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Opinión

GUERRILLAS CHIHUAHUENSES DE LOS 60 POR VICTOR OROZCO. parte 5

El sentido de justicia social, el espíritu de solidaridad, la generosidad juvenil, el convincente argumento de que en México se necesitaba una nueva revolución, las apresuradas pero penetrantes lecturas de escritores marxistas: todo ello se amalgamó y pudo confluir  hacia la lucha armada cuando hubo alguien que no se contentó con cantar loas a la gesta cubana, sino que pasó de las palabras a los hechos, cruzando el famoso “Hic Rhodus, hic salta!” (“¡Aquí es Rodas, salta aquí!”,por la fábula de Esopo) de los revolucionarios. Ya para el verano de 1965, varios activistas universitarios, hablaban de seguir la “línea de Gámiz”.

La decisión de atacar un cuartel militar cambiaba la perspectiva política de la guerrilla. Hasta entonces se había mantenido un campo de negociación con el gobierno en tanto que los ataques se dirigían sobre todo al gobernador y a los remanentes de cacicazgos locales. Entre muchos intelectuales, periodistas, maestros, provenientes de las viejas guardias agraristas, del cardenismo o en general de las visiones más radicales de la revolución mexicana, el presidente en turno de la República tenía siempre a su favor el beneficio de la duda, respecto a su comportamiento, no obstante que éste supusiera represiones y acciones contra sectores populares. Casi siempre éstas eran atribuidas a funcionarios menores, a los gobernadores y en última instancia a núcleos políticos y económicos que saboteaban la obra revolucionaria. Se trataba del viejo juego en el que casi todas las burocracias políticas que duran suficiente tiempo en el poder terminan por hacerse maestras.

Y si bien es cierto que a mediados de los sesenta franjas políticas de la izquierda, ya fuera de los dos partidos en que ésta se representaba, el PPS y el PCM, o fuera de ellos, rompían lanzas en contra de la ideología de la revolución mexicana, sus exponentes podían todavía sobrevivir en el escenario político y aun tener acceso a espacios limitados en algunos medios de comunicación. Para ellos –quizá fue Vicente Lombardo Toledano su autor– se acuñó la despectiva frase de “izquierda delirante”. Sin embargo, entre consignar en un documento, escribir un artículo de prensa o exponer en una tribuna, la idea de la necesidad de una nueva revolución y asaltar un cuartel federal para proclamar su comienzo, mediaba un abismo político. En ambos bandos se entendía esto con claridad. De allí en adelante no habría ninguna posibilidad de dar marcha atrás o de negociar alguna salida al conflicto. No en 1965 y con Díaz Ordaz en la presidencia de la república.

Por otra parte, apenas el año anterior el entonces candidato presidencial había tenido una mala experiencia en Chihuahua. En Ciudad Juárez le arrojaron huevos podridos y en la capital ocurrió un zafarrancho en el curso del cual llovieron palos sobre la comitiva del candidato y luego fueron incendiados tanto el templete del mitin como la fachada de la presidencia municipal. No obstante que todos los elementos de juicio revelaban que no existió ningún preparativo o conspiración, las autoridades locales procedieron a detener a dirigentes normalistas y campesinos, de acuerdo con el rápido juicio del general-gobernador: “fueron los palominos” –aludiendo a Ramón Danzós Palomino, candidato del FEP–. Varios de los candidatos de esta organización fueron detenidos y por varios meses se mantuvo encarcelados a Álvaro Ríos dirigente campesino en Durango y Chihuahua, y a Hilario Carmona, estudiante normalista. Ello motivó una marcha campesina-estudiantil del norte de Durango hasta Chihuahua para exigir la libertad de los detenidos, participando en ella Pablo Gómez y Óscar González. La lectura de periódicos y documentos diversos de la época nos dan cuenta de la inicua arbitrariedad policiaca que imperaba y de la polarización de fuerzas que se estaba generando.

http://madera1965.com.mx/ | Exigien la libertad de estudiantes ante el procurador Hipólito Villa

