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México

Gobernador de Chiapas inaugura hospitales para la foto y después los cierra

El pasado 11 de mayo de este año, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, y el Secretario de Salud, José Narro inauguraron un nuevo hospital en el municipio de Yajalón, el cual tuvo un costo de 530 millones de pesos, mismo que beneficiaría a más de 300 mil ciudadanos, quienes finalmente podrían acceder a servicios de salud dignos y de calidad.
Sin embargo el hospital, ubicado en una de las regiones más pobres de México, dejó de funcionar: los doctores desaparecieron, se llevaron los aparatos y finalmente el hospital cerró. Esto solamente a tres semanas de que fuera abierto.
Lo anterior fue confirmado por el secretario de salud de Chiapas, Francisco Ortega, quien dijo que el hospital está cerrado, y aunque formalmente fue inaugurado, aún quedan por terminar varias etapas del mismo.
Ortega comentó que esta clínica comenzará a funcionar al 100 por ciento hasta el próximo 18 de julio, dos meses después de que fuera inaugurado por el gobernador y el secretario de Salud.
Pese a ello, el caso del hospital de Yajalón no es el único, ya que existen al menos 31 en todo el estado que no dan servicio.
Sobresale que en el municipio de Oxchuc, ubicado a dos horas de Yajalón, desde el sexenio pasado se comenzó a construir el Hospital Básico Comunitario, que habría de servir para desahogar la demanda que enfrenta el hospital local, el cual aún no está en operaciones.
Se supone que esta clínica atendería la demanda de partos y cirugías, pero como no sirve las mujeres que presentan complicaciones con su parto deben irse directamente a San Cristóbal de las Casas, a dos horas de distancia de Oxchuc.
Otro de estos casos es el hospital de Huixtán, en donde los doctores sólo dan consulta de las 8 de la mañana a las 2:30 de la tarde, y eso sólo porque los pobladores presionaron al presidente municipal para que los contratara, aunque ellos se quejan que no cuentan con equipo médico ni medicamentos.
En este edificio se han invertido 21.5 millones de pesos, y pese a que el gobernador ha prometido que “pronto” lo inaugurará, no hay presupuesto asignado para su equipamiento.
Además de estos, se encuentra el centro de salud ubicado a un costado del Hospital Gómez Maza, en Tuxtla Gutiérrez, que también está cerrado, mismo caso que el Centro de Vacunología de San Cristóbal de las Casas.
La justificación que da la Secretaría de Salud del estado es que estas clínicas están cerradas debido a la falta de dinero para poder equiparlas o contratar personal para su funcionamiento. Sólo para la contratación del personal se necesitan 350 millones de pesos al año, cantidad que en teoría se encuentran “gestionando” con el gobierno federal.

Fuente: Animal Político

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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