Frente al conflicto legal que enfrenta con una servidora pública, el periodista Carlos “C4? Jiménez, informó los avances del acto de censura que se le ha adjudicado por parte de la Fiscalía General de la Ciudad de México, pues no solo se le atribuyeron medidas cautelares y una orden de aprehensión, sino que recientemente, también se le confirió una audiencia legal en reclusorio.

Desde la primera semana de enero, el comunicador evidenció las intenciones de censura que una funcionaria del órgano emitió en su contra, la cual pretende ejercer medidas cautelares y hasta una sanción de arresto para frenar las denuncias y contundentes declaraciones que Jiménez ha externado en su programa informativo. El proceso legal ha sido respaldado por la FGJ, quienes han emitido múltiples notificaciones jurídicas en contra del periodista.

Aunque el periodista ha evitado referirse a la servidora pública, es un hecho que los usuarios ha puesto sobre la discusión el nombre de Ana Alicia Casillas Hurtazo, Fiscal de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.

Desde el 9 de enero 2025, el conductor de ‘C4 en Alerta’ ha dado seguimiento a la demanda legal que establece con la servidora pública. El primer detonante del conflicto fue la expedición de medidas cautelares en contra del reportero, sin embargo, la situación escaló hasta un presunto arresto de 36 horas con una audiencia de por medio.

El pasado 28 de enero, la cuenta de ‘X’ de Carlos Jiménez compartió los nuevos detalles del proceso jurídico, el cual ya contemplaba una orden de audiencia en reclusorio que estaba programada para el miércoles de esa semana. No obstante, un día después, el reportero fue notificado con el aplazo del acto legal.

El periodista Carlos Jiménez, conocido por su programa C4 en Alerta. Foto: Instagram, @c4jimenez1

En la publicación, el reportero de nota roja aludió que el Poder Judicial de la Ciudad de México había reprogramado la audiencia por “problemas técnicos”, ante ello, Jiménez determinó que la Fiscalía únicamente tenía el objetivo de engañar a las autoridades insinuando que continua hablando de la servidora pública.

La disputa entre Carlos Jiménez y la funcionaria precede por la impartición del contenido informativo que el reportero expone puntualmente en redes sociales, pues en repetidas ocasiones se evidenció el deficiente labor de Casillas Hurtazo en la mínima atención y abandono de casos de las víctimas de violencia. Es por ello que, la denuncia legal se colocó como una acto que atenta contra la libertad de expresión, al menos así lo estableció el reportero: “Pide que me arresten para callarme”.

Ante la especulación del caso, múltiples órganos, medios locales y funcionarios ha salido a emitir su postura respecto al caso, ejemplo de ello fue la senadora, Lilly Téllez, quien desde la Comisión Permanente exhorto a la FGJ-CDMX para abogar a favor de los derechos y libertad de expresión del periodista.

En el documento compartido, la militante del PAN externó ante el órgano capitalino una defensa para que se le intimide a Carlos Jiménez con el fin de censurarlo, silenciarlo o afectar su trabajo, por lo que expuso algunos lineamientos en marco de la ley para la protección del involucrado.

Foto: Cuartoscuro

Entre los criterios mencionados, Téllez exigió una resolución por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en garantizar el respeto a las libertades de expresión y de prensa del periodista Carlos Jiménez, asimismo, solicitó a la dependencia en no hacer uso de denuncias o procedimientos legales como mecanismos de intimidación, esto bajo el pretexto de la comisión de delitos en contra de la Fiscal de Delitos Sexuales.

Conforme a lo anterior, la funcionaria determinó que dichas demandas únicamente tenían el objetivo de censurar y silenciar el trabajo periodístico del reportero, pues el derecho a la información es garantizado por las normas del Estado. Es por ello que, consideró inaceptable que la Fiscalía pretenda arrestar al periodista Carlos Jiménez como una forma de intimidarlo cuando lo único que ha hecho es opinar sobre los actos de los servidores públicos.