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México

Fiscalía investiga a Felipe Calderón y Garcia Luna por corrupción

Julio Scherer Ibarra, Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, reveló a los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez que la Fiscalía General de la República investiga al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y a su secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna por contratos en penales.

Según dio a conocer el funcionario en el programa Los Periodistas, tanto Calderón y Luna otorgaron de manera directa contratos por hasta 300 mil millones de pesos para la administración de penales a empresas privadas de algunos de los hombres más ricos del país.

“Ante el caso de los reclusorios el doctor Alejandro Gertz ya tenía el auto de consignación, de judicialización, de García Luna por lo que se hizo ahí de los reclusorios, que fue un proceso muy sucio, muy mal hecho”, dijo el Consejero Jurídico

Agregó:

“Lo estoy diciendo ahora: todos los que participaron en ese hecho están siendo investigados y no dudo que todas las personas que están ahí, si entre esas está Felipe Calderón, están siendo investigadas por ese hecho, no es el único servidor público”, respondió el Consejero Jurídico de la Presidencia de México.

Scherer Ibarra detalló que Luna ya tiene una orden de aprehensión por este delito.

Genaro García Luna actualmente está preso en Estados Unidos luego de haber sido señalado de recibir millones de dólares del Cártel de Sinaloa.

 

«Habrá ahorros por 2mmdp por renegociación de contratos con penales» 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tras renegociar los contratos por la administración de reclusorios federales, se tendrá una reducción en el costo de 2 mil millones de pesos anualmente.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo explicó que además se negoció que al final del contrato -que tiene una duración de 20 años- las instalaciones serán parte del patrimonio público.
El presidente López Obrador comentó que «en la mañanera» se ampliará la información sobre la renegociación de los contratos para la administración de los penales federales.

Dijo que se tendrán otras «recuperaciones» de recursos públicos como el acuerdo entre Pemex, FGR y el empresario Alonso Ancira quien se comprometió a pagar más de 216 millones de dólares por la reparación del daño tras la venta a sobreprecio de la planta de AgroNitrogenados.

El mandatario recordó que tenía que pagar anualmente 16 mil millones al año por la administración de penales federales.

«Se estaba pagando y ni siquiera estaban ocupados reclusorios, se pagaba como si estuvieran llenos de reclusos, de prisioneros, se pagaba al 100%, todavía no se han llenado, en promedio estaban al 60%, pero el contrato establecía que se debe de pagar desde el principio al 100%», dijo.

«Los empresarios que resistieron estos contratos y ya se llegó un acuerdo en la disminución en el pago y algo muy importante, aunque se va a informar bien el jueves, en los contratos establecía que al finalizar el periodo en 20 años el reclusorio no pasaba hacer parte del gobierno, sino que seguía siendo propiedad de la empresa, eso ya se resolvió, los reclusorios serán parte del patrimonio público».

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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