En una contienda que parecía tener una ganadora evidente, un giro sacudió al Poder Judicial mexicano. Hugo Aguilar Ortiz, abogado de origen mixteco y defensor de los derechos indígenas, ha tomado la delantera en la elección para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dejando atrás a candidatas favoritas como Lenia Batres y Yasmín Esquivel. Con el 86% de las actas contabilizadas, Aguilar se posiciona como el virtual presidente del máximo tribunal del país.
El nombre de Aguilar Ortiz no figuraba entre los favoritos para presidir la SCJN, pero con los resultados parciales del Instituto Nacional Electoral (INE), el jurista originario de Oaxaca encabeza la elección con 4.9 millones de votos, el equivalente al 5.2% del total. Lenia Batres, quien parecía perfilarse como la próxima presidenta del tribunal, quedó en segundo lugar con el 4.9%, apenas 240 mil votos por debajo.
Este resultado preliminar ha marcado un hito, no solo por lo sorpresivo, sino por lo que representa Aguilar: un abogado indígena, hablante del Tu´un Savi (la lengua mixteca), que ha dedicado más de tres décadas a defender los derechos y territorios de comunidades originarias.
Captura de pantalla. Aguilar Ortiz encabeza la elección.
De las asambleas comunitarias a las urnas
Aguilar se ha forjado como defensor de los pueblos indígenas desde los márgenes institucionales. Su trabajo lo ha llevado a representar legalmente a más de veinte comunidades en disputas territoriales, procesos de conciliación y defensa de derechos colectivos. Hoy, funge como coordinador general de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), pero su activismo viene desde los años noventa.
Uno de sus momentos más representativos fue su participación como asesor legal del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) durante las negociaciones de paz en San Andrés Larraízar, en 1996. Una experiencia que lo consolidó como un jurista con vasto conocimiento en sistemas normativos indígenas y derecho constitucional.
Un perfil fuera de lo convencional
Nacido en la región mixteca de Oaxaca, Aguilar estudió la licenciatura y la maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. En la boleta electoral apareció en el lugar 34 de un total de 64 candidaturas para ministros de la Corte, lo cual hacía poco previsible su ascenso al liderazgo de la votación.
Sin embargo, su mensaje ha sido claro y directo, en lugar de concentrarse en los tribunales y despachos, recorrió comunidades rurales, donde fue recibido como uno de los suyos. Según sus propias palabras, durante estas visitas le pidieron que no se convirtiera en «otro funcionario más», y por eso ha declarado que no usará toga si llega a presidir la Suprema Corte.
Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector de Desarrollo Tecnológico del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), fue detenido por autoridades federales por su presunta participación en un desvío millonario de recursos destinados al sistema penitenciario federal.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura se realizó el jueves, aunque no se precisó el lugar ni el destino al que fue trasladado. En el registro oficial se describe al detenido como un hombre de 1.63 metros de estatura, tez morena clara, barba y cabello entrecano, sin tatuajes visibles. Al momento de su detención vestía pantalón de mezclilla, playera color vino, chamarra café, botas grises y gorra del mismo tono.
Pérez Rodríguez es uno de los 61 exservidores públicos contra quienes se giraron órdenes de aprehensión en mayo de 2023. Entre los señalados también se encuentra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, así como diversos exmandos del sistema penitenciario federal. A todos se les imputan los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Fiscalía General de la República acusa a Pérez Rodríguez de participar en el desvío de 2 mil 950 millones de pesos mediante empresas factureras presuntamente relacionadas con Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la actriz y conductora Inés Gómez Mont, quien fue detenido en Miami, Estados Unidos. La investigación se centra en presuntas irregularidades en la administración de recursos asignados a los penales federales del país.
En la lista de implicados también figuran Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del OADPRS entre 2015 y 2016; Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; Emmanuel Castillo Ruiz, extitular de la Coordinación General de Centros Federales; y Jorge Arnaldo Nava López, exdirector del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del desaparecido organismo.
El caso forma parte de una investigación de mayor alcance sobre el manejo de recursos públicos en el sistema penitenciario federal. Las autoridades mantienen abierta la indagatoria y no han informado aún sobre la situación jurídica del detenido ni sobre las acciones que seguirán en el proceso.