Por esos mismos meses se produjo el espaldarazo político del general Lázaro Cárdenas a la candidatura de Gustavo Díaz Ordaz. Símbolo viviente de la revolución mexicana, Cárdenas contribuyó con este acto a robustecer la idea de que el árbol torcido ya no tenía remedio, sobre todo en un estado en el que campeaban las agresiones y la represión del gobierno contra la oposición de izquierda. En medio de todo este ambiente mundial, nacional y local, se fue abriendo paso el nuevo proyecto revolucionario, que descansaba en la estrategia del foco guerrillero, por entonces ensayado en Colombia y Venezuela, con el apoyo cubano. A diferencia de estos casos, en México la guerrilla nacía aislada en el ámbito internacional, porque el precio pagado por el gobierno cubano al apoyo diplomático mexicano, en medio del acoso de Estados Unidos, era abstenerse de prestar ayuda o estimular de cualquier manera a grupos armados en México, compromiso que La Habana honró a cabalidad.

No obstante que durante 1964 y los primeros meses del siguiente año ya se habían producido varios enfrentamientos entre el grupo embrionario de la guerrilla y agentes de la policía del estado, el inicio de la lucha armada “en serio”, se produciría con el ataque a un cuartel militar. Los dirigentes escogieron el ubicado en Ciudad Madera, en la vía del ferrocarril Chihuahua al Pacífico, en su ramal que une a La Junta o Villa Adolfo López Mateos con Ciudad Juárez. La población tenía por entonces unos 10 mil habitantes, dedicados a la agricultura, la ganadería, la explotación forestal y con un floreciente comercio. Se había formado a principios de siglo, cuando la oligarquía chihuahuense agrupada en el clan Terrazas-Creel, junto con inversionistas norteamericanos, había decidido abrir el gran macizo forestal chihuahuense al mercado mundial. Para ello se construyó el ferrocarril y Ciudad Madera fue sede de grandes aserraderos y talleres mecánicos. En uno de ellos, un hábil tornero fabricó el primer cañón que usaron las fuerzas revolucionarias, usando el eje de una locomotora. La zona se ubica en lo que Fernando Jordán llamó la “longitud de Guerra”, por haber sido escenario de resistencias y luchas armadas desde el siglo XIX.

http://madera1965.com.mx/ | Armas que portaban los guerrilleros

La guarnición militar usaba como cuartel algunas de las barracas construidas por las compañías madereras. ¿Por qué seleccionaron los guerrilleros este recinto del ejército para iniciar la lucha armada? Podría pensarse que se trató de una imitación extralógica del correspondiente ataque al Cuartel Moncada doce años antes por los revolucionarios cubanos. Podría ser, pero desde el año anterior, Arturo Gámiz y Salvador Gaytán habían anunciado en una carta publicada el 11 de septiembre en el periódico Índice, que castigarían a los soldados que eran empleados como instrumentos por los caciques para agredir a los campesinos. Declaraban que si bien no tenían nada contra aquéllos que estaban en el servicio por razones económicas y que eran “hermanos de clase”, también anunciaban que no se detendrían en su lucha incluso contra el ejército mexicano. También estaba entre los propósitos de los guerrilleros mostrar a los campesinos que se podía vencer al ejército y no sólo a las “acordadas”.

El asalto guerrillero supuso que el factor sorpresa eliminaría todas las desventajas, entre ellas la numérica y la del armamento. Óscar González relató después que fueron trece los atacantes, pues varios de los convocados no llegaron a la cita por diversas razones. Se enfrentaban a 125 soldados que poseían fusiles M-1 y ametralladoras, en tanto los insurrectos portaban rifles de diversos calibres, entre ellos una escopeta y un 22. También las consabidas “granadas” artesanales. Atacaron poco antes de que amaneciera, disparando sobre los soldados que se dirigían a tomar el “rancho”, conminándolos a rendirse.

Cortesía | Cuartel militar al momento del ataque

El resto de la tropa se parapetó con rapidez y comenzó su ofensiva, que acabó más o menos pronto. Los atacantes fueron tomados entre dos fuegos, pues un rondín de la tropa que vigilaba la ciudad comenzó a dispararles por la espalda, cortándoles la retirada. Ocho guerrilleros fueron acribillados, la flor y nata de la dirección campesina radical en Chihuahua. Cayeron allí Arturo Gámiz García, profesor rural y principal dirigente de la guerrilla; Pablo Gómez Ramírez, médico y profesor;  Emilio Gámiz García hermano de Arturo, estudiante; Antonio Scobell, campesino; Óscar Sandoval Salinas, estudiante de la Escuela Normal del Estado; Miguel Quiñones, profesor rural en Arisiáchi, Guerrero; Rafael Martínez Valdivia, profesor rural en Basúchil, Guerrero, y Salomón Gaytán, campesino de Dolores, Madera. Murieron también el teniente Marcelino Rigoberto Aguilar; los sargentos Nicolás Estrada Gómez y Moisés Bustillo Orozco, el cabo Felipe Reyna López y los soldados Jorge Velázquez y Virgilio Yáñez Gómez.

