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IFE aprueba multas a partidos por más de 32 millones de pesos

l Consejo General del IFE aprobó multas a los siete partidos políticos por un monto global por 32 millones 905 mil 481.96 pesos debido a irregularidades detectadas en los gastos ordinarios efectuados en 2012.

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El Consejo General del IFE aprobó multas a los siete partidos políticos por un monto global por 32 millones 905 mil 481.96 pesos debido a irregularidades detectadas en los gastos ordinarios efectuados en 2012.

En sesión extraordinaria y con voto dividido, los consejeros electorales avalaron multas a los partidos de la Revolución Democrática (PRD) por 15 millones 465 mil 099.43 pesos y al Revolucionario Institucional (PRI), por siete millones 779 mil 200.86.

Al Partido Acción Nacional (PAN) se le aplicó una multa por cinco millones 385 mil 534.76 pesos, cuando el proyecto original era de 10 millones 558 mil pesos.

Los consejeros acordaron iniciar investigaciones en el caso del partido blanquiazul, al igual que en Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, los cuales fueron multados con dos millones 24 mil 606.83 pesos y 440 mil 860.09, respectivamente.

Mientras, al Partido del Trabajo (PT) se le aplicó una multa por un millón 622 mil 691.35 pesos y al Verde Ecologista de México (PVEM) la sanción económica ascendió a 187 mil 488.64.

El proyecto original de resolución, elaborado por la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos, proponía sanciones para los siete institutos políticos por un monto global de 39.6 millones de pesos, de los cuales 38.3 millones se derivaron de faltas de fondo y 1.3 millones de faltas de forma.

El representante panista ante el IFE, Rogelio Carbajal Tejada, sostuvo que los gastos de su partido están plenamente justificados, toda vez, que el PAN destinó, entre otros, más de dos millones de pesos para la promoción de la mujer.

«Porque, repito, no es procedente la causal con la cual se está queriendo imponer una sanción de 2.7 millones de pesos al PAN y que con ello se arribe a una sanción que sea equilibrada, que sea en atención a la falta en la cual está incurriendo el PAN», argumentó.

En tanto, el consejero Francisco Javier Guerrero Aguirre indicó que no tenía objeción alguna de atender los reclamos del PAN, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, de iniciar las investigaciones, con excepción del Revolucionario Institucional.

«Con las explicaciones que ya ellos han venido poniendo sobre la mesa, a mí me parece que en este caso en particular sería obsequiable en estos tres casos la posibilidad de ir hacia el caso de un oficioso», detalló.

«Los oficiosos al final del día generan que se lleve a cabo una investigación y que en algún momento el asunto vuelva a la mesa de este Consejo General, es decir, no se está exculpando, sino abriendo un proceso adicional de investigación y en su momento la Unidad de Fiscalización habrá traído a la mesa esta situación», añadió.

En otro asunto, los consejeros rechazaron por mayoría de cinco votos a favor y tres en contra, abrir un procedimiento oficioso para investigar si se incumplieron o no los requisitos previstos por la ley para un contrato de deuda celebrado entre el PRI y una empresa financiera.

Durante una primera ronda de votaciones, hubo un empate de cuatro votos a favor y cuatro en contra, mientras que en la segunda hubo cinco sufragios en contra de la investigación, entre ellos el del consejero presidente, Leonardo Valdés.

Al respecto, el representante del PRD ante el IFE, Eleazar Márquez, consideró que la Unidad de Fiscalización no indagó a fondo y actuó a favor del PRI.

Argumentó que la referida Unidad, a cargo de Alfredo Cristalinas Kaulitz, no investigó a fondo para determinar si el contrato entre este partido político y la empresa Akino, mediante el cual se dispensaron más de 66 millones de pesos en tarjetas Monex, estuvo apegado a la norma.

Al respecto, el consejero Alfredo Figueroa advirtió el riesgo de aprobar ese proyecto, sin tomar en cuenta que no se realizó una investigación en torno a un presunto préstamo de dinero con intereses por debajo de los bancarios.

«Aceptar las conclusiones del dictamen de la Unidad de Fiscalización en esta materia es legalizar incluso la posibilidad de que existan aportaciones privadas a los partidos políticos de nuestro país», opinó.

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Marzo será el mes de las mujeres en el Estado de Chihuahua

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Las mujeres han sido clave en el desarrollo social, cultural, económico y político del Estado, pero continúan enfrentando desigualdad, discriminación y violencia que restringen el pleno ejercicio de sus derechos, por ello, el Congreso del Estado declaró el mes de marzo como “Mes de las Mujeres”, acto que representa una acción afirmativa que busca fortalecer la participación social e institucional en torno a los derechos humanos de las mujeres.

Fue la diputada Irlanda Márquez Nolasco presidente de la Comisión de Igualdad dio lectura al dictamen correspondiente, en el cual se detalla que la ONU ha establecido como objetivo número 5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible “Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas”, por ello la necesidad de fortalecer las acciones necesarias.

El 8 de marzo de cada año, es reconocido a nivel mundial como el Día Internacional de la Mujer, fue en el año de 1975 establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como una fecha conmemorativa para reconocer su igualdad, justicia y participación plena en la sociedad, a esta conmemoración se unen las mujeres de todos los continentes; por ello, Chihuahua refuerza las acciones con la declaratoria, a fin de convertir al mes citado, en un periodo dedicado a acercar la historia, la cultura y las diversas realidades de las mujeres a la sociedad.

Es importante destacar que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la CEDAW y la Convención de Belém do Pará; así como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua y la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establecen la responsabilidad del Estado para impulsar políticas públicas, acciones de capacitación y programas de sensibilización dirigidos a eliminar la violencia y garantizar la igualdad sustantiva.

Cabe destacar que la iniciativa que dio origen a esta declaratoria, fue presentada por la diputada América Aguilar Gil.

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