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México

Gobierno exhibió a tres jueces por supuestamente favorecer a delincuentes como “El Güero” Palma

Una vez más, el gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador, exhibió a jueces y magistrados que presuntamente favorecieron a delincuentes. En la lista presentada este martes destacó el nombre de Cecilia Crockman Flores, quien fue señalada por ordenar la liberación de Héctor El Güero Palma Salazar.

Durante la tradicional conferencia matutina, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, dio a conocer los nombres de los jueces y magistrados que destacaron por supuestamente ayudar a algunos criminales.

De acuerdo con la información, el 17 de mayo del presente año, Cecilia Crockman, encargada del despacho del Juzgado de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en Iguala, Guerrero, decretó auto de libertad al cofundador del Cártel de Sinaloa, por prescripción de la acción penal por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de nueve personas, ordenando su libertad en un plazo de tres horas.

El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, reveló los nombres de jueces y magistrados. (Foto: Tomada de video/Presidencia)
El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, reveló los nombres de jueces y magistrados. (Foto: Tomada de video/Presidencia)

Sin embargo, será necesario recordar que, actualmente el Güero Palma se mantiene preso en el penal del Altiplano, localizado en el Estado de México por otra causa penal.

Rodríguez Bucio también destacó el caso de José de Jesús Rodríguez Hernández, quien se desempeña como juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del estado de Guanajuato, quien pidió liberar a Guadalupe Israel “N”, alías “El Choncho” y sus cómplices.

Según las averiguaciones, este juez ordenó la libertad de “El Choncho” y siete de sus cómplices el 26 de mayo de 2023, a pesar de ser detenido en flagrancia durante un cateo, así como en posesión de cocaína, marihuana y metanfetamina y posesión de cartuchos para armas de uso exclusivo del Ejército.

El subsecretario de Seguridad Ciudadana también exhibió a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien funge como actual Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, así como la magistrada Gabriela Rolón Montaño, secretaria Ejecutiva de Disciplina del CJF, ellas fueron expuestas por una queja contra la jueza de distrito de Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez de Aguascalientes.

Se trata del caso de desaparición de José Francisco “N”, un pepenador que fue detenido en diciembre de 2018 por elementos de la Fiscalía y escoltas del ex gobernador, Martín Orozco, actualmente desaparecido.

Según los datos, el 17 de mayo de 2023, la ministra y la magistrada desecharon una queja administrativa, que fue promovida contra la jueza Beatriz Eugenia Álvarez, quien ha sostenido criterios periciales, beneficiando a los 4 presuntos responsables (René “N”, Gerardo Omar “N”, Pablo “N” y Víctor “N”) de la desaparición forzada de José Francisco “N”.

Otro detenido por este hecho es Jaime “N”, se suicidó de manera sospechosa en 2019, en su celda en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Aguascalientes, y todavía faltan algunas personas por detener por el mismo caso.

De acuerdo con el gobierno de AMLO, las actuaciones de la jueza Álvarez Rodríguez, podrían absolver a los procesados de este delito de desaparición forzada de José Francisco “N”.

Será necesario recordar que cofundador del Cártel de Sinaloa, quien se mantiene en prisión, fue notificado por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) el 18 de mayo, debido a su presunta participación en el homicidio registrado en diciembre del año 2000, en contra de Juan Castillo Alonso, quien se desempeñó como subdirector del penal de Puente Grande Jalisco.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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