Conecta con nosotros

Slider Principal

Hubo un “aparato organizado de poder” con EPN: Lozoya ante el juez

Habían transcurrido seis horas y media de la audiencia virtual cuando Emilio Lozoya Austin, a través de sus abogados, confirmó lo que por meses se especuló. De frente a una cámara colocada en su cuarto de hospital le dijo al juez que sí… que pudo haber cometido hechos que fueron delitos, pero que lo hizo sin intención y bajo las órdenes de un “aparato organizado de poder”.

El exdirector de Pemex no dio nombres ni cargos de los integrantes de ese aparato- aunque prometió que lo hará – pero la tesis detrás de su argumento de defensa creada por uno de los penalistas mas influyentes del mundo, y la temporalidad de los hechos que los fiscales describieron no dejan margen de duda: se trata del gobierno que encabezó el expresidente Enrique Peña Nieto y sus secretarios de Estado.

“Fui sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado…” dijo Lozoya, y completaron sus abogados: “en el marco de los hechos señalados por las y los agentes del Ministerio Público de la Federación, el señor Emilio L. fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso, en el marco de un aparato organizado de poder que se alejó del derecho de cara a la comisión de hechos como los referidos por la representación social el día de hoy”.

¿Qué hechos son estos? La presunta adquisición, a cambio de sobornos, de una planta chatarra por la cual Pemex habría perdido casi 8 mil millones de pesos en el gobierno de Peña, a los que se sumarán presuntos sobornos realizados por Odebrecht (con financiamiento electoral incluido) que hoy serán presentados en una nueva audiencia.

El que Lozoya Austin intente responsabilizar a sus superiores es algo que ya se preveía desde el momento en que se anunció que el exfuncionario peñista buscaba colaborar con FGR, para denunciar delitos mas graves de corrupción que los que a el se le imputan, a cambio de obtener beneficios legales.

Pero lo que la audiencia de casi doce horas de duración realizada ayer puso al descubierto fue la estrategia: un plan que ha sido utilizado con éxito para denunciar entramados criminales que permitió llevar a la cárcel al expresidente de Perú, Alberto Fujimori, mientras que en Colombia permitió construir casos contra el crimen organizado.

El monstruo de varias cabezas

La frase “aparato organizado de poder” referida ayer en la audiencia de Lozoya no es un concepto al azar. Es la definición de una doctrina concebida por uno de los penalistas más influyentes del mundo, el abogado y jurista alemán Claus Roxin, quien ha recibido, entre otros reconocimientos, más de 20 doctorados Honoris Causa de distintas universidades.

Roxin es además profesor de Miguel Ontiveros Alonso, el abogado que lidera la defensa de Emilio Lozoya, y quien al igual que su maestro es un estudio de las teorías del Derecho.

¿En qué consiste esta doctrina? De acuerdo con tres penalistas consultados por Animal Político, se trata de una teoría que parte de la concepción de que existe estructuras de poder como las de la delincuencia organizada, que cuentan con lideres difíciles de identificar en un inicio, pero que son los verdaderos beneficiarios de hechos ilícitos.

Dichos líderes no cometen materialmente los delitos, sino que se valen de otros integrantes de menor rango de la organización para cometerlos.

“En grandes organizaciones los altos niveles toman decisiones criminales, pero no las ejecutan por ellos mismos. Ordenan a sus subalternos realizarlas, aprovechando su posición jerárquica y la vulnerabilidad de sus colaboradores (…) De esa manera, la cúpula queda al margen de cualquier responsabilidad”, detalló el penalista Gabriel Regino.

Fuente: Animal Político

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto