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Gobierno actuó tarde en epidemia de COVID-19: organización reporta impactos económicos y de salud

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La respuesta del gobierno federal a la pandemia de COVID-19 fue tardía y deficiente, de acuerdo con el reporte de la organización Signos Vitales, quien afirmó que hubo un rechazo a recomendaciones y medidas hechas por sociedad civil y por el sector privado.

En un reporte dado a conocer este 9 de julio, la organización señala que si bien la crisis por COVID-19 no es responsabilidad del gobierno mexicano, su respuesta sí lo es.

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“Las medidas que éste ha tomado no son acordes con los retos originados por la pandemia”, asegura el reporte que también hace una evaluación del impacto sanitario y económico que atraviesa México debido a la epidemia.

Entre las críticas que hace a la estrategia del gobierno están que al presidente Andrés Manuel López Obrador le tomó 20 días establecer la primera sesión del Consejo de Salubridad General después del primer contagio detectado en México, “ignorando el contexto de los escenarios sanitarios internacionales, así como las restricciones y advertencias que prácticamente todos los países del mundo estaban implementando”.

El informe asegura que ni el gobierno federal a través de las autoridades sanitarias, ni el mismo CSG tuvieron la “suficiente coordinación con el sector privado” para resistir la contracción económica y el impacto sanitario del virus.

“No se establecieron medidas severas para aislar a pacientes o sus contactos, ni tampoco para hacer efectivo el confinamiento social. La política al respecto fue de ‘recomendación’ solamente y no de contener severamente la movilidad”, criticó Signos Vitales.

La organización tomó como ejemplos de malas decisiones autorización por parte del gobierno de la Ciudad de México realizar el 13 y 14 de marzo el concierto Vive Latino, y a los 10 días decretar la fase dos de la pandemia que llamaba al distanciamiento social.

Sostuvo que el gobierno quedó atrapado en la disyuntiva entre economía y salud, con el resultado de una pandemia que queda fuera de control y las actividades económicas descoordinadas.

“Ante la peor pandemia de los últimos cien años, se debió haber contado con un minucioso protocolo de actuación y aseguramiento de implementación de políticas, con medidas de seguimiento mucho más estrictas, severas y eficaces. A pesar de la información de reciente creación en torno a la COVID-19 que se menciona en la tabla anterior, no existe un documento, no por lo menos público, en donde se realicen recomendaciones sobre el manejo administrativo, presupuestal, de datos e indicadores y de prospectiva, en lo que refiere a la pandemia”, indicó.

Signos Vitales destacó que aunque no existe una metodología exitosa para diagnosticar y controlar la enfermedad de COVID-19, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) llamó a acelerar la aplicación de pruebas para detectar los contagios y tomar las medidas pertinentes, pero “esa opción no se siguió y parece ya tardía para el país”.

Al mismo tiempo criticó las “graves fallas en la comunicación” por parte del gobierno y del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell por contradicciones e información confusa en los mensajes que se enviaron a la ciudadanía.

“Los mensajes encaminados hacia la población han sido contradictorios durante todo este tiempo y nada señala que vayan a dejar de serlo en los meses por venir. Ello crea incertidumbre sobre el actuar de la población y un cuestionamiento fuerte sobre cuándo realmente llegaremos a reducir el número de contagios”, expuso.

Incluso, señaló que las limitaciones del Modelo Centinela sumadas al subregistro natural de las cifras de casos y defunciones generó desconfianza en la información oficial.

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Respuesta económica
Signos Vitales estimó que factores como el consumo desacelerado hasta decrecimiento, los subejercicios del gasto del gobierno federal, la inversión desincentivada, la incertidumbre en la toma de decisiones, así como la cancelación de proyectos, y la “continuada corrupción” afectaron la situación económica con la llegada de la epidemia.

Cuestionaron que la decisión del presidente López Obrador se haya basado solo en dos premisas: que no habría más deuda y no se rescatarían empresas de ningún tamaño, solo apoyo a familias.

“Esa fue toda la respuesta económica a la pandemia por parte del gobierno federal. Por el contrario, el Banco de México actuó con mayor decisión y fuerza. Era imperioso evitar que la crisis de oferta y demanda de bienes y servicios contagiara al sistema financiero”, expuso.

La organización insistió en que la ausencia de medidas de emergencia por parte del gobierno federal para sostener los niveles de ingreso y de empleo, “ha condenado a la economía y la sociedad a una crisis que se prolongará por años”.

Además, advierte que habrá al menos 10 millones de mexicanos en pobreza extrema adicionales a los que había en 2018; que la brecha digital será un motor de desigualdad pese a los esfuerzos de la Secretaría de Educación Pública por mantener las clases en el nivel básico; y que la violencia contra las mujeres se ha agudizado durante el confinamiento, pese a que el presidente lo ha minimizado.

Fuente: Animal Político

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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