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México

Gobierno poblano circula una versión que criminaliza a familia atacada en la México-Puebla

La saña con la que se perpetró el asalto en la México-Puebla en el que fueron violadas dos mujeres y asesinado un bebé de dos años la madrugada del 2 de mayo, ha llevado a que las autoridades “investiguen el móvil del asalto como un ajuste de cuentas entre ladrones de hidrocarburo”, según información que hizo circular el Gobierno poblano entre los distintos medios locales.
La versión, sin embargo, criminaliza a las víctimas y es una salida de las autoridades, que no han dado una explicación de los hechos.
El ataque en la carretera México-Puebla provocó una ola de indignación por el aumento de la inseguridad no sólo en la zona centro sino en todo el país. Reclamaron tanto al Gobierno de Puebla como al del Presidente Enrique Peña Nieto por no garantizar la tranquilidad de los ciudadanos ni aún en las carreteras federales.
Fuentes judiciales dijeron a Periódico Central que la banda que atacó a la familia Vázquez se dedica al robo de hidrocarburo a Pemex y que operan desde la junta auxiliar de Tláloc –perteneciente al municipio de San Matías Tlalancaleca– hasta Santa Rita Tlahuapan. Lo mismo dijeron las fuentes a otros medios poblanos.
La línea de investigación que actualmente siguen las autoridades poblanas plantea que “los atacantes estuvieron a la caza de Hilario Vázquez Pérez y su familia, ya que tenían bien ubicada su camioneta Ford Ranger de color blanco en la que viajaban”.
Víctor Carrancá Bourget informó que la Fiscalía General de Justicia revisa las cámaras localizadas en la zona de la autopista México-Puebla para poder encontrar a los ocho responsables del ataque en contra de la familia Vázquez. Oficialmente, sin embargo, no confirmó la información que se hizo circular en la misma dependencia de manera extraoficial.
El asalto, violación de mujeres y asesinato de bebé en Puebla provoca coraje e indignación en ciudadanos
“Además, de los cinco integrantes de la familia únicamente el padre no fue atacado ni golpeado, por lo que se indaga el abuso sexual a su esposa y su hija de 14 años de edad, así como los golpes a su hijo mayor, como una venganza”, dijo una fuente judicial.
La versión es repetida en otros medios poblanos. Permitiría a las autoridades justificar el ataque como una “vendetta” o “venganza”, y no como un hecho violento que afecta a las decenas de miles de ciudadanos que utilizan esa autopista.
En el caso del homicidio del niño de dos años de edad, quien fue identificado como Elías, las primeras versiones de la Fiscalía señalan que a los agresores se les escapó un disparo al momento de forcejear con la madre.
Pero ninguna fuente oficial lo ha dijo así ante la prensa. Sólo fuentes extraoficiales.
De acuerdo a las fuentes consultadas por Periódico Central, la familia atacada es originaria de Quecholac, municipio en el cual también operan bandas dedicadas al robo de hidrocarburo.
Con el argumento de la vecindad es que se investiga si el padre de familia “tiene que ver con alguna de ellas”.
Este 2 de mayo, cerca de las tres de la madrugada, la familia Vázquez solicitó apoyo a elementos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) en la caseta de la autopista México-Puebla luego que los sujetos que viajaban en dos vehículos abusaron sexualmente de dos mujeres y mataron a un niño de dos años de edad para después robarse la camioneta Ford Ranger que conducía el padre de familia, identificado como Hilario Vázquez Pérez.

Periódico Central

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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