Opinión

Gabriel Gómez Michel por Kamel Athié

La semana que recién concluyó, hubo luto para la cámara de diputados, porque uno de sus integrantes fue arteramente asesinado junto con su chofer. Aunque los temas que se discutieron en tribuna no fueron relevantes, la actividad fue intensa por la comparecencia de connotados funcionarios federales, en virtud de la glosa del segundo informe del Presidente de la República. En el ambiente predominaba la tristeza, el dolor, la indignación e incertidumbre.

El tema central entre los líderes de las fracciones parlamentarias y las diputadas y diputados de todos los partidos, era la misteriosa muerte de Gabriel Gómez Michel, legislador por Jalisco quién no era ciertamente protagónico, ni al interior de su bancada y menos aún en el contexto de los 500 diputados que integran la LVII legislatura; se distinguió por su carácter afable y sencillo, con gran facilidad para socializar y su pensamiento universal e incluyente.

Las virtudes de Gabriel eran las relacionadas con la calidad humana y enorme compromiso hacia quienes votaron por él; su puntualidad y formalidad en los asuntos legislativos vinculados a las comisiones de Derechos Humanos, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la de Ganadería. Como muy pocos, era de los que tenían mayores récords de asistencia, tanto en las reuniones previas, como en las votaciones del pleno, siempre presente…puntual y ocupando su curul.

Como miles de mexicanos pueblerinos, nuestro compañero surgió de familias campesinas, en las cuales los padres se esmeran por la superación de sus hijos y hacen todo para que se conviertan en profesionistas y gentes de bien… nuestro Gabriel supo responderles a sus padres y a su comunidad…se convirtió en médico pediatra egresado de la U de G.

Regresó a su pueblo, El Grullo Jal. ubicado al sur del Estado, de clima húmedo muy favorable para el cultivo y aprovechamiento de la caña de azúcar, en el distrito de riego Autlán-El Grullo, del cual era productor y defensor de la actividad de la que viven miles de familias, sujetas a los vaivenes del mercado y por lo tanto a la inseguridad en los ingresos. Sin embargo GGM siempre se sintió orgulloso de ser del Grullo y cañero, a donde volvió para poner en práctica sus conocimientos como galeno y servir a la comunidad, atendiendo niños pobres sin cobrarles…no tenía dinero, pero si muchas satisfacciones y gente que lo quería.

Como con muchos otros diputados, tuve el privilegio de ser amigo y convivir con tan admirable mexicano, lo acompañé a su pueblo para contribuir a la solución de problemas de agua potable y saneamiento en comunidades rurales y viajé en la camioneta donde fue sacrificado con su chofer que era su amigo… no traía escolta. Su plática versaba en torno a su familia y a la situación tan crítica que experimenta el gremio cañero.

Por todo lo dicho, surgen obligadamente una serie de interrogantes: ¿Cómo no va a causar consternación esa muerte tan horrenda? ¿Qué pecado o falta pudo haber cometido un hombre aparentemente tranquilo, sin angustias que reflejaba felicidad? ¿Cuál es el móvil del crimen? ¿Por qué tanta saña? Dadas las evidencias del “Levantón” con un “operativo” de varios vehículos y gran despliegue de sicarios, así como la forma en que sacrificaron a ambos, queda claro que no fue para robarlo o secuestrarlo…”iban por él” con el propósito claro de ejecutarlo, muy al estilo del crimen organizado.

En este tipo de asuntos siempre hay información para iniciar las pesquisas y dar con los autores intelectuales y ejecutores, trabajo que deberá realizar la PGR al mando de un diputado federal con licencia, que es Jesús Murillo Karam, a quién los líderes parlamentarios le han encomendado este lamentable y espinoso caso.

La curul de Gabriel Gómez Michel hasta ayer lucía vacía… pronto llegará su suplente, pero en el corazón y pensamiento de muchas diputadas y diputados, quedará para siempre la figura jovial y amable de tan admirable mexicano que será recordado en su tierra por sus generosas acciones.

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.