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México

Gobierno de Mancera habría pagado 41 mdp a empresas fantasma para combatir violencia de género

Un reportaje del noticiero En Punto, de Televisa, dio a conocer que durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, se les pagó 41 millones de pesos a empresas fantasma para implementar estrategias contra la violencia hacia las mujeres
Las dependencias involucradas fueron la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, la Escuela de Administración Pública y el Instituto de las Mujeres local, quienes contrataron de manera directa a personas físicas y empresas para atender la problemática. Sin embargo, un recorrido de reporteros de En Punto por los domicilios que se proporcionaron en los contratos reveló que las empresas a las se les hizo pagos millonarios no existen.

En mayo de 2016, Mancera Espinosa presentó el silbato rosa para prevenir conductas acosadoras y de hostigamiento sexual hacia las mujeres en el transporte público capitalino.

El gobierno capitalino invirtió más de 11 millones de pesos en la compra de 150 mil 952 silbatos, en una estrategia que no funcionó.

Dos meses antes de que concluyera la gestión de Mancera, su administración gastó más de 41 millones de pesos en programas de capacitación y estrategias para prevenir la violencia contra las mujeres, pero dichos programas no se aplicaron y otros no existen.

El 10 de octubre de 2018, la Secretaría de Gobierno firmó un contrato de 9 millones 999 mil 988 pesos con Alejandro Pantoja Chávez para comprar «mil botones de pánico para la localización de mujeres en riesgo de ser víctimas de violencia feminicida y para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres que permita su localización durante 24 horas del día, los 365 días del año”.

A la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX ) le entregaron 650 botones de pánico, marca Mietrack, que no se pueden usar.

“Requerimos que el área técnica nos elabore el dictamen, ya están trabajando en él, ya se está trabajando en ese dictamen que nos permita identificar la funcionalidad o no de estos dispositivos […]. No tenemos hasta este momento garantizado ese óptimo funcionamiento, por eso es que no hemos procedido a su entrega”, explicó Nelly Montealegre, subprocuradora de Atención a Víctimas de la PGJCDMX .

Cada dispositivo móvil, con GPS de rastreo portátil y con garantía de dos años tuvo un costo de 9 mil 99 pesos. Los aparatos se compraron a sobreprecio. En la página de internet de la marca Mietrack se pueden adquirir dispositivos móviles con botón de alarma y GPS, que se ofrecen entre 900 pesos y mil 500 pesos cada uno.

La Secretaría de Gobierno capitalina también firmó un contrato de 8 millones 984 mil pesos con la empresa «KJD ideas creativas S.A de C.V», representada por Eduardo Ruiz Nava, «para la puesta en marcha de acciones de publicidad (…) para atender el procedimiento de solicitud de alerta de violencia de genero para la Ciudad de México”.

En el domicilio que señala el contrato trabajan diversas organizaciones no gubernamentales que se dedican a implementar programas de desarrollo comunitario en zonas rurales de puebla.

Eduardo Ruiz Nava se encuentra en Chingnahuapan, Puebla. Representa a la fundación Luis María Martínez y se dedica a capacitar a comunidades en la siembra de hortalizas.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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