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Opinión

García Luna, más allá de un show. Por Caleb Ordóñez T.

Caleb Ordóñez T.

Caleb Ordoñez Talavera

“Te quiero”, le decía el detenido a su esposa quien, con lágrimas, respondía el gesto poniéndose la mano en el corazón.

Los guardias de seguridad y su abogado acompañaban a Genaro García Luna a los separos de la corte, para luego ser llevado a la prisión donde está hospedado desde diciembre del 2019.

El juicio del exfuncionario se ha convertido, en pocos días, en el mayor generador de notas, por los interesantes relatos que han sido dados a conocer.

García Luna fue el creador de la “guerra contra el narcotráfico”, lo cual le hizo ser considerado uno de los hombres más poderosos de México. Nunca ocultó su intención de sobrepasar los asuntos de seguridad para catapultarse a la política e, incluso, en los pasillos de Los Pinos se hablaba que buscaba reemplazar a su jefe Felipe Calderón en la Presidencia de la República, abanderado por su partido, el PAN.

Desde su juicio público, en Nueva York, se presentarán diariamente las pruebas que tiene en sus manos la fiscalía para condenar al mexicano.

Estados Unidos asegura tener un millón 200,000 páginas de documentos, 7,000 grabaciones; relatos de decenas de testigos que pertenecieron a distintos grupos delincuenciales que lo señalan como operador y beneficiario directo del negocio del narcotráfico.

Quien tiene la responsabilidad en sus manos, de la vida de García Luna, es un juez conocido por los capos de la mafia; su nombre es Brian Cogan, quien presidió el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

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Opinión

Legalizar el espionaje: La nueva tentación de MORENA

Lic. Jacques A. Jacquez

La reforma a la Ley del Sistema de Inteligencia —es decir, la llamada “ley espía”—, junto con la reciente propuesta del gobierno federal para crear una curva biométrica, no pueden entenderse como hechos aislados. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Se trata de una estrategia cuidadosamente diseñada como parte de una política pública orientada a recolectar datos sensibles de la población.

¿Y por qué podemos suponer que estos datos podrían utilizarse de forma indebida? Porque ya ha ocurrido. Porque ha sido una práctica constante de este gobierno emplear información personal para exhibir, ridiculizar o amedrentar a quienes disienten. Desde la conferencia mañanera, hemos visto al expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mostrar estados de cuenta bancarios, declaraciones fiscales y otros datos sensibles de personas que él mismo ha etiquetado como adversarios o enemigos políticos.

Los casos de espionaje y uso indebido de información personal por parte de gobiernos emanados de Morena son cada vez más evidentes. En la Ciudad de México, la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy solicitó, sin orden judicial, registros telefónicos de políticos de oposición como Santiago Taboada y Lilly Téllez, en lo que diversos medios calificaron como espionaje ilegal. En Campeche, la gobernadora Layda Sansores difundió audios editados de figuras políticas en su programa oficial, sin esclarecer el origen de esas grabaciones. A nivel federal, el propio presidente López Obrador ha revelado públicamente datos fiscales y bancarios de adversarios políticos como Xóchitl Gálvez, violando su derecho a la privacidad. Además, investigaciones de organizaciones como Citizen Lab y Amnistía Internacional han documentado el uso del software Pegasus por parte del Ejército mexicano durante este sexenio para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. Todos estos hechos reflejan un patrón preocupante: el uso del aparato del Estado para vigilar, intimidar y exhibir a quienes piensan distinto.

Esas personas, que deberían estar protegidas por el Estado, hoy son objetivos institucionalizados. Se han convertido en blancos prioritarios en un intento por silenciar voces críticas e inhibir el disenso. Lo que antes era una práctica excepcional —el espionaje selectivo, el uso encubierto de información— hoy amenaza con convertirse en norma. Se pretende legalizar la posibilidad de que el Estado mexicano espíe a sus ciudadanos.

Y eso es lo verdaderamente grave: ya no se trata de prácticas oscuras que debían ocultarse, sino de disposiciones que se buscan justificar con argumentos de seguridad o eficiencia gubernamental, mientras se normaliza la violación a la privacidad. Se institucionaliza el espionaje como si fuera parte natural de la vida democrática.

Es cierto: ningún país está exento del uso de la inteligencia estatal. No ocurre solo en México; es una realidad global. Pero aquí estamos yendo más lejos: estamos permitiendo que se convierta en ley. Le estamos abriendo la puerta a la vigilancia permanente, a la intervención de nuestras comunicaciones, a la recopilación masiva de datos biométricos. Y todo esto, sin las garantías adecuadas, sin controles, sin transparencia.

Nos enfrentamos a un punto de quiebre. No es un tema técnico ni menor. Es una clara violación a los derechos humanos. Y lo más peligroso: lo estamos normalizando.

Frente a ello, es nuestra responsabilidad seguir alzando la voz. No es lo correcto. No es lo legal. Y, sobre todo, no es lo que un Estado democrático debe permitir.

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