Todos fueron sepultados en una fosa común, sin ataúdes. Los militares recibieron los honores de ejército y la bendición del párroco del lugar, que la negó a los rebeldes. Ninguna gallardía mostraron los altos mandos de las fuerzas armadas ante un grupo de valientes que desde mucho antes habían expuesto sus objetivos políticos y sus ideales. “Querían tierra, échenles hasta que se harten”, dijo el gobernador, resentido porque antes le habían lanzado un desafío: “…nos gustaría verlo acá en la sierra, al frente de sus tropas, para que convenza de un par de cosas: es fácil mandar soldados a la muerte; es fácil lanzar insultos a las maestras y a los estudiantes ahí en su oficina, valiéndose del cargo que tiene. Lo difícil es empuñar un arma, introducirse en la sierra y hacernos frente”.

Después del combate, la fuerza aérea mexicana quiso hacer una demostración de poder y envió varios aviones que sobrevolaron la zona, y luego lanzó a un cuerpo de paracaidistas para localizar a los fugitivos. Ninguno fue encontrado.

De hecho, todas las fuerzas políticas condenaron o reprobaron el intento guerrillero, desde diversos ángulos. No vale la pena recordar lo que dijeron los voceros del PRI, porque se puede colegir sin ningún esfuerzo. El PPS y la UGOCM se deslindaron de sus ex miembros, aunque reconocieron que en Chihuahua existían caciques que propiciaban estas acciones desesperadas, para hacer énfasis en que apoyaban la política agraria del presidente Díaz Ordaz. El Partido Comunista Mexicano, en un largo comunicado, al estilo de la época, sentenciaba:

“El PCM estima que los ideales democráticos que sostuvieron y por los cuales ofrendaron su vida los jóvenes masacrados en Madera, son ideales justos. Y que se impondrán. Lo erróneo y lo que lleva inevitablemente al fracaso son los métodos, es la línea táctica, una concepción de la lucha basada en la falsa idea de que la revolución no la hacen las masas sino los pequeños grupos de revolucionarios que se lanzan solos al ataque. De lo anterior se deduce la inmensa responsabilidad moral en que incurren los que ideológicamente alientan la línea táctica por la que se han guiado Gámiz y sus compañeros… Llama a los obreros, a los campesinos, a los estudiantes de Chihuahua a reforzar las filas del partido, a cohesionarse en las organizaciones que ofrecen una salida revolucionaria a los graves problemas por que atraviesan las masas del estado, como la Central Campesina Independiente y la Central Nacional de Estudiantes Democráticos”.

Entre los intelectuales de la época, Víctor Rico Galán, representativo por entonces del sector de la izquierda “delirante”, escribió sobre la táctica militar equivocada que siguieron los guerrilleros, apoyando su lucha. José Santos Valdez, maestro y amigo personal de Pablo Gómez y de Miguel Quiñónez, los recordó con afecto y encomió sus altas cualidades, pero al final estimó que habían caído en una provocación de alguien desconocido. Flaco favor del viejo y bien intencionado maestro rural a los caídos. La realidad es que adoptaron a plena conciencia la vía de la lucha armada. Más precavido, el destacado pintor Alberto Carlos, tituló a su bello y conmovedor cuadro: …Ellos sabían por qué.

Meses más tarde arribó a Chihuahua el general Lázaro Cárdenas, acompañado de su hijo Cuauhtémoc y de Leonel Durán. Visitó la zona y se entrevistó con grupos de campesinos, profesores y simpatizantes. Se dijo entonces que había presentado un amplio informe sobre la situación social, al presidente de la República.

En las semanas, meses y años siguientes se intensificó el reparto agrario hasta la distribución del inmenso latifundio maderero Bosques de Chihuahua, propiedad del consorcio Vallina-Trouyet-Alemán. Se formaron nuevos centros de población en la zona, afectándose latifundios denunciados por los insurrectos.

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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