Ante ello, representantes del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, adelantaron que impugnarán la decisión ante el tribunal electoral, pues los representantes de la izquierda habían propuesto enviar dicha documentación al Archivo General de la Nación.

Entre los argumentos del IFE para avalar la destrucción de las boletas de la elección presidencial del 2006 están que su resguardo en 32 bodegas rentadas en igual número de entidades del país, la custodia por parte de elementos del Ejército y Marina por más de seis años, ha tenido un costo de más de 550 millones de pesos.

De acuerdo con el calendario para la destrucción de 143 mil paquetes electorales que incluyen las boletas con votos con el alto costo que significa ello para el IFE y otras instancias como las Fuerzas Armadas.

A su vez, el representante del PRD, Camerino Márquez, solicitó retirar del orden del día este tema, lo cual fue rechazado por unanimidad, para que dichas boletas fueran enviadas al Archivo General de la Nación para consulta académica por su valor histórico, ante lo que para “muchos mexicanos significó un fraude electoral”.

Junto con los representantes del PT y Movimiento Ciudadano, se manifestaron en contra de la medida y aseguraron haber presentado ya una solicitud a través del portal de transparencia Infomex e incluso no descartó acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Pedro Vázquez González, representante del Partido del Trabajo, recordó que la diferencia entre Felipe Calderón Hinojosa y Andrés Manuel López Obrador en 2006 fue de 0.56 por ciento, es decir alrededor de 250 mil votos, por lo que más allá del tema legal, se deben preservar las boletas para conocer la verdad histórica de los comicios presidenciales del 2006.

“Lo que hay de fondo es que destruyendo las boletas electorales se quiere desaparecer una parte de la historia reciente del país”, dijo el petista.

Durante el largo debate, el consejero Lorenzo Córdova propuso incluir en el acuerdo un párrafo que señala que a la fecha el IFE no tiene conocimiento de ningún recurso ante instancias nacionales o extranjeras que impidan la destrucción de esos materiales, por lo que no hay argumentos legales para no realizar esta acción.

En su oportunidad el consejero Marco Antonio Baños aseguró que es “falso” que las boletas de las elecciones del 2006 y del 2012 sean la evidencia de dos fraudes electorales, por lo que se sumó a la destrucción de las mismas.