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Gobierno actuó tarde en epidemia de COVID-19: organización reporta impactos económicos y de salud

La respuesta del gobierno federal a la pandemia de COVID-19 fue tardía y deficiente, de acuerdo con el reporte de la organización Signos Vitales, quien afirmó que hubo un rechazo a recomendaciones y medidas hechas por sociedad civil y por el sector privado.

En un reporte dado a conocer este 9 de julio, la organización señala que si bien la crisis por COVID-19 no es responsabilidad del gobierno mexicano, su respuesta sí lo es.

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“Las medidas que éste ha tomado no son acordes con los retos originados por la pandemia”, asegura el reporte que también hace una evaluación del impacto sanitario y económico que atraviesa México debido a la epidemia.

Entre las críticas que hace a la estrategia del gobierno están que al presidente Andrés Manuel López Obrador le tomó 20 días establecer la primera sesión del Consejo de Salubridad General después del primer contagio detectado en México, “ignorando el contexto de los escenarios sanitarios internacionales, así como las restricciones y advertencias que prácticamente todos los países del mundo estaban implementando”.

El informe asegura que ni el gobierno federal a través de las autoridades sanitarias, ni el mismo CSG tuvieron la “suficiente coordinación con el sector privado” para resistir la contracción económica y el impacto sanitario del virus.

“No se establecieron medidas severas para aislar a pacientes o sus contactos, ni tampoco para hacer efectivo el confinamiento social. La política al respecto fue de ‘recomendación’ solamente y no de contener severamente la movilidad”, criticó Signos Vitales.

La organización tomó como ejemplos de malas decisiones autorización por parte del gobierno de la Ciudad de México realizar el 13 y 14 de marzo el concierto Vive Latino, y a los 10 días decretar la fase dos de la pandemia que llamaba al distanciamiento social.

Sostuvo que el gobierno quedó atrapado en la disyuntiva entre economía y salud, con el resultado de una pandemia que queda fuera de control y las actividades económicas descoordinadas.

“Ante la peor pandemia de los últimos cien años, se debió haber contado con un minucioso protocolo de actuación y aseguramiento de implementación de políticas, con medidas de seguimiento mucho más estrictas, severas y eficaces. A pesar de la información de reciente creación en torno a la COVID-19 que se menciona en la tabla anterior, no existe un documento, no por lo menos público, en donde se realicen recomendaciones sobre el manejo administrativo, presupuestal, de datos e indicadores y de prospectiva, en lo que refiere a la pandemia”, indicó.

Signos Vitales destacó que aunque no existe una metodología exitosa para diagnosticar y controlar la enfermedad de COVID-19, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) llamó a acelerar la aplicación de pruebas para detectar los contagios y tomar las medidas pertinentes, pero “esa opción no se siguió y parece ya tardía para el país”.

Al mismo tiempo criticó las “graves fallas en la comunicación” por parte del gobierno y del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell por contradicciones e información confusa en los mensajes que se enviaron a la ciudadanía.

“Los mensajes encaminados hacia la población han sido contradictorios durante todo este tiempo y nada señala que vayan a dejar de serlo en los meses por venir. Ello crea incertidumbre sobre el actuar de la población y un cuestionamiento fuerte sobre cuándo realmente llegaremos a reducir el número de contagios”, expuso.

Incluso, señaló que las limitaciones del Modelo Centinela sumadas al subregistro natural de las cifras de casos y defunciones generó desconfianza en la información oficial.

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Respuesta económica
Signos Vitales estimó que factores como el consumo desacelerado hasta decrecimiento, los subejercicios del gasto del gobierno federal, la inversión desincentivada, la incertidumbre en la toma de decisiones, así como la cancelación de proyectos, y la “continuada corrupción” afectaron la situación económica con la llegada de la epidemia.

Cuestionaron que la decisión del presidente López Obrador se haya basado solo en dos premisas: que no habría más deuda y no se rescatarían empresas de ningún tamaño, solo apoyo a familias.

“Esa fue toda la respuesta económica a la pandemia por parte del gobierno federal. Por el contrario, el Banco de México actuó con mayor decisión y fuerza. Era imperioso evitar que la crisis de oferta y demanda de bienes y servicios contagiara al sistema financiero”, expuso.

La organización insistió en que la ausencia de medidas de emergencia por parte del gobierno federal para sostener los niveles de ingreso y de empleo, “ha condenado a la economía y la sociedad a una crisis que se prolongará por años”.

Además, advierte que habrá al menos 10 millones de mexicanos en pobreza extrema adicionales a los que había en 2018; que la brecha digital será un motor de desigualdad pese a los esfuerzos de la Secretaría de Educación Pública por mantener las clases en el nivel básico; y que la violencia contra las mujeres se ha agudizado durante el confinamiento, pese a que el presidente lo ha minimizado.

Fuente: Animal Político

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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