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México

‘Hay irregularidades en estancias infantiles’, afirma López Obrador

Debido a diversas irregularidades detectadas en estancias infantiles de la antes llamada Secretaría de Desarrollo Social (ahora del Bienestar), el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que los recursos no se entregarán a las estancias, sino a los padres de familia.

Explicó que se entregarán mil 600 pesos bimensuales a las familias de los cerca de 300 mil niños inscritos y serán éstas las que determinen si esos recursos los destina a la estancia infantil o no.

«Se va a proteger a todos los niños, pero se les protegerá de esta manera, entregando los apoyos a los padres y madres, no a las estancias y que ellos, con lo que les corresponde, puedan entregar esos recursos a quienes manejan las estancias o que los utilicen de la manera que ellos decidan, porque hay irregularidades en el manejo de las estancias infantiles”, aseguró en conferencia en Palacio Nacional.
Explicó que anteriormente organizaciones recibían el dinero que se les asignaba y utilizaban la mitad para la compra y repartición de despensas, y el resto era para gastos de operación; además, aclaró que, por ejemplo, esto era similar a lo que sucedía con grupos campesinos.

López Obrador aclaró que la medida de evitar a intermediarios, y que abarca al sector del campo, se llevará a cabo a pesar de que haya protestas de organizaciones, pues es para evitar continuar con actos de corrupción.

“El apoyo será directo a los campesinos, no a las organizaciones, aunque haya plantones, toma de oficinas, ya que sepan que los apoyos van directo al ejidatario al pequeño propietario y al comunero. Se acaba la intermediación”, afirmó.

Aclaró que de esta manera se hará rendir el presupuesto en más de 30 por ciento, ya que, de acuerdo con información recabada de los censos que ha elaborado su administración, “se entregaban los fondos completos y hay pruebas que había corrupción en la entrega de apoyos”.

Ayer, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, informó que los 2 mil millones de pesos etiquetados para las estancias infantiles de la Sedesol serán ahora distribuidos entre los padres de familia para dar flexibilidad y transparencia al programa.

Durante su reunión con la banda de Morena en el Senado, el funcionario informó que anteriormente el Gobierno federal entregaba los recursos a las más de 10 mil estancias infantiles existentes; sin embargo, muchas “fueron producto de palancas a nivel estatal, entre la secretaría antigua de Desarrollo Social y empresarios de los estados. Había muchos empresarios que tenían muchas estancias infantiles con un poco de opacidad”.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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