La Fiscalía General de la República interpuso un nuevo recurso de queja en contra de la suspensión otorgada al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca que impide ejecutar la orden de aprehensión en su contra por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

El Juzgado Octavo de Distrito informó que la FGR envió los oficios DAAR/08/06035/2021 y DAAR/08/06036/2021, correspondientes al recurso para impugnar la admisión de la demanda de garantías del pasado 24 de mayo de este año.

De esta manera el juez Faustino Gutiérrez Pérez pospuso la audiencia constitucional en la que se deberá resolver si se concede o no de forma definitiva la protección de la justicia federal en contra de la orden de aprehensión en contra del mandatario estatal.

El pasado martes, la mayoría panista del Congreso de Tamaulipas blindó, de nuevo, al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca para evitar que sea desaforado por la nueva legislatura que será controlada por Morena a partir del 1 de octubre.

Tras la sesión ordinaria de este martes, los diputados locales de Acción Nacional promovieron una iniciativa con proyecto de Decreto para adicionar el párrafo tercero al Artículo 84 de la Constitución Política del Estado, que establece que sea el Congreso de Tamaulipas el que tenga la última palabra ante una declaratoria de procedencia de desafuero emitido por la Cámara de Diputados.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un plazo de tres días a partir de la notificación para que la Fiscalía General de la República remita al máximo tribunal del país copia certificada de la solicitud de orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

También se solicitó a los titulares de los Juzgados de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio, con residencia en Almoloya de Juárez, informar si han dictado algún mandamiento judicial contra el mandatario estatal y de ser el caso, deberán remitir copias certificadas de dicha resolución.

El Congreso de Tamaulipas argumentó que el mandamiento judicial es contrario a la determinación de la soberanía parlamentaria local de no homologar la declaración de procedencia aprobada por la mayoría de la Cámara de Diputados, lo cual deriva en que el gobernador del estado mantiene su fuero y por lo tanto no se puede girar, ni ejecutar ninguna orden de aprehensión en su contra.

Agencias