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México

Han muerto 87 niños en estancias infantiles en casi 10 años

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado el tema de la seguridad como una de las razones para desvincular al Estado de las estancias infantiles. Su preocupación es real, de acuerdo con un registro elaborado por Julio César Marquéz, papá de Yeyé, uno de los 49 menores que murieron en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009.

Según reporta el noticiero En Punto, de Televisa, la información recabada por Márquez revela que en los últimos 9 años han muerto 87 niños en guarderías públicas y privadas del país, de los cuales 30 víctimas eran menores de 6 meses de edad.

El 65 por ciento de los menores falleció por broncoaspiración y 20 de esos 87 casos ocurrieron en las estancias infantiles dependientes de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), precisa el reporte.

Entrevistado por En Punto, Julio César Marquéz pide mayor supervisión y preparación, tanto de quienes atienden las estancias, como del personal de Protección Civil encargado de certificar que esos lugares tienen las condiciones para operar con seguridad.

En ese sentido, consideró que muchos fallecimiento de menores en estancias infantiles se pudieron haber evitado, “si las personas si las personas que estaban alrededor del niño o de la niña hubieran tenido una capacitación necesaria para atender una situación de emergencia».

Desde Querétaro, a casi 10 años de la tragedia de la guardería ABC, Julio César no supera el dolor, pero celebra que se revisen los esquemas de estancias infantiles.

“El que hoy esté el tema de nuevo en la agenda, con esta decisión del gobierno de cambiar el esquema de entrega de recursos del programa estancias infantiles […] lo considero positivo […]. Hay corrupción en las unidades de Protección Civil y lo digo porque me consta […], lo que siempre digo yo es que se denuncien estos actos”, pidió.

Aseguró que la tragedia de la guardería ABC debe dejar enseñanzas.

«Yo no estoy de acuerdo con la subrogación, lo tengo muy claro, tendría que ser el Estado quien tutela estos servicios, más bien el tutelar que los brindará directamente pero no hay capacidad del Estado, creo que con las acciones que se están implementando se reconoce por parte del mismo Estado que no hay esa capacidad».

Ahora Julio César lucha para que se aplique en todo el país la «Ley 5 de junio de prestación de servicios para la atención cuidado y desarrollo integral infantil”, que fue publicada hace 7 años y que aún hay 5 estados que no han legislado al respecto.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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