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México

Grupo Indi, contratista consentido de la 4T, detrás del tramo del Tren Maya donde ocurrió el descarrilamiento

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El reciente descarrilamiento registrado este martes en el Tramo 3 del Tren Maya, entre Campeche y Yucatán, ha vuelto a colocar bajo la lupa a Grupo Indi, uno de los consorcios más favorecidos por los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.

La empresa no es ajena al poder político. Con Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, en 2004 obtuvo un contrato millonario para construir parte del segundo piso del Periférico. Desde entonces, su presencia en la obra pública ha sido constante y en ascenso.

Entre 2015 y 2021, las distintas filiales de Grupo Indi acumularon al menos 50 contratos con un valor superior a 56 mil millones de pesos.

En 2020, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) le asignó la construcción del Tramo 3 del Tren Maya, de 159 kilómetros, mediante el consorcio Azvindi Ferroviario, creado en sociedad con la empresa española Azvi. Fue precisamente en este tramo donde se produjo el accidente de esta semana.

Ese consorcio adquirió el balasto —material esencial para la estabilidad de las vías— a intermediarios y empresas ligadas a Amílcar Olán, amigo cercano de los hijos del entonces presidente López Obrador.

El alcance de Grupo Indi dentro del Tren Maya no se limitó a ese tramo. En 2021 también participó en el Tramo 5 norte, en conjunto con otras compañías, y obtuvo un contrato de más de 36 mil millones de pesos para la compra de trenes y sistemas ferroviarios.

Bajo la gestión de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, la constructora tuvo presencia en proyectos como el Cablebús, los centros de recreación Pilares, el Tren Interurbano México-Toluca y la ampliación de la Línea 5 del Metrobús.

Además, su filial GAMI Ingeniería e Instalaciones recibió en 2022 contratos por más de 3 mil millones de pesos para obras en dos líneas del Cablebús y en el Tren Interurbano.

El respaldo a la empresa también ha llegado de gobiernos estatales. En 2023, la administración de Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán adjudicó a un consorcio conformado por GAMI y la empresa austriaca Doppelmayr un contrato por más de 3 mil millones de pesos para la construcción del teleférico de Uruapan, obra que, de acuerdo con el gobernador, concluirá en septiembre de este año.

La trayectoria de Grupo Indi confirma su papel como uno de los contratistas más beneficiados de la 4T, aunque ahora su nombre aparece ligado al tramo ferroviario donde ya se han registrado incidentes que cuestionan la calidad y supervisión de las obras más emblemáticas del actual sexenio.

México

México y Estados Unidos pactan entregas de agua del río Bravo bajo tratado de 1944

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México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo técnico para la gestión y entrega de agua en la cuenca del río Bravo, en apego al Tratado de Aguas de 1944, en un contexto marcado por una sequía extrema que ha presionado a comunidades, productores agrícolas y ecosistemas a ambos lados de la frontera.

El entendimiento es resultado de meses de negociaciones técnicas y políticas, y tiene como objetivo garantizar el cumplimiento del tratado, al tiempo que se protege el derecho humano al agua y a la alimentación. A través de un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores, Agricultura y Medio Ambiente, junto con la Comisión Nacional del Agua, confirmaron el compromiso de México para realizar entregas mínimas anuales conforme a las condiciones hidrológicas de la cuenca y a los mecanismos establecidos en el acuerdo binacional.

Como parte del nuevo esquema, México se comprometió a entregar al menos 350 mil acres-pie de agua por año, equivalentes a 431.7 millones de metros cúbicos, durante el próximo ciclo de cinco años. Este volumen permitirá avanzar en el cumplimiento del tratado mientras se implementa un plan para saldar la deuda acumulada del periodo quinquenal anterior y evitar nuevos déficits hídricos.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el acuerdo fue construido en coordinación con los gobernadores de los estados del norte del país, con el fin de diseñar un esquema de afectación mínima que permita cumplir con los compromisos internacionales sin comprometer el abasto interno. Entre las entidades involucradas se encuentran Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y Sonora, regiones que dependen en gran medida del río Bravo para el consumo humano y las actividades productivas.

El plan técnico acordado contempla una gestión más ordenada del recurso, reuniones mensuales de seguimiento y acciones de planeación de largo plazo que incluyen infraestructura, adaptación al cambio climático y una distribución más previsible del agua. Autoridades mexicanas subrayaron que el Tratado de 1944 continúa siendo un instrumento clave para salvaguardar los intereses nacionales y la estabilidad agrícola.

Desde Estados Unidos, funcionarios señalaron que el acuerdo fortalece la seguridad hídrica del sur de Texas y beneficia a agricultores y ganaderos del Valle del Bajo Río Grande, en una región afectada por la caída histórica de los niveles del río, la sobreexplotación y la contaminación del afluente.

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