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México

Hacienda le perdona a Televisa casi 3 mil 500 millones y 13 a TV Azteca

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Instrumentado en febrero de 2013, apenas a unos meses de que Enrique Peña Nieto tomó posesión, el programa Ponte al Corriente permitió una disminución de hasta ciento por ciento en el monto de los créditos fiscales de personas morales. Este programa fue impulsado por la Secretaría de Hacienda a cargo de Luis Videgaray Caso, el otrora poderoso miembro del Gabinete federal.

“Ponte al Corriente” se inició en cumplimiento al mandato establecido en el Artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2013, aprobado por el Poder Legislativo.

Fundar Centro de Análisis y de Investigación, documentó que Televisa fue una de las empresas que logró la condonación de un crédito fiscal que ascendía a 3 mil 334 millones de pesos. La empresa de Emilio Azcárraga Jean pagó sólo el 10 por ciento del adeudo; es decir, dejó de pagar 2 mil 990 millones de pesos.

La multa venía desde 2005 cuando reportó una cifra menor de utilidades y las justificó con la adquisición de las pérdidas de la empresa Comtelvi que adquirió ese año, con lo que disminuyó el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

En 2013, en el reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la televisora informó que obtuvo beneficios con sólo pagar 10 por ciento del monto del adeudo y desistirse de un juicio de nulidad que promovió contra el fisco desde 2011.

La información de esta condonación en 2013 se hizo pública por el estado financiero que presentó la empresa ante los inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores. En el reporte, la empresa de Emilio Azcárraga Jean expuso: “(esta condonación) le permitirá (a la empresa) limpiar y mejorar su imagen crediticia ante los inversionistas”.

Es la hora en que el SAT no ha revelado con detalle quiénes fueron los beneficiarios de “Ponte al Corriente”. Pero el informe de ese año de la Auditoría Superior de la Federación de la cuenta pública de 2013 indica que el programa –diseñado para ayudar a contribuyentes con problemas de pago y deudas pequeñas– logró recaudar apenas 39 mil 572 millones de pesos, mientras que la condonación (los perdones) fue por 160 mil millones de pesos.

En palabras de Lizandro Núñez, Administrador General de Recaudación del SAT, Televisa se acogió al programa una vez que estuvo abierto a todos los contribuyentes y que el procedimiento fue ordenado por las cámaras de Diputados y Senadores a través de la Ley de Ingresos de la Federación 2013 y el paquete fiscal. El funcionario defiende que si se desconocen razones sociales beneficiadas antes de 2014 es porque la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales promulgada en mayo de 2015 no tiene carácter retroactivo.

De acuerdo con los investigadores de Fundar, la opacidad en las listas de beneficiarios permite que quienes fueron beneficiados una vez en un año, vuelvan a serlo en otro. También Gabriela Ríos, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) estima que en ello hay más arbitrariedad que discrecionalidad.

Se trata de un encuentro de señalamientos entre los observadores y el mismo SAT. El hecho es que en 2015, Televisa volvió a ser beneficiada y otra vez con la cancelación de un crédito fiscal, esta vez por 158 millones 637 mil 85 pesos a su empresa Fomento al Futbol en San Luis Potosí.

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México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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