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Gobernación, tajante con gobernadores: semáforo de reapertura será federal

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De cara al regreso a la nueva normalidad, después del confinamiento por la epidemia, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador quiere llevar el control de un semáforo general que le indique a las entidades federativas cuándo y cómo regresar a sus actividades, contrario a lo que han manifestado gobernadores.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue la encargada de responder a las intenciones de diversos mandatarios, quienes, desde la semana pasada, han planteado una estrategia propia, acorde con la ley y obedeciendo lo que dictaminen los consejos de salubridad en cada entidad, pero en una clara desobediencia al plan trazado desde Palacio Nacional.

“No podemos tener consideraciones de semáforos locales porque entonces sería una descoordinación total en nuestro país”, dijo ayer la secretaria de Gobernación durante una videoconferencia, al término de la reunión que sostuvo con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en la que también participaron el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, así como el subsecretario Hugo López-Gatell.

Dichas afirmaciones van en contra de la postura que emitieron distintos mandatarios en comunicados y en redes sociales, que dejan ver que no existe coordinación alguna entre las entidades y el Ejecutivo, ni una fecha para la reapertura.

Por ejemplo, en su calidad de coordinador de la Comisión de Salud de la Conago, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, pidió a los funcionarios del sector salud que se les explique el plan de reactivación económica, pero dijo que la reactivación del lunes 1 de junio sería de forma escalonada y acorde al semáforo que presentaría la Federación. Lo mismo Martín Orozco, quien aseguró que Aguascalientes ya está listo para la reapertura.

En sentido contrario se expresó Cuauhtémoc Blanco, de Morelos, quien detalló que en su entidad aún se encuentra en foco rojo.

Lo mismo el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, quien indicó a la prensa local que “para el 1 de junio sólo está aprobada la reactivación de las actividades primarias y la construcción, cumpliendo con los protocolos de la nueva normalidad. Es indispensable seguir con las medidas de aislamiento e informarse en fuentes oficiales”.

El presidente de la Conago, Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur, no precisó una fecha ni aclaró quién llevará la batuta.

Las contradicciones se suman a la postura de los siete gobernadores que apenas el viernes consolidaron la reunión interestatal por COVID-19, en la que manifestaron no seguirían el semáforo nacional para la reactivación económica, así como el decreto de Miguel Barbosa en Puebla, con el que busca impedir el reinicio de actividades de la industria automotriz a partir del 1 de junio.

Sin embargo, aunque la secretaria advirtió que sólo debe de haber un semáforo, existen gobernadores que ya están que “se les cuecen las habas” por reactivar sus economías.

“En este sentido, la respuesta es tajante, el semáforo es federal”, advirtió la secretaria Olga Sánchez.

Fuente: El Financiero

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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