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México

Guerra entre Los Chapitos y La Mayiza ha dejado más de 400 muertos y 500 desapariciones, denuncia ONG

Recientemente se cumplieron cuatro meses desde que Ismael ‘El Mayo’ Zambada fue emboscado y trasladado a Estados Unidos —en circunstancias aún pendientes por esclarecer— por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de ‘Chapo’.

Tal episodio fue percibido como una traición de los Guzmán a la familia Zambada, lo que motivó una agresiva reacción de Ismael Zambada Sicairos, alias ‘Mayito Flaco’, en contra de Los Chapitos.

La oleada de violencia se desató el 9 de septiembre y, hasta el momento, ha dejado a su paso al menos 425 personas asesinadas, de acuerdo con datos de la Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del estado de Sinaloa.

Cuerpos humanos en la vía pública, vehículos incendiados, comercios saqueados y clases suspendidas han sido sólo algunas muestras del ambiente de seguridad que persiste en Culiacán y los municipios circundantes.

A través de un comunicado, la referida organización no gubernamental denunció que entre el 9 de septiembre y el 22 de noviembre se habían registrado por lo menos 504 víctimas de desaparición forzada en la entidad, lo que ha puesto al límite a los colectivos de búsqueda y los ha enfrentado a múltiples riesgos.

El pronunciamiento de la Red fue emitido luego de que el colectivo Sabuesos Guerreras A.C., dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas, denunció haber intimidaciones.

Acabamos de recibir la amenaza más fuerte por teléfono, nos estaremos trasladando a interponer la denuncia. Solo queremos que regresen a casa los mantendremos informados”, puede leerse en el mensaje del colectivo.

“Manifestamos nuestra preocupación ante los riesgos que corren las mujeres defensoras de derechos humanos […] Exigimos a las autoridades pertinentes las medidas de protección inmediatas para quienes buscan a personas desaparecidas y para quienes ejercen la defensa de derechos humanos en Sinaloa”, sostuvo la Red de Periodistas en su comunicado.

UAS suma cuatro días sin clases presenciales

Además de las afectaciones económicas que se han reportado a raíz de esta oleada de violencia, el sector educativo también se ha visto impactado por la inseguridad.

En este sentido, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) anunció que las actividades escolares correspondientes al 28 de noviembre en Culiacán y Navolato se realizarían de manera virtual —por cuarto día consecutivo— para resguardar la integridad de la comunidad.

Pese al despliegue de miles de elementos de las Fuerzas Armadas en territorio sinaloense, la pugna entre los grupos criminales mantiene a la población bajo un constante ambiente de incertidumbre.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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