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Opinión

FRACASO NACIONAL POR VICTOR M. QUINTANA

FRACASO NACIONAL

Por: Víctor M. Quintana S.

Lo deportivo no es importante, pero no deja de ser un buen indicador. Llegar a la final de la Copa de Oro de futbol gracias al atropello que el árbitro norteamericano cometió contra Panamá regalándonos un penal, es un fracaso. 

Los fracasos en lo menos importan revelan el gran fracaso del país en lo verdaderamente importante. Son signos del espíritu del tiempo que  sacude a nuestro país. Un mal que no nos vino del cielo ni de ninguna maldición  o brujería. Nos sobrevino con la toma del poder por los gobiernos depredadores y corruptos, de los cuales el de Peña Nieto es la máxima expresión.

¿Por qué no vamos a fracasar en el deporte si en economía, en combate a la delincuencia, en reducción de la pobreza vamos de derrota en derrota? ¿Por qué nuestra Federación Mexicana de Futbol y el “piojo” Herrera no van a aceptar el regalo corrupto de un árbitro parcial si  todos los días en este país se reciben regalos a cambio de dejar hacer, dejar pasar para violar el estado de derecho? 

Julio de fracasos. Sexenio de fracasos. Una política económica y monetaria que no logra detener el desbarrancamiento del peso. Ante esto, la única acción es  la inacción y las declaraciones auto tranquilizantes de un Secretario de Hacienda que no sabe sino aumentar impuestos y no relanzar el crecimiento.

Una política social que no prospera a pesar de los miles de millones gastados en el “Prospera” , que según las estadísticas oficiales y análisis objetivos  del CONEVAL ha logrado el fracaso máximo de que  en lo que va del sexenio haya dos millones de pobres más y ahora uno de cada dos mexicanos viva en la pobreza.

Fracaso en la “ronda 1” de la entrega de los espacios para explotación de hidrocarburos. Se presentaron únicamente 9 de las 24 empresas y consorcios precalificados.  Sólo se asignaron dos de los catorce bloques .  Se cedió demasiado y se logró casi nada.

El fracaso en la fuga del Chapo es proporcional a la propaganda y triunfalismo del gobierno de Peña Nieto al momento de capturarlo, en febrero de 2014.

Fracaso total en la reforma educativa. Nada ha logrado movilizar tanto al magisterio, disidente y  no disidente, de la CNTE y del SNTE, como la aplicación de ella, como la evaluación magisterial. Nada ha logrado suscitar un movimiento de protesta tan amplio mucho más allá de  Guerrero,  Michoacán u Oaxaca, aunque la comunicación oficial quiera ahora “oaxaquizar” el problema, satanizando a los maestros de ese estado,  confundiendo a la opinión pública, con la ayuda de las inefables declaraciones del súbito experto en educación Claudio X. González.

No es que este país esté salado. El fracaso es el estado de ánimo nacional porque se ha consagrado como máxima de conducta “el que no transa no avanza”, epitomizada  en el fraude electoral de 2006, en la obscena compra de votos de Peña Nieto.  Porque se ha consagrado la corrupción como la única alternativa al fracaso: “el que no transa, fracasa”.

Tal vez la CONCACAF nos pueda regalar un campeonato. Pero ni el PNUD nos va a regalar niveles de desarrollo humano, ni la OCDE, potencial de desarrollo económico, ni Transparencia Internacional nos va a considerar menos corruptos.

Si el PRI había perdido ya toda su capacidad de dirección moral, de ética pública en este país, algunos esperaban que, dada su experiencia acumulada, pudiera reconstruir algo de la dirección intelectual. Con  Peña Nieto y su equipo hasta esto se ha perdido. La orientación hacia los negocios privados, las reformas para favorecer a unos cuantos carecen,  ahora muchos lo reconocen,  de la inteligencia financiera, económica, estratégica, elemental. 

Peña Nieto debe renunciar, por inepto y por corrupto. Pero no basta. Como no basta que renuncien el Piojo y toda la directiva de la FMF para aliviar un futbol infectado de lucro indebido. Es necesario que caiga el sistema de grupos de privilegio, de partidocracias que se ha apoderado de este país.  Que caiga ese edificio en cuya cúpula está ahora el PRI que fomenta el fracaso porque no combate la ineficiencia ni la corrupción, ni la complicidad, como la de quienes desde dentro del Estado colaboraron en el nuevo escape del Chapo..

 Es necesaria una nueva dirección intelectual y moral para este país. Que cultive un nuevo estado de ánimo y deje de premiar el fracaso. Que fomente la honestidad, la eficiencia, la austeridad. ¿De dónde va a surgir? De abajo, de la ciudadanía consciente, organizada. Pero también de en medio y de arriba, de dirigencias honestas, comprometidas con el Pueblo de México. De la comunicación, del reconocimiento mutuo entre todas y todos quienes resisten al país de las  mafias, a  la  Nación de la transa.

Es lo que nos urge en todos los ámbitos…hasta en el futbol.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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