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Guillermo Padrés enfrenta 700 indagatorias

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A cinco meses de que culminó el sexenio del mandatario panista Guillermo Padrés Elías, su gobierno acumula más de 700 investigaciones que involucran al propio exgobernador, su familia, empresarios y colaboradores más cercanos.

Datos recabados por Excélsior apuntan que la Contraloría General integra más de 500 auditorías; la Procuraduría del Estado investiga a 20 exfuncionarios; la PGR tiene 45 averiguaciones y la Fiscalía Anticorrupción reporta 131 procesos penales. Los procesos están radicados en cuatro mesas de las fiscalías estatales, sin contar las de la PGR.

Sin embargo, el número de investigaciones podría aumentar considerablemente con la revisión de las cuentas públicas en el Congreso, las denuncias que continúan llegando por parte de ciudadanos agraviados y proveedores que prestaron servicios y no se les pagó.

Recientemente, Miguel Ángel Murillo Aispuro, contralor General del Estado, detalló que sumaban más de 500 indagatorias que representan un daño al erario superior a 30 mil millones de pesos que no pudieron ser comprobados, por lo que a la fecha se ha inhabilitado y multado a 10 exfuncionarios con niveles desde director de área hasta titulares de secretarías.

En tanto, la PGJE reporta que la gran mayoría de sus investigaciones fueron canalizadas a la Fiscalía Anticorrupción, concentrándose en el caso de abuso de autoridad, asociación delictuosa y privación ilegal de la libertad en perjuicio de Gisela Peraza, que involucra a 20 exfuncionarios entre los que destacan el exmandatario; el diputado federal Agustín Rodríguez; el exdirector de Ceresos, Ricardo Ornelas y Ernesto Fernández, exjefe de seguridad de la casa de gobierno y actual director de Seguridad Pública Municipal en Nogales.

El delegado en Sonora de la PGR, Darío Figueroa Navarro, afirmó que tiene 45 averiguaciones en contra de exsecretarios como Bernardo Campillo García (salud), Carlos Villalobos Organista (tesorero), Héctor Ortiz Ciscomani (Sagarhpa), Roberto Romero López (Gobierno) y su esposa la exdiputada Mónica Robles Manzanedo.

MÁS IMPLICADOS

Odracir Espinoza, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Hechos de Corrupción, dijo que se han integrado 131 averiguaciones en contra de funcionarios del pasado sexenio, por lo que se han desahogado mil 320 diligencias y se ha citado a comparecer a 170 personas entre víctimas, exdirectores de área e incluso exsecretarios.
Fueron consignados pero permanecen prófugos de la justicia el exsecretario de Gobierno, Roberto Romero López, y el sobrino del exmandatario panista, Agustín Antonio Padrés, ambos procesados por actos de corrupción.

Excelsior

Acontecer

Marco Bonilla califica como traición la aprobación de la Ley General de Aguas

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El alcalde Marco Bonilla Mendoza calificó como una traición la forma en que se aprobó la nueva Ley General de Aguas, al asegurar que se avaló sin respetar compromisos previos con organizaciones campesinas y productivas.
Bonilla señaló que la votación ocurrió de manera sorpresiva y sin apertura al diálogo, lo que provocó mayor inconformidad entre los sectores afectados. El edil advirtió que la reforma no solo impacta a productores de gran escala, sino que coloca en una situación delicada a miles de familias que dependen de actividades agrícolas en regiones donde el acceso al agua ya es limitado.
El alcalde consideró que el cambio normativo complica el panorama inmediato para zonas rurales cuya producción depende del riego mediante pozos. También indicó que la incertidumbre alcanza a proyectos de inversión en distintos estados del norte del país, pues la falta de claridad en los criterios de uso del agua podría frenar iniciativas agrícolas e industriales.
Bonilla reiteró que el recurso hídrico es determinante para la operación y llegada de nuevas empresas. Reconoció la postura de organizaciones y productores que han mantenido movilizaciones en defensa del agua, al destacar la importancia del sector para la estabilidad económica y social de las comunidades rurales.
El alcalde agregó que el país enfrenta un momento decisivo ante una reforma que, a su juicio, fue aprobada sin consenso y que podría intensificar disputas regionales por el acceso al recurso.

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