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Política

FGR negó que indagatorias en contra de Ildefonso Guajardo sean por persecución política

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La Fiscalía General de la República (FGRrechazó la tarde de este sábado que exista una “persecución política” en contra de Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía durante el sexenio del ex presidente priista Enrique Peña Nieto, luego de que se le vinculó a proceso este 9 de julio por presunto enriquecimiento ilícito.

A través de un comunicado, la FGR señaló que al hoy diputado federal electo del PRI lo denunció la Secretaría de la Función Pública (SFP) el 12 de octubre de 2020, misma que fue integrada por la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC).

Además, se señaló que tanto Guajardo como su defensa tuvieron acceso a la indagatoria desde el 8 de marzo pasado, pero a la fecha no han presentado pruebas.

(Captura de pantalla: Twitter)(Captura de pantalla: Twitter)
“El señor Ildefonso “G”, y su abogado han llevado a todos los medios, desde este fin de semana, sus criterios y justificaciones sobre el asunto penal que ambos enfrentan […] Bajo esa premisa, la FGR responde que son absolutamente falsas las afirmaciones del señor Ildefonso “G”, y de su abogado, en el sentido de que el caso “huele a persecución política”, y de que no se les ha dado acceso a las pruebas”

Se puntualizó que la acusación principal contra Guajardo Villarreal, refiere a una cuenta en el extranjero, con un saldo de 8,169,639 pesos. Según la FGR, el acusado asegura que dicha cantidad proviene de la renuncia de derechos hereditarios que hizo en 2014, de la mitad de un inmueble que fue legado a él y a su hermana.

Sin embargo, el ex funcionario entregó “la escritura sobre ese tema en la que su mitad no corresponde, de ninguna manera, con la cantidad que dice haber depositado por ese origen”.

La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland,  Ildefonso Guajardo, y el Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, posan para una foto durante el cierre de conversaciones del TLCAN (Foto: Reuters)La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, Ildefonso Guajardo, y el Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, posan para una foto durante el cierre de conversaciones del TLCAN (Foto: Reuters)

De acuerdo a la FGR, hasta el momento no ha demostrado el origen de esa inconsistencia, por lo que la única opción del Ministerio Público Federal fue la judicialización del caso.

“En la audiencia ante el juez de Control, la autoridad judicial le volvió a dar la oportunidad para que aportara las pruebas referidas y también para que pidiera a su favor el aplazamiento procesal correspondiente; y ninguna de esas opciones fue tomada en cuenta por el acusado”

Expusieron que si después de cuatro meses y de todas las oportunidades procesales para demostrar su inocencia, resulta que las pruebas que debió de haber entregado ante el Ministerio Público o ante el juez de control, las hace aparecer para argumentar algún tipo de persecución política, “dicha estrategia, por su propio peso, demostrará cuál es la verdad sobre ese particular”.

La SFP le hizo a Guajardo una serie de observaciones sobre su registro patrimonial, sobre todo por unos depósitos a una cuenta en EEUU (Foto: Bloomberg)La SFP le hizo a Guajardo una serie de observaciones sobre su registro patrimonial, sobre todo por unos depósitos a una cuenta en EEUU (Foto: Bloomberg)

Este 8 de julio, el ex secretario de Economía y quien fue uno de lo renegociadores del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) aseguró en varias entrevistas a medios los señalamientos en su contra se derivan a que apoyó la campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Nuevo León y busca ser diputado de oposición, algo que según él les gustó mucho al gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo que me sorprendió de los representantes de la FGR fue que pidieron al juez que suspenda mi función como servidor público, y claramente solicitaron: Queremos que le impida que tome protesta como diputado”

Asimismo, dijo que se siente “de lo más tranquilo del mundo”, pues no ha tenido ningún comportamiento ilícito y cada uno de los señalamientos “tienen una explicación”. La investigación ya se encuentra en manos del poder judicial; sin embargo, destacó que no existe ninguna orden de aprehensión en su contra y que puede salir del país con el permiso de un juez.

Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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