El Gobierno de Chile se mostró hoy a favor de llevar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante la Corte Penal Internacional (CPI), en conjunto con otros países para que ese organismo investigue las violaciones a los derechos humanos que sufre ese país.
«La idea es que seamos un conjunto de países los que presentemos este tema ante la Corte Penal Internacional para que investigue los casos de violaciones a los derechos humanos», precisó el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero en declaraciones a la radio local Cooperativa.
«El tema, en verdad, está siendo conversado desde hace cierto tiempo con otros países como Argentina, Colombia, Perú, Paraguay y Canadá», destacó el jefe de la diplomacia chilena.
El canciller de la nación austral recordó que «Chile fue el primer país de la región en respaldar que la Organización de Estados Americanos (OEA) presentara un informe de un grupo de expertos ante la Corte Penal Internacional».
Ampuero aseguró que el presidente Sebastián Piñera envió en su momento una carta muy clara al respecto al secretario general de la OEA, Luis Almagro.
«La situación en Venezuela no ha mejorado, por el contrario, sigue empeorando», remarcó.
En esta misma línea, el presidente argentino, Mauricio Macri, dijo este lunes que, probablemente con otros países suramericanos, pedirá a la CPI que investigue presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela por el Gobierno de Maduro.
«Es cierto. Está en proceso. A mi no me cabe ninguna duda de que en Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos, atropellando a la oposición y a los ciudadanos en general», señaló Macri en una entrevista emitida en la noche de este domingo por la cadena estadounidense CNN al ser consultado sobre si acudirá a la Corte Penal Internacional.
El mandatario argentino señaló que la solicitud se hará «en semanas» y que probablemente lo haga junto a Colombia, Chile y Paraguay.
Sostuvo que en la región «cada vez hay más consensos de tomar medidas más contundentes en el intento, hasta ahora frustrante, de ayudar a los hermanos venezolanos».
Con todo, reconoció que las medidas adoptadas hasta ahora por diversos países latinoamericanos respecto a Venezuela han tenido pocos efectos.
Por otra parte, dejo ver sus dudas respecto a la veracidad del supuesto atentado contra Maduro del pasado día 4.
«A la luz de cómo se comportó después, a quiénes allanó y a quiénes atropelló nuevamente de entre la oposición, a (Julio) Borges y a (María) Corina (Machado), demuestra que haya sido poco probable que el atentado haya sido en serio», señaló Macri.
La CPI, es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad.
La CPI tiene personalidad jurídica internacional, y no forma parte de las Naciones Unidas, aunque se relaciona con ella en los términos que señala el Estatuto de Roma, su norma fundacional. Tiene su sede en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos.
Campos de detención: el terrible plan de Trump contra los migrantes
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender las alarmas en el ámbito migratorio al adelantar un plan que, de concretarse, marcaría un giro radical en la política de deportaciones de Estados Unidos. Sus recientes declaraciones apuntan a la creación de un sistema masivo de detención y expulsión, respaldado por el ejército, lo que ya ha generado controversia entre expertos, activistas y políticos de todas las esferas.
Una emergencia nacional para deportaciones masivas
Trump, quien regresará a la Casa Blanca en 2025, reafirmó en la plataforma Truth Socialque su administración estaría preparada para declarar un estado de emergencia nacionalcon el objetivo de enfrentar lo que ha llamado «una invasión permitida por Joe Biden».
Esta declaración se suma a los comentarios de Tom Fitton, director de la organización conservadora Judicial Watch, quien sugirió que se utilizarían recursos militares para implementar un programa de expulsiones masivas. El expresidente respondió tajantemente: «¡Es verdad!».
El alcance de este plan incluye el despliegue de la Guardia Nacional y, si es necesario, tropas federales. «La Guardia Nacional debería ser capaz de encargarse de las deportaciones; si no, usaría el ejército», afirmó Trump en una entrevista con Time en abril.
Durante su presidencia, Trump endureció significativamente las políticas migratorias, pero sus nuevas propuestas revelan un nivel de agresividad sin precedentes. A esto se suma, la idea de establecer «campos de detención» en Texas, en donde se albergaría a los migrantes antes de ser deportados.
Texas ofrece tierras para la construcción de campos de detención masiva
La comisionada de la Oficina General de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, ha propuesto una medida que podría convertirse en el primer paso hacia la creación de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.
En una carta dirigida al presidente electo Donald Trump, Buckingham ofreció al gobierno 567 hectáreas de tierra ubicadas en el condado de Starr, cerca de Rio Grande City, para la construcción de instalacionesdestinadas a procesar, detener y deportar a migrantes de manera masiva.
Este terreno, que actualmente se utiliza para cultivos agrícolas como cebollas, canola y maíz, sería destinado a albergar campos de detención, una propuesta que ha generado gran controversia en medio del debate migratorio.
Buckingham destacó que la Oficina General de Tierras de Texas está lista para colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales para hacer realidad este proyecto, el cual se alinea con los planes de Trump para reforzar las políticas de deportación y control fronterizo.
Sheinbaum reacciona a deportaciones masivas y campos de detención
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su desacuerdo con laspolíticas migratorias propuestas por Donald Trump, especialmente en relación con la posible deportación masiva de migrantes y la construcción de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.
Durante su conferencia de prensa mañanera, Sheinbaum destacó que su gobierno no acepta que los migrantes sean tratados como criminales, subrayando que existen instituciones de justicia para abordar estos temas de manera adecuada.
«Primero, evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales, para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo», afirmó la mandataria, quien también enfatizó la relevancia de la contribución de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos.
En este sentido, Sheinbaum detalló que su administración tiene cuantificados los beneficios que estos migrantes aportan al país vecino, tanto a nivel laboral como en términos de impuestos.
Como parte de las preparaciones para un posible cambio de administración en Estados Unidos, Sheinbaum informó que su gobierno trabaja en un plan para enfrentar la eventualidad de deportaciones, asegurando que, en caso de que se den, México está listo para recibir a los connacionales deportados.
«En caso de que hubiera deportaciones nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos, tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar previo a ello que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales, que al contrario, benefician incluso la economía de Estados Unidos», añadió.
Además, la mandataria anunció que, en los próximos días, se celebrará una reunión con su gabinete para definir los temas clave que se tratarán con el equipo de Trump una vez que este asuma la presidencia, entre los que se incluyen la seguridad, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como cuestiones culturales y de amistad bilateral.