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México

Hacienda le perdona a Televisa casi 3 mil 500 millones y 13 a TV Azteca

Instrumentado en febrero de 2013, apenas a unos meses de que Enrique Peña Nieto tomó posesión, el programa Ponte al Corriente permitió una disminución de hasta ciento por ciento en el monto de los créditos fiscales de personas morales. Este programa fue impulsado por la Secretaría de Hacienda a cargo de Luis Videgaray Caso, el otrora poderoso miembro del Gabinete federal.

“Ponte al Corriente” se inició en cumplimiento al mandato establecido en el Artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2013, aprobado por el Poder Legislativo.

Fundar Centro de Análisis y de Investigación, documentó que Televisa fue una de las empresas que logró la condonación de un crédito fiscal que ascendía a 3 mil 334 millones de pesos. La empresa de Emilio Azcárraga Jean pagó sólo el 10 por ciento del adeudo; es decir, dejó de pagar 2 mil 990 millones de pesos.

La multa venía desde 2005 cuando reportó una cifra menor de utilidades y las justificó con la adquisición de las pérdidas de la empresa Comtelvi que adquirió ese año, con lo que disminuyó el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

En 2013, en el reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la televisora informó que obtuvo beneficios con sólo pagar 10 por ciento del monto del adeudo y desistirse de un juicio de nulidad que promovió contra el fisco desde 2011.

La información de esta condonación en 2013 se hizo pública por el estado financiero que presentó la empresa ante los inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores. En el reporte, la empresa de Emilio Azcárraga Jean expuso: “(esta condonación) le permitirá (a la empresa) limpiar y mejorar su imagen crediticia ante los inversionistas”.

Es la hora en que el SAT no ha revelado con detalle quiénes fueron los beneficiarios de “Ponte al Corriente”. Pero el informe de ese año de la Auditoría Superior de la Federación de la cuenta pública de 2013 indica que el programa –diseñado para ayudar a contribuyentes con problemas de pago y deudas pequeñas– logró recaudar apenas 39 mil 572 millones de pesos, mientras que la condonación (los perdones) fue por 160 mil millones de pesos.

En palabras de Lizandro Núñez, Administrador General de Recaudación del SAT, Televisa se acogió al programa una vez que estuvo abierto a todos los contribuyentes y que el procedimiento fue ordenado por las cámaras de Diputados y Senadores a través de la Ley de Ingresos de la Federación 2013 y el paquete fiscal. El funcionario defiende que si se desconocen razones sociales beneficiadas antes de 2014 es porque la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales promulgada en mayo de 2015 no tiene carácter retroactivo.

De acuerdo con los investigadores de Fundar, la opacidad en las listas de beneficiarios permite que quienes fueron beneficiados una vez en un año, vuelvan a serlo en otro. También Gabriela Ríos, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) estima que en ello hay más arbitrariedad que discrecionalidad.

Se trata de un encuentro de señalamientos entre los observadores y el mismo SAT. El hecho es que en 2015, Televisa volvió a ser beneficiada y otra vez con la cancelación de un crédito fiscal, esta vez por 158 millones 637 mil 85 pesos a su empresa Fomento al Futbol en San Luis Potosí.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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