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Chihuahua

Fijan fecha de audiencia del gobernador con antorchistas

Un nutrido grupo de antorchistas, representantes de más de 9 mil familias, solicitaron hoy, una vez más, una fecha de audiencia con el gobernador César Duarte Jáquez, a fin de pedir intervención ante la falta de cumplimiento de compromisos contraídos por varios funcionarios de su administración.

Los incumplimientos están en la Secretaría de Fomento Social, en el Instituto de la Vivienda, la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y en la Junta Central de Agua y Saneamiento.

Antonio Escamilla Meza, representante estatal de los antorchistas, sostuvo que los titulares de dichas dependencias estatales, se comprometieron a realizar obras, programas o acciones para resolver parte del pliego petitorio antorchista, ante la presencia del secretario General de Gobierno y con el conocimiento del propio gobernador Duarte, durante reuniones de trabajo realizadas en febrero pasado,

El pliego petitorio referido fue entregado en el despacho del Ejecutivo estatal desde noviembre del 2010; sin embargo, enfatizó Escamilla Meza, “muchos de esos compromisos no se han cumplido, con lo que se provocó malestar entre los posibles”. Algunos de esos compromisos son:

*Introducción de agua potable en La Noria, Los Mezquites, Granjas Cerro Grande parte Soto, Ampliación Lealtad I, segunda etapa de la Noria, Ampliación Crucero, Ampliación Valle Dorado, Praderas, Jorge Barouse y Ampliación 11 de febrero, así como 350 tomas domiciliarias, todo esto en la capital del estado.

*200 lotes a bajo costo y en facilidades de pago para vivienda popular, para varios municipios.

*Cuatro salones de usos múltiples.

*Programa alimentario mensual para familias en situación de pobreza.

*Paquetes subsidiados de material para vivienda de familias de escasos recursos económicos.

*Terreno y construcción del Jardín de niños “Rayenari” en La Soledad, de esta capital.

El contingente fue recibido este miércoles en uno de los salones del Palacio de gobierno, directamente por parte de Raymundo Romero titular de la Secretaría General.

“La fecha tentativa para que el gobernador reciba a los representantes de Antorcha será el 23 de mayo; de inmediato deberá arrancar el programa de mejoramiento a la vivienda del IVI previa reunión de trabajo a celebrarse mañana en las oficinas de ese instituto; los demás compromisos de las otras dependencias se revisarán el viernes en mis oficinas a las 10 de la mañana, porque los compromisos que se hayan establecido deberán cumplirse”, así lo informó Raymundo Romero a los manifestantes.

Antonio Escamilla, por su parte, agradeció al secretario General su disposición al diálogo y, sobre todo,  a resolver la problemática planteada por la organización antorchista.

“Estaremos pendientes de que los compromisos se cumplan para que, en caso de que se dé marcha atrás, volvamos a exigir para que los servidores públicos cumplan con su palabra. Esperamos que la audiencia con el gobernador en verdad se realice el 23 de mayo para que, si para esa fecha quedan pendientes por resolver, podamos pedirle su decidida intervención, por lo pronto, estemos alertas a cualquier llamado de nuestra dirigencia para futuras movilizaciones”, finalizó el líder de los antorchistas chihuahuenses.

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Chihuahua

Declara SCJN despenalización del aborto en Chihuahua

Chihuahua, Chih.- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inconstitucionales varios artículos del Código Penal del Estado de Chihuahua que penalizaban el aborto, tras aprobar la acción de inconstitucionalidad 1/2024 presentada por la Primera Sala.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó el proyecto, el cual fue avalado con base en el amparo en revisión 666/2023, resuelto por la Primera Sala el 18 de octubre de 2023 con una mayoría de cuatro votos.

En dicha resolución, se determinó que los artículos 143, párrafos primero y segundo, y 145 del Código Penal de Chihuahua vulneran los derechos a la salud, la igualdad y la no discriminación de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Además, se estableció que estas disposiciones imponen la maternidad de manera obligatoria, lo que atenta contra el derecho de cada persona a definir su proyecto de vida y a disfrutar del mayor nivel de bienestar físico, mental y social, garantizando así su autonomía sobre la salud y el cuerpo, incluyendo la libertad sexual.

El amparo también subrayó la responsabilidad del Estado Mexicano de garantizar el derecho a la salud de mujeres y personas gestantes, brindando acceso a los mejores servicios de salud sexual y reproductiva, entendidos como un estado de bienestar integral y no solo como la ausencia de enfermedades.

Asimismo, se determinó que el artículo 146, fracción primera, es inconstitucional, ya que, aunque prevé excusas absolutorias, sigue considerando el aborto como delito, incluso cuando la interrupción del embarazo no fue consentida, como en casos de violación o inseminación artificial no autorizada. Esta normativa criminaliza a la mujer sin sancionar la conducta, lo que afecta negativamente su derecho a decidir.

Pese a la resolución, el Congreso del Estado no modificó ni derogó los artículos señalados como inconstitucionales, por lo que la Primera Sala solicitó al Pleno de la Corte emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad, la cual entrará en vigor una vez que se notifique al órgano legislativo local.

Al tratarse de una materia penal, la declaratoria tendrá efectos retroactivos, beneficiando a mujeres y personas gestantes que estén bajo investigación, proceso o hayan sido sentenciadas por aborto, así como a los profesionales de la salud que hayan realizado interrupciones del embarazo con consentimiento.

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