Conecta con nosotros

México

Hasta 60 años de prisión, por usar drones en delitos

Además, se establece una pena de tres a 10 años a quien use los drones para fotografiar o realizar grabaciones de audio o video, de forma física o empleando medios electrónicos.

Ciudad de México. – La Cámara de Diputados aprobó la reforma que puede dar hasta 60 años de cárcel a quienes usen drones para lanzar explosivos contra la población civil, autoridades de seguridad o bienes inmuebles.

¿Ya conoces nuestro canal de WhatsApp? Suscríbete!

Con 419 votos a favor y 23 abstenciones de Movimiento Ciudadano, se avaló la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal para modificar el Código Penal Federal y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La iniciativa se turnó al Senado para su revisión. La reforma se propuso luego de que el 23 de febrero del 2022 la Secretaría de la Defensa Nacional detectó sobrevuelos de drones no autorizados cerca de Palacio Nacional.

Unas semanas antes, el 10 de enero del mismo año, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación arrojaron explosivos con drones en el municipio de Tepalcatepec, Michoacán, como parte de una campaña de intimidación contra la población.

También, el 20 de abril del 2021, hubo un ataque contra policías estatales en la localidad de Aguililla, en el estado de Michoacán.

El dictamen explica que la reforma busca incorporar agravantes a conductas que constituyen delitos realizados con aeronaves piloteadas a distancia, conocidos como drones.

La reforma busca prevenir y combatir la impunidad en la comisión de delitos utilizando los drones, dado que no hay una legislación “eficiente” que sanciona la conducta delictiva.

Con la reforma, en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se reconoce como uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea a las aeronaves piloteadas a distancia y/o adaptadas para transportar, activar y detonar explosivos, artefactos, o armas como sustancias químicas.

También se prevé sanción de cinco a 10 años de cárcel a quien importe, manufacture, arme, adquiera o adapte los drones para el transporte de explosivos, sustancias químicas, armas, narcóticos, drogas sintéticas o demás materiales regulados por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Además, establece una pena de tres a 10 años a quien use los drones para fotografiar o realizar grabaciones de audio o video, de forma física o empleando medios electrónicos.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto