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Gobierno exhibió a tres jueces por supuestamente favorecer a delincuentes como “El Güero” Palma

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Una vez más, el gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador, exhibió a jueces y magistrados que presuntamente favorecieron a delincuentes. En la lista presentada este martes destacó el nombre de Cecilia Crockman Flores, quien fue señalada por ordenar la liberación de Héctor El Güero Palma Salazar.

Durante la tradicional conferencia matutina, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, dio a conocer los nombres de los jueces y magistrados que destacaron por supuestamente ayudar a algunos criminales.

De acuerdo con la información, el 17 de mayo del presente año, Cecilia Crockman, encargada del despacho del Juzgado de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en Iguala, Guerrero, decretó auto de libertad al cofundador del Cártel de Sinaloa, por prescripción de la acción penal por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de nueve personas, ordenando su libertad en un plazo de tres horas.

El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, reveló los nombres de jueces y magistrados. (Foto: Tomada de video/Presidencia)
El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, reveló los nombres de jueces y magistrados. (Foto: Tomada de video/Presidencia)

Sin embargo, será necesario recordar que, actualmente el Güero Palma se mantiene preso en el penal del Altiplano, localizado en el Estado de México por otra causa penal.

Rodríguez Bucio también destacó el caso de José de Jesús Rodríguez Hernández, quien se desempeña como juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del estado de Guanajuato, quien pidió liberar a Guadalupe Israel “N”, alías “El Choncho” y sus cómplices.

Según las averiguaciones, este juez ordenó la libertad de “El Choncho” y siete de sus cómplices el 26 de mayo de 2023, a pesar de ser detenido en flagrancia durante un cateo, así como en posesión de cocaína, marihuana y metanfetamina y posesión de cartuchos para armas de uso exclusivo del Ejército.

El subsecretario de Seguridad Ciudadana también exhibió a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien funge como actual Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, así como la magistrada Gabriela Rolón Montaño, secretaria Ejecutiva de Disciplina del CJF, ellas fueron expuestas por una queja contra la jueza de distrito de Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez de Aguascalientes.

Se trata del caso de desaparición de José Francisco “N”, un pepenador que fue detenido en diciembre de 2018 por elementos de la Fiscalía y escoltas del ex gobernador, Martín Orozco, actualmente desaparecido.

Según los datos, el 17 de mayo de 2023, la ministra y la magistrada desecharon una queja administrativa, que fue promovida contra la jueza Beatriz Eugenia Álvarez, quien ha sostenido criterios periciales, beneficiando a los 4 presuntos responsables (René “N”, Gerardo Omar “N”, Pablo “N” y Víctor “N”) de la desaparición forzada de José Francisco “N”.

Otro detenido por este hecho es Jaime “N”, se suicidó de manera sospechosa en 2019, en su celda en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Aguascalientes, y todavía faltan algunas personas por detener por el mismo caso.

De acuerdo con el gobierno de AMLO, las actuaciones de la jueza Álvarez Rodríguez, podrían absolver a los procesados de este delito de desaparición forzada de José Francisco “N”.

Será necesario recordar que cofundador del Cártel de Sinaloa, quien se mantiene en prisión, fue notificado por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) el 18 de mayo, debido a su presunta participación en el homicidio registrado en diciembre del año 2000, en contra de Juan Castillo Alonso, quien se desempeñó como subdirector del penal de Puente Grande Jalisco.

México

Detienen a exfuncionario penitenciario por desvío millonario ligado a empresas de Álvarez Puga

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Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector de Desarrollo Tecnológico del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), fue detenido por autoridades federales por su presunta participación en un desvío millonario de recursos destinados al sistema penitenciario federal.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura se realizó el jueves, aunque no se precisó el lugar ni el destino al que fue trasladado. En el registro oficial se describe al detenido como un hombre de 1.63 metros de estatura, tez morena clara, barba y cabello entrecano, sin tatuajes visibles. Al momento de su detención vestía pantalón de mezclilla, playera color vino, chamarra café, botas grises y gorra del mismo tono.

Pérez Rodríguez es uno de los 61 exservidores públicos contra quienes se giraron órdenes de aprehensión en mayo de 2023. Entre los señalados también se encuentra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, así como diversos exmandos del sistema penitenciario federal. A todos se les imputan los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía General de la República acusa a Pérez Rodríguez de participar en el desvío de 2 mil 950 millones de pesos mediante empresas factureras presuntamente relacionadas con Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la actriz y conductora Inés Gómez Mont, quien fue detenido en Miami, Estados Unidos. La investigación se centra en presuntas irregularidades en la administración de recursos asignados a los penales federales del país.

En la lista de implicados también figuran Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del OADPRS entre 2015 y 2016; Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; Emmanuel Castillo Ruiz, extitular de la Coordinación General de Centros Federales; y Jorge Arnaldo Nava López, exdirector del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del desaparecido organismo.

El caso forma parte de una investigación de mayor alcance sobre el manejo de recursos públicos en el sistema penitenciario federal. Las autoridades mantienen abierta la indagatoria y no han informado aún sobre la situación jurídica del detenido ni sobre las acciones que seguirán en el proceso.

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