Con el respaldo de 109 legisladores de todas las fuerzas políticas, el pleno del Senado aprobó la Miscelánea Penal, que lleva a diez instrumentos legales los principios de protección del debido proceso y da forma a la nueva figura del Juez de Control, que será el garante de que los cuerpos policiacos no alteren los procedimientos judiciales en el nuevo sistema acusatorio.
Además, deja en claro que la prisión preventiva no puede durar más de dos años; si trascurrido ese tiempo, no se ha dictado sentencia, el inculpado deberá quedar en libertad y en esa calidad seguir el proceso, “sin que ello obste para obtener otras medidas cautelares”.
De igual forma, ofrece a los inculpados el derecho de presentar pruebas en su descargo de manera directa al juez de su causa, por lo que ya no será necesario que el Ministerio Público sea el intermediario de la relación del acusado con el juez y el encargado de valorar si una prueba procede o no.
Con un retraso de ocho años y a sólo tres días de que venza el plazo para la plena entrada en vigor del Nuevo Sistema Penal, el Senado formalizó los cambios que hizo a la minuta enviada de la Cámara de Diputados, que tardó siete años en revisar esta miscelánea penal que nació en el Senado.
Esta miscelánea aterriza las disposiciones constitucionales sobre el nuevo sistema de justicia adversarial; de ahí la importancia de que a más tardar, la Cámara de Diputados avale el trabajo de los senadores y el Ejecutivo federal la promulgue el viernes. Graciela Ortiz, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, explicó que esta miscelánea penal dispone que únicamente las partes podrán tener acceso a los registros de la investigación, atendiendo a las limitaciones establecidas en este mismo ordenamiento y en las demás disposiciones aplicables.
Que el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer la acción penal, con base en la aplicación de criterios de oportunidad, siempre y cuando se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido; regula el tema de la medida excepcional de localización geográfica, donde se prevé la ratificación inmediata por parte del juez de control en tiempo real, previo informe del Ministerio Público.
Se establece también el alcance de las intervenciones de comunicaciones privadas y se precisa que esta clase de intervención abarca todo sistema de comunicación o programa, producto de la evolución tecnológica, así como por regla general para esta clase de intervención deberá tenerse autorización judicial.
Y no van a proceder los acuerdos reparatorios en los casos en los que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos, por los mismos hechos que correspondan a los mismos delitos; tampoco procederán cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas, detalló la legisladora federal.
Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, resaltó que los cambios hechos por el Senado a la minuta de los Diputados tienen como objetivo proteger los derechos humanos, en concordancia con las disposiciones constitucionales que se aprobaron años después de la reforma que dio origen al sistema acusatorio.

Excelsior