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México

Hallan 4.5 mdp escondidos… ¡en un sillón!

Mando Único desarticuló a una presunta banda de delincuentes dedicada al robo de casa habitación que operaba en el municipio de Guadalupe, Zacatecas.

Elementos de seguridad, al momento de la detención, aseguraron cuatro millones y medio de pesos en billetes de 200 y 500 ocultos bajo un sillón que cargaban en una camioneta.

Los cuatro sujetos fueron detenidos en un puesto de seguridad policial instalado en la delegación San Jacinto, al momento en que los policías municipales de Rincón de Romos le marcaron el alto a un vehículo Nissan Pick Up, modelo 1995, color fondeado con placas de circulación de Aguascalientes, pero que era procedente del estado de Zacatecas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la unidad era conducida por quien dijo responder al nombre de José “N” “N”, de 24 años de edad, quien iba acompañado de Artemio “N” “N”, de 11 años; en la caja iban sentados sobre el sillón Ramón “N” “N”, de 23 años, y Salvador “N” “N”, de 19, quienes señalaron a las autoridades ser de Guadalupe en el estado de Zacatecas y quienes se dirigían a la colonia Chicahuales en el municipio de Jesús María, Aguascalientes.

Al momento de la revisión, los policías encontraron una bolsa de plástico con 900 mil pesos, y al cuestionar sobre la procedencia del dinero, los hombres aseguraron que se lo habían encontrado en un monte, sin dar detalles. Al sentir que serían detenidos, los sujetos intentaron sobornar a los oficiales para que se quedaran con el dinero y les permitieran seguir su camino, situación que fue rechazada por los uniformados.

Los policías continuaron con la revisión y localizaron en el interior del sillón, que iba en la parte de la cajuela, varios fajos de billetes en denominaciones de 500 y 200 pesos, al ser cuestionados sobre la procedencia del dinero, los implicados confesaron que era producto de los robos cometidos a casa habitación que realizaban en Guadalupe, Zacatecas.

Por este motivo, las cuatro personas, el vehículo y el dinero, fueron trasladados de inmediato a la Fiscalía General del Estado para ser puestos a disposición del Agente del Ministerio Público del fuero común, en donde se estableció que el monto del dinero en efectivo sumó aproximadamente cuatro millones y medio de pesos.

 

 

 

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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