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Firman carta 5 gobernadores para que se restituyan los recursos del Fondo Minero

El gobernador Javier Corral Jurado y mandatarios de otros cuatro estados mineros del país, suscribieron una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle se restituyan a entidades y municipios, los recursos del Fondo Minero que la Federación se adjudicó de forma indebida.

Además del mandatario chihuahuense, la misiva fue firmada por sus homólogos de Durango, José Rosas Aispuro; de Guerrero, Héctor Astudillo Flores y de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, así como por la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano.

Javier Corral informó que la gobernadora sonorense fue el conducto para entregar el documento al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde le solicitan el retorno de este Fondo, tal como está dispuesto en la Constitución.

La carta señala que la actividad minera ha jugado un papel fundamental en la evolución histórica de la humanidad, creando ciudades, propiciando la generación de la infraestructura de las comunicaciones y transportes, e incluso el encuentro de culturas y los cambios sociales en varias etapas de la historia.

“En tal sentido nuestra legislación debe por una parte fomentar el desarrollo de la actividad minera, y por la otra, obtener los recursos que en forma recíproca son justos y en proporción de la producción de minerales existentes en el subsuelo, esto mediante un esquema que compense al Estado por dicha disposición. Se contempla así? porque la actividad minera trae consigo, además de inversiones y empleos, afectaciones y modificaciones al territorio en perjuicio de los habitantes de la región”, detalla el documento.

La carta refiere que a partir del primero de enero de 2014 entro? en vigor la reforma a la Ley Federal de Derechos, mediante la cual fue creado el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, mejor conocido como Fondo Minero.

Explica que el objetivo primordial de su creación fue llevar a cabo proyectos de inversión física con impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo en las regiones y comunidades donde se realizan actividades relacionadas a la extracción minera.

“En los estados de Chihuahua, Durango y Zacatecas, estas localidades han registrado una mejora en su condición previa a la ejecución del mismo”, señala.

“Sin embargo –agrega el texto– la fracción IX del artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación para 2019 establece que el Fondo cambia su denominación por Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera y se transfiere de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a la Secretaría de Economía; encomendando a esta la labor de diseño, asignación e implementación de proyectos de desarrollo para las comunidades mineras y aledañas, sustituyendo con ello funciones y recursos que le correspondían a los gobiernos estatales y municipales con actividad minera”.

Detalla que en vista de tales resultados, así? como del corto tiempo en que se ha implementado, identificado proyectos y ejercido el recurso del Fondo Minero con el propósito de que la población ubicada en las zonas geográficas con producción minera sea partícipe de los beneficios generados por dicha actividad de manera directa, “solicitamos dejar de lado la implementación de las reformas por las cuales se crea el Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera y se revierta al mecanismo original de participación de los estados y municipios”.

Los gobernadores y la gobernadora consideran en la misiva que con este recurso se podrán materializar proyectos de agua potable y alcantarillado, drenaje sanitario, así como obras de mantenimiento y reconstrucción de caminos municipales y rurales, en beneficio de habitantes de las poblaciones que estadística y constantemente, se ubican en los niveles más bajos de los indicadores de desarrollo.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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