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México

Hija de Vicente Fox también está involucrada con la secta NXIVM

El próximo martes 28 de mayo, en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, seguirá el juicio contra Keith Raniere, uno de los fundadores de NXIVM, secta que esclavizaba sexualmente a mujeres y las marcaba con un cautín ardiente.

En esta comunidad, de acuerdo con la investigación del diario estadounidense The New York Times, se encuentran involucrados al menos siete mexicanos, que destacan por su posición económica y de los cuales dos son hijos de ex presidentes.

En la lista aparecen Occelli y Ana Cristina Fox, hijos de los ex presidentes mexicanos Carlos Salinas y Vicente Fox, respectivamente.

Además, figura Rosa Laura Junco, descendiente del fundador del diario Reforma, quien supuestamente compró una casa en Waterford, Míchigan, donde se realizaban rituales de la secta NXIVM.

Esa acusación fue realizada por la cofundadora de NXIVM, Nacy Salzman, quien según la edición de hoy del diario mexicano, “testificó que descubrió que todo el círculo íntimo, con excepción de Junco, habían tenido o estaban en una relación sexual con Raniere”.

La cofundadora también indica que la casa, propiedad de Junco, era empleada para reuniones frecuentes, en las que algunas veces se desvestían para enviarle fotografías a Raniere, quien pedía ser llamado “vanguard”.

En ese lugar, además, había planes para construir un calabozo en el sótano, de acuerdo con Salzman.

Otra mexicana involucrada en esta secta es Loreta Garza Dávila, empresaria de Nuevo León, Monterrey, quien estaba al frente de la escuela “Rainbow Cultural Garden” y cuyas hermanas Carola y Jimena, también han sido acusadas de complicidad.

La lista sigue con Daniela Padilla, Camila Fernández y Mónica Durán, quienes son señaladas como maestras del primer círculo de la Dominant Over Submissive (DOS), hermandad secreta creada a fines de 2016 y que coexistía al interior de NXIVM.

NXIVM fue creada hace dos décadas como una organización motivacional en Nueva York por Keith Raniere, quien presume ser el hombre más inteligente del mundo con un coeficiente intelectual (IQ) de 240.

El “gran maestro” ofrecía sus enseñanzas de autoayuda a través de su Programa de Éxito Empresarial (ESP por sus siglas en inglés), desde el cual reclutó algunas de sus esclavas sexuales.

Fuente: Vanguardia

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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