El Gobierno de Estados Unidos presentó hoy a una corte federal de Miami su solicitud formal para autorizar la extradición a México de César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, acusado en esa entidad de asociación delictuosa y peculado por 96.6 millones de pesos.

El Departamento de Justicia presentó su memorando de extradición a la Corte para el Distrito Sur de Florida, detallando las razones por las que es procedente otorgar la certificación judicial de la entrega del exfuncionario a México.

En el sistema estadounidense, el Poder Judicial certifica que la petición de extradición cumple los requisitos legales, mientras que el Ejecutivo, por medio del Departamento de Estado, es el que toma la decisión final sobre la entrega del acusado.

Duarte fue detenido el 8 de julio en Miami, y permanece bajo custodia del Servicio de Alguaciles Federales, pues la jueza Lauren Fleischer no ha resuelto su petición de libertad bajo fianza, pese a que las partes terminaron de presentar sus argumentos sobre el tema el 11 de agosto.

«Esta Corte debería certificar la solicitud de México para la extradición de Duarte», afirmó el grupo de fiscales, que incluye a especialistas asignados desde Washington por el Departamento de Justicia.

«Los cargos por los que México busca a Duarte, peculado y asociación delictuosa, están cubiertos por el Tratado de Extradición entre ambos países, y existe causa probable para creer que Duarte cometió esos delitos».

El memorando va acompañado de un documento con gráficas que detallan once transferencias realizadas entre junio de 20011 y noviembre de 2014, desde el gobierno de Chihuahua hacia las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte de Chihuahua y Financiera de la División del Norte SOFOM, de las cuales Duarte era accionista mayoritario.

Se detalla cómo esos recursos terminaron en cuentas de allegados a Duarte, incluidos 20 millones de pesos que fueron a dar a un fideicomiso que abrió con su esposa, Bertha Gómez Fong, y 3.1 millones usados para pagar los impuestos personales del entonces gobernador al SAT en 2015.

El caso está soportado por más de 10 testimonios, entre ellos los de los ex Secretarios de Finanzas y de Desarrollo Rural del estado, que son testigos de la Fiscalía General de Chihuahua contra su exjefe.

La Corte deberá fijar fecha para una audiencia en la que escuchará argumentos sobre el memorándum, pero la defensa del ex Gobernador cuenta con múltiples recursos e instancias legales para oponerse y prolongar el litigio en Estados Unidos.

Por ejemplo, Rogelio Montemayor, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de peculado en el sexenio de Vicente Fox, cargo del que fue absuelto, pasó dos años en Houston libre bajo fianza litigando contra su extradición a México, concedida en junio de 2004.

Si la jueza Fleishcer niega a Duarte la libertad durante el proceso de extradición, el exgobernador priista podría optar por regresar antes a México, donde solo podría ser juzgado por los delitos de esta orden de aprehensión, que contemplan pena máxima de 12 años de cárcel.

El caso podría complicarse si México pretendiera introducir órdenes de aprehensión adicionales a la solicitud de extradición, lo que hasta ahora no ha sucedido.