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Hombre en video de sobornos es proveedor de la 4T; tiene 56 contratos en 3 estados

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que desde el 2018 al 2019, las delegaciones de Campeche, Yucatán y Quintana Roo han signado 56 contratos con la empresa Comercializadora Integral Rayfour, en la cual Rafael Jesús Caraveo Opengo es el socio mayoritario.

En una tarjeta informativa, el IMSS dijo que, de manera centralizada, no ha hecho compras con esta sociedad y los 56 contratos son para la compra de material de curación y de aseo.

Rafael Jesús Caraveo Opengo, uno de los personajes que aparecen en un video recibiendo pacas de billetes, presuntamente para pago de sobornos a legisladores para la aprobación de reformas, se convirtió en proveedor del Gobierno federal, a quien vende insumos médicos y de limpieza al IMSS durante la Cuarta Transformación.

Durante el primer año del actual gobierno, Caraveo Opengo -exfuncionario del Senado de la República y cercano al exsenador panista Jorge Luis Lavalle-, concretó 14 contratos con el IMSS para venderle insumos médicos (material de curación) y material de aseo por casi 2 millones de pesos.

En la tarjeta informativa, el IMSS agregó que va a realizar una investigación a los contratos que signaron las Oficinas de Representación que se concretaron en el 2019 y, en caso de encontrarse alguna observación, se hará del conocimiento de los órganos de fiscalización.

«El IMSS va a investigar los contratos de las Oficinas de Representación que están concentrados en el 2019. En caso de encontrarse alguna observación se hará del conocimiento de los órganos de fiscalización», describió el IMSS.

Además se informa que las compras se concentraron en el primer trimestre del 2019, con 49 contratos, es decir, el 89% y seis en el segundo semestre (11%).

Define que de los 56 contratos, 53 fueron para la delegación de Campeche; dos de Yucatán y uno de Quintana Roo y suman en total 1.8 millones de pesos y la compra en promedio de cada una es de 33 mil pesos.

Detallan también que en lo que va del 2020, en particular en el estado de Campeche, durante la gestión de representante del IMSS, el doctor Carlos Félix Medina Villegas, no hay compras registradas con dicha empresa.

Incluso, suscriben que todos los procedimientos están publicados en Compranet y reiteraron que en el IMSS las licitaciones y contrataciones se realizan conforme a la legislación aplicable y con base en la transparencia, publicidad y legalidad y por ningún motivo se dará pie a actos de corrupción.

Fuente: El Informador

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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