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México

Gobierno federal enviará fuerzas especiales a Sinaloa para contener violencia

Autoridades federales y de Sinaloa acordaron hoy el reforzamiento de la seguridad en la entidad, luego de semanas de enfrentamientos entre facciones criminales.

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, dijo que en la región se incrementará, »de manera significativa, el número de elementos del Ejército y Guardia Nacional».

Por su parte, la Guardia Nacional llevará a cabo funciones de proximidad social y asistencia ciudadana en los eventos culturales, deportivos y artísticos que se realizarán en los próximos días en Culiacán, capital del estado.

En Sinaloa se desplegará también una compañía de fuerzas especiales que operará con el fin de disminuir los homicidios dolosos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reforzará »las acciones de inteligencia e investigación con la integración de células de trabajo y equipos multidisciplinarios».

Reunión de Harfuch con Rocha

Miembros del gabinete de seguridad del Gobierno federal se reúnieron esta tarde en Sinaloa con el gobernador Rubén Rocha Moya, para revisar la situación de violencia en el Estado y definir acciones conjuntas.

A las 14:00 horas (tiempo del centro de México), arribaron a Culiacán, Sinaloa, los secretarios de Seguridad Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo.

Como anunció Harfuch en la conferencia mañanera, los funcionarios sostuvieron una mesa de trabajo con el gobernador, en medio de la ola de violencia en Sinaloa por la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa.

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Los funcionarios, junto con el gobernador, supervisaron las acciones coordinadas en materia de seguridad y realizaron recorridos en la ciudad.

Harfuch también anunció en Palacio Nacional que, como parte de la estrategia de seguridad del Gobierno federal, se implementará un plan de “intervención” en las seis entidades con mayor incidencia delictiva, entre ellas Sinaloa.

También las entidades de Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero y Jalisco.

“Dicho modelo también contempla el seguimiento a la vinculación a proceso de los objetivos detenidos y de sus bienes asegurados. Cabe resaltar que, en las entidades de mayor incidencia delictiva (…) hemos generado una estrategia de intervención para el combate a los delitos de alto impacto basada en la estrategia antes referida”, añadió Harfuch en la mañana.

El 5 de octubre pasado, Rocha anunció que buscaría sesionar con el gabinete de seguridad para definir estrategias que contengan la violencia que arreció a raíz de la detención en Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada.

La violencia en Sinaloa escaló a partir del 9 de septiembre; la pugna entre “Chapitos” y “Mayos” ha dejado más de 100 personas asesinadas, entre ellas personas inocentes y militares.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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