y DAAR/08/06036/2021, correspondientes al recurso para impugnar la admisión de la demanda de garantías del pasado 24 de mayo de este año.

De esta manera el juez Faustino Gutiérrez Pérez pospuso la audiencia constitucional en la que se deberá resolver si se concede o no de forma definitiva la protección de la justicia federal en contra de la orden de aprehensión en contra del mandatario estatal.

El pasado martes, la mayoría panista del Congreso de Tamaulipas blindó, de nuevo, al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca para evitar que sea desaforado por la nueva legislatura que será controlada por Morena a partir del 1 de octubre.

Tras la sesión ordinaria de este martes, los diputados locales de Acción Nacional promovieron una iniciativa con proyecto de Decreto para adicionar el párrafo tercero al Artículo 84 de la Constitución Política del Estado, que establece que sea el Congreso de Tamaulipas el que tenga la última palabra ante una declaratoria de procedencia de desafuero emitido por la Cámara de Diputados.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un plazo de tres días a partir de la notificación para que la Fiscalía General de la República remita al máximo tribunal del país copia certificada de la solicitud de orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

También se solicitó a los titulares de los Juzgados de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio, con residencia en Almoloya de Juárez, informar si han dictado algún mandamiento judicial contra el mandatario estatal y de ser el caso, deberán remitir copias certificadas de dicha resolución.

El Congreso de Tamaulipas argumentó que el mandamiento judicial es contrario a la determinación de la soberanía parlamentaria local de no homologar la declaración de procedencia aprobada por la mayoría de la Cámara de Diputados, lo cual deriva en que el gobernador del estado mantiene su fuero y por lo tanto no se puede girar, ni ejecutar ninguna orden de aprehensión en su contra.

Agencias

